¿100 años de perdón?
EL CASO DE Préstamos Felices en Nuevo León se ha convertido en un hilo que, conforme avanzan las investigaciones y litigios, continúa sacando hebra. A las reclamaciones multimillonarias promovidas por inversionistas y acreedores en México, ahora se suma una demanda presentada el 28 de mayo de 2026, en Miami, por Martín Díaz Álvarez contra Fernando García Sada, Sergio Elizondo Muñoz, Banco BanFeliz y BanFeliz Holding.
En ella reclama activos cuyo valor podría superar los 100 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 1.8 millones de dólares en aportaciones, siete años de trabajo profesional y una participación accionaria equivalente a 10% del banco que afirma le fue prometida, pero nunca entregada.
Martín Díaz es un financiero mexicano conocido por su participación en algunos de los casos financieros más controvertidos de las últimas décadas.
Su nombre cobró notoriedad nacional por Oceanografía, la contratista de Pemex, que reventó Emilio Lozoya, involucrada en uno de los mayores escándalos empresariales del país, donde fue identificado como director financiero y uno de sus principales accionistas.
También ha sido vinculado a Caja Libertad, la de Juan Collado, una de las instituciones de ahorro popular más importantes de México que, posteriormente, enfrentó diversas controversias públicas.
De acuerdo con la demanda, Díaz fue invitado en 2019 a participar en la expansión de Happy Inc., grupo financiero que incluía a Préstamos Felices.
Sostiene que Fernando García Sada y Sergio Elizondo le presentaron una empresa con una cartera superior a 660 millones de dólares, un EBITDA anual cercano a 85 millones de dólares y elevados niveles de recuperación de cartera.
Préstamos Felices ya se encontraba en el centro de una controversia pública en México. En Nuevo León, inversionistas y acreedores han promovido acciones legales relacionadas con presuntos incumplimientos y reclamaciones estimadas públicamente en varios miles de millones de pesos.
El caso ha derivado en investigaciones y procesos judiciales que involucran a directivos y exdirectivos de la compañía. Sergio Elizondo Muñoz, exdirector general de la financiera, continúa en prisión. También sigue bajo proceso Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada, quien permanece en arresto domiciliario por orden judicial.
Según la demanda, Díaz participó durante años en la búsqueda de inversionistas y en la estrategia para adquirir una institución bancaria regulada.
Esa estrategia culminó con la compra de Banco Forjadores en 2024, institución que posteriormente fue rebautizada como Banco BanFeliz. Díaz afirma haber participado activamente en la operación y en el proceso de integración del banco.
La demanda identifica 11 transferencias realizadas entre 2020 y 2021 por un total de 16.3 millones de pesos y 850 mil dólares. Díaz sostiene que esos recursos serían convertidos en una participación accionaria dentro del proyecto y que nunca le fueron restituidos.
El núcleo de la demanda es la acusación de que la situación financiera real de Happy Inc. era muy distinta a la presentada a inversionistas y colaboradores.
Según el expediente, una parte importante de la cartera reportada como vigente estaba integrada por créditos vencidos o de difícil recuperación, mientras que recursos obtenidos de inversionistas y acreedores eran utilizados para cubrir otras obligaciones financieras.
Las acusaciones más delicadas se refieren al destino de esos recursos. La demanda afirma que Fernando García Sada y Sergio Elizondo utilizaron fondos de la empresa para financiar proyectos ajenos al negocio principal, incluyendo iniciativas relacionadas con cannabis y criptomonedas.
También sostiene que recursos corporativos fueron destinados a gastos personales y familiares, incluyendo vuelos en jet privado, renta de yates, viajes de lujo a Aspen, Vail y Europa, así como colegiaturas en escuelas privadas para sus hijos en Suiza.
Asimismo, se afirma que fondos de la empresa fueron utilizados para adquirir un terreno valuado en aproximadamente 24 millones de dólares en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Otro de los señalamientos relevantes es que parte de los recursos aportados por inversionistas habría terminado siendo utilizada para financiar la adquisición del propio Banco Forjadores, posteriormente convertido en BanFeliz.
SE CALIENTA LA elección en Nuevo León. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó una advertencia al Partido del Trabajo (PT) ante la posibilidad de que compita por separado en Nuevo León rumbo a 2027. De acuerdo con versiones políticas, la dirigente señaló que cualquier ruptura en esa entidad tendría implicaciones para la alianza en todo el país. El diferendo surge por las aspiraciones del PT de influir en la definición de candidaturas estatales. En particular, la discusión se concentra en Nuevo León, donde el partido busca fortalecer su posición dentro de la coalición oficialista. La postura de Morena refleja tensiones entre sus aliados de cara a las elecciones de 2027. También evidencia la disputa por espacios de poder y candidaturas estratégicas. Una eventual separación podría modificar el equilibrio electoral en estados clave.
SEGURAMENTE ESCUCHÓ SOBRE la propuesta de gravar las herencias planteada por la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se trata de una opinión válida dentro del debate público, pero aclaró que no forma parte de la agenda de su gobierno. Sheinbaum señaló que este tipo de impuestos existen en diversos países, aunque destacó que su gobierno no impulsará una iniciativa en ese sentido. La discusión surgió a partir de un proyecto analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionado con recursos heredados de las Afores. En el máximo tribunal hubo posiciones encontradas sobre la posibilidad de aplicar gravámenes a estos recursos. Finalmente, la Corte frenó el proyecto, tras considerar argumentos vinculados a la protección de los derechos patrimoniales de los trabajadores. La mandataria reiteró que las herencias no deben ser objeto de un nuevo impuesto.
MÉXICO EVALÚA EMPRENDER acciones jurídicas adicionales ante los casos de migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos en Estados Unidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que encabeza interinamente David Venturella. La decisión surge tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida durante un operativo migratorio. Las notas diplomáticas enviadas hasta ahora han sido insuficientes para frenar los presuntos abusos contra connacionales. Por ello, el gobierno busca elevar su respuesta mediante mecanismos legales nacionales e internacionales. El gobierno mexicano también dejó abierta la posibilidad de acciones legales contra autoridades involucradas, incluido el ICE, si las investigaciones así lo ameritan.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ
