Londres rechaza pagar 6.750 millones de euros a la UE y pone en riesgo la cooperación en Defensa post-Brexit
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La piedra angular del reseteo de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, lanzado por Londres y Bruselas el 19 de mayo, se resquebraja. La razón: 6.750 millones de euros. Esa es la cantidad que la UE demanda al Reino Unido para que las empresas de ese país puedan lograr contratos financiados por SAFE, el principal mecanismo de la Defensa europea ante la agresividad rusa y la indiferencia de Estados Unidos. Así pues, es mucho lo que Bruselas y, sobre todo, Londres se juegan.
Pero Londres considera esa cifra inaceptablemente alta. Según informaba ayer martes la agencia de noticias Bloomberg, está en duda la participación del Reino Unido en la Defensa europea, base de la apuesta del Gobierno laborista proeuropeo de Keir Starmer para acercarse a los Veintisiete.
Londres y Bruselas tienen hasta el día 30 de este mes para desatascar las conversaciones. De lo contrario, la propia idea de una Defensa europea quedaría seriamente dañada, ya que la británica es la industria de Defensa más importante del continente. Uno de cada 60 ciudadanos del Reino Unido trabaja en ese sector, que generó en 2024 un total de 435.000 empleos directos e indirectos, según un informe del Parlamento británico publicado en enero.
Por poner un ejemplo, el mayor fabricante de material del continente es la británica BAE Systems, con una facturación casi tan grande como la de las tres empresas que la siguen juntas: la italiana Leonardo, la francesa Thales, y Airbus SE, en la que participan Alemania, Francia, Países Bajos y España. Sin Reino Unido, la capacidad industrial militar de la UE estaría claramente disminuida. Pero Starmer también afronta problemas si no logra reconducir las negociaciones, porque, fuera de SAFE, el Reino Unido perdería un mercado natural de su sector de Defensa.
Los miembros de la UE están divididos acerca de la conveniencia de hacerle unas rebajas al Reino Unido para facilitar su entrada en SAFE. Y ahí entra también el interés de algunos países de la UE -en especial, de sus tres mayores potencias militares: Alemania, Francia e Italia- por dejar fuera a un duro competidor.
La controversia amenaza con dinamitar toda la estrategia de "acercamiento silencioso" al bloque comunitario de Starmer. Para no reactivar la histeria anticomunitaria del político que lidera las encuestas, el ultranacionalista Nigel farage, del partido Reform UK, el primer ministro británico está tratando de llevar a cabo una discreta alineación de su país con las comunidades europeas.
Ahí, la Defensa juega un papel crítico. Por un lado, es un ámbito en el que el Reino Unido tiene mucho que decir. Por otro, una de las pocas cuestiones que no desatan instintos fratricidas en el Parlamento de Westminster es la idea de que el país debe jugar un papel activo en la Defensa de Europa. Y más aún si es frente a Rusia, un país al que los británicos ven como un enemigo desde hace más de un siglo y medio, cuando Londres frenó la expansión de Rusia hacia el Mediterráneo en Crimea -una guerra que, en cierto sentido, tiene su actual continuación en la invasión de Ucrania- y hacia India en Afganistán.
Pero el problema no son los principios, sino los detalles. Y, sobre todo, el dinero. Es la eterna pelea en la UE, y más cuando el Reino Unido -con o sin Brexit- está involucrado. De hecho, incluso algo tan supuestamente menor en la estrategia de Starmer como la armonización de los estándares fitosanitarios, pactada también el 19 de mayo, está avanzando a paso de tortuga.
SAFE es el proyecto de financiación militar más ambicioso de la historia de la UE y un nuevo paso hacia la mutualización -siquiera parcial- de la deuda europea. El mecanismo es similar al de los fondos para la recuperación del Covid, dado que los 150.000 millones serán obtenidos en los mercados internacionales por la UE. A finales de este mes, los países europeos deberán presentar a Bruselas los proyectos de inversión para recibir esos fondos.
Los fondos procedentes de SAFE sólo pueden gastarse de manera muy estricta en empresas que tengan su sede social y actividad en países de la UE, de la EFTA (el Área Europea de Libre Comercio), del EEE (el Espacio Económico Europeo) y de Ucrania. Gran Bretaña no pertenece a ninguno de ellos, pero sí tiene un acuerdo de Defensa con la UE, lo que abre la puerta a que participe como socio menor en proyectos, siempre y cuando sus empresas no se lleven más del 35% de la inversión. La gran cuestión es que, para ello, debe alcanzar un acuerdo con Bruselas acerca de su participación en el SAFE. Y ahí es donde ha estallado todo.
