Bill Browder, inversor y lobista anti Putin: "Usar los activos rusos no debería dar más miedo que pedir a los votantes europeos que financien la guerra de Ucrania"
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Bill Browder, el financiero enemigo de Vladimir Putin que impulsó en varios países las llamadas leyes Magnitsky -las primeras sanciones relevantes a Rusia-, no tiene inconveniente en admitir que un día él mismo fue partidario del actual presidente ruso. Con la guerra de Ucrania enfilando su cuarto año, su cruzada ahora es asestar un golpe al régimen ruso que podría dar otro impulso a la defensa de Ucrania: convertir los activos rusos congelados que hay en la Unión Europea en dinero para seguir combatiendo a Rusia.
En esta entrevista aboga por un marco común europeo que haga solidaria a toda la Unión con las consecuencias que pudiera afrontar Bélgica, donde se concentran unos 200.000 millones de los aproximadamente 300.000 millones de dólares congelados en el bloque occidental. "No debería decidirlo Bélgica sola: debe ser una decisión de la UE, con responsabilidad conjunta y solidaria".
Estos activos del Estado ruso, bloqueados en la UE desde 2022, son sobre todo reservas del Banco Central y, en menor medida, fondos de entidades públicas. Están inmovilizados, pero siguen siendo propiedad rusa. Browder cree que ha llegado la hora de poner ese dinero a trabajar y que es hora de confiscar -no sólo congelar- los activos estatales rusos y emplearlos para la defensa de Kiev. "No es complicado. Y tampoco debería dar miedo", insiste este financiero angloestadounidense. Sostiene que el coste político real no está en tocar el dinero de Putin, sino en pedir a los contribuyentes europeos que sigan financiando a Ucrania indefinidamente. "Los políticos deberían temer más a sus votantes, que tendrían que pagar la factura", dice.
Europa sigue en la encrucijada sobre qué hacer. Hay controversia sobre la seguridad jurídica de dar este paso, que abre la puerta a litigios prolongados y puede sentar un precedente que erosione la inviolabilidad de activos soberanos. "Si hay ambigüedad legal, la respuesta es hacer leyes para que esto sea legalmente aceptable", responde el cofundador del fondo de inversiones Hermitage Capital y autor de libros como Notificación Roja sobre su pulso con el Kremlin.
En algunas capitales existe temor a dañar la reputación del euro como activo de reserva seguro. Browder quiere desmontar de entrada el argumento jurídico que ha paralizado a varias capitales: la inmunidad soberana. A su juicio, esa protección no puede prevalecer cuando el Estado en cuestión comete una agresión armada y viola la Carta de la ONU. "¿En qué tribunal va a litigar Putin? Rusia no pertenece a un órgano judicial internacional que pueda protegerle. Si la disputa es nacional, se resuelve con leyes nacionales", concluye.
El otro gran freno es el "riesgo de reciprocidad": que otros países confisquen activos occidentales como respuesta. Browder recuerda que Europa y Estados Unidos no mantienen reservas significativas en Rusia, China, Irán o Arabia Saudí que puedan ser tomadas como rehenes. Las grandes reservas mundiales seguirán denominadas en dólares y euros. "No van a aparcar su dinero en pesos argentinos, reales brasileños o baht tailandeses", ironiza. A las empresas que optaron por seguir en Rusia o dejaron activos pendientes, un mensaje frío: "Mala suerte. No debemos sacrificar la seguridad y la soberanía de Europa por decisiones empresariales que buscaban enriquecerse en Rusia".
Browder recuerda que, si Ucrania dispone de financiación estable, puede seguir destruyendo la infraestructura petrolera rusa, reforzar su defensa antiaérea y, en última instancia, ganar. La alternativa puede ser mucho más inquietante: "Hay una posibilidad real de que Rusia vaya más allá de Ucrania. Ya hemos visto drones sobre Polonia y cazas en el espacio de Estonia. La pregunta es si queremos ir a la guerra con Rusia. La respuesta es evitarlo apoyando a Ucrania". Con el descenso de la ayuda estadounidense, argumenta, el vacío financiero puede cubrirse precisamente con esos activos rusos.
Para Browder, la palanca de presión occidental más infrautilizada no son las "listas de sancionados", sino el petróleo. Rusia ingresa entre 200.000 y 300.000 millones de dólares anuales por sus ventas energéticas. "Si no pudiera vender ese petróleo, estaría en bancarrota. Y en bancarrota no podría permitirse la guerra", sostiene.
Su receta es quirúrgica: sancionar a nueve refinerías concretas en China, India y Turquía "que compran crudo ruso", con un aviso previo de un mes y una disyuntiva simple: o Rusia, o el acceso a los mercados, bancos y clientes de la UE, Estados Unidos, Canadá o Japón. El mensaje sería: "O haces negocios con el resto del mundo, o con Rusia". No se trata de romper relaciones con países enteros, sino de imponer un coste a un puñado de compañías clave. "El valor que Rusia obtendría por su petróleo caería un 40% o un 50%", calcula.
El mismo Browder que defiende hoy sanciones durísimas fue, en sus inicios, un aliado coyuntural del nuevo Putin: apoyó al presidente a comienzos de los 2000, cuando el sistema conservaba rasgos de pluralismo y prensa crítica y el Kremlin parecía disciplinar a los oligarcas. El punto de inflexión fue el caso Jodorkovski. Browder celebró al principio el golpe a Yukos como el fin de los abusos corporativos, hasta que comprobó el trato diametralmente opuesto a Roman Abramovich: no hubo expropiación ni cárcel, sino recompensa.
"El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Putin es un caso de libro", afirma. Antes de que acabe la entrevista, repite uno de sus diagnósticos favoritos: "Rusia es un Estado mafioso: en la mayoría de países hay una mafia y un Gobierno; en Rusia la mafia es el Gobierno".