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El Parlamento francés vota a favor de la suspensión de la reforma de las pensiones
Actualizado
La Asamblea Nacional francesa aprobó por una amplia mayoría (255 votos a favor y 146 en contra) la supensión de la reforma de las pensiones, que preveía la subida de la edad de jubilación de 62 a 64 años. El primer ministro Sébastien Lecornu se había comprometido a suspender temporalmente hasta enero del 2028 la polémica medida como parte de un acuerdo con el Partido Socialista, que le permitió superar su primera moción de censura y allanar el camino al presupuesto para próximo año que está siendo debatido en el Parlamento estas semanas.
El Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen hicieron causa común a favor de la suspensión. El partido Renacamiento del presidente Emmanuel Macron, que dio en su día el impulso a la controvertida reforma, se abstuvo en la votación.
El líder de Los Republicanos y ex ministro de Interior, Burno Retailleau, consideró lo ocurrido como "una capitulación por parte de un Gobierno cobarde" y acusó a Lecornu de "sacrificar el futuro de nuestras generaciones más jóvenes en el altar de la supervivencia política". Los diputados de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y el Partido Comunista votaron en contra y reclamaron el "rechazo" de la reforma, en vez de la suspensión temporal.
"No me puedo imaginar a un partido de izquierdas como LFI votando en contra de la suspensión de la reforma de las pensiones", declaró el presidente del Partido Socialista, Olivier Faure, recordando la oleada de protestas sociales en el 2023. "Ha sido una victoria para el mundo del trabajo: el tótem del macronismo ha sido sacudido".
"Aunque no sea suficiente, se trata de un avance", recalcó por su parte el diputado François Ruffin, impulsor del Nuevo Frente Popular en las últimas elecciones legislativas, que decidió desmarcarse de la postura de La Francia Insumisa. "Estamos ante un congelación que permite al menos un poco de justicia social, al tiempo que sirve para reparar una grave herida democrática".
Se estima que la medida tendrá un coste de 300 millones de euros el próximo año y de 1.900 millones en el 2027, según detalló el ministro de Trabajo y Solidaridad Jean-Pierre Farandou, que aseguró que el bache presupuestario será compensado con el nuevo impuesto sobre las fortunas improductivas.
