Progen Industries no estaba domiciliada en Ecuador y aún así se le adjudicó y pagó por contratos de generación eléctrica que incumplió, según Fiscalía
La empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec-EP) suscribió contratos de emergencia eléctrica con una empresa que no estaba domiciliada en el Ecuador, como es Progen Industries LLS.
Por algo más de seis horas, entre la mañana y tarde de este 14 de mayo de 2026, el titular subrogante de la Fiscalía General, Carlos Alarcón, expuso una serie de elementos irregulares detectados por las instituciones de control que rodearon la adjudicación de contratos a la empresa estadounidense Progen Industries con Celec-EP, en medio de los apagones que vivió el país en 2024.
Este recuento se hizo en la audiencia de formulación de cargos en contra de 21 personas naturales, sospechosas de haber incurrido en el delito de peculado en el caso conocido como Apagón, que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.
Entre ellos están el exministro de Energía y Minas Antonio Gonçalves y el exviceministro Fabián Calero, además de 18 funcionarios de Celec, a quienes se les formuló cargos como posibles autores de peculado. En tanto, al representante de Progen, Williamson Andrew Scott, se lo identificó como sospechoso de coautor de peculado.
La diligencia la presidió el juez encargado de la Sala Penal de la Corte, Vinicio Rodríguez, quien al final de la tarde, suspendió el acto y convocó a la reinstalación para las 08:30 de este 15 de mayo.
Con ello continuará la intervención del fiscal Alarcón, quien además solicitará las medidas cautelares para los 21 imputados de provocar un perjuicio de $ 104′370.000 al Estado ecuatoriano.
Entre los hallazgos que describió el fiscal Alarcón es que Celec hizo a lo largo del 2024 y 2025 varios pedidos a Progen para que cumpla con el servicio ofertado y las multas que iban acumulándose.
Una de las anomalías fue que Progen no cumplió con la “domiciliación” en Ecuador. Es decir, según el fiscal, “se firmó un contrato con una empresa que no estaba domiciliada en el país”, lo que es “ilegal”.
Ello implicaba en que, desde un inicio del proceso de contratación, increpó Alarcón, no debió avanzar la adjudicación porque es “ilegal hacer un contrato con una empresa no domiciliada” en el territorio nacional.
Este hecho se había confirmado con la Superintendencia de Compañías que certificó que Progen Industries LLS no figuraba registrada ante ese organismo y, por lo tanto, en el país.
Pese a estos hechos, Celec-EP depositó los dineros de los contratos a la compañía.
Como parte de la investigación consta el examen especial que hizo la Contraloría General del Estado que determinó indicios de responsabilidad penal de los contratos suscritos entre Progen y Celec para las termoeléctricas Salitral, del 2 de agosto de 2024 por $ 99’400.000, cuyo objeto fue la adquisicion de 29 grupos de electrógenos.
Un segundo contrato emergente Quevedo, del 2 de agosto de 2024 por $ 49′700.000 para comprar 21 grupos de electrógenos; y, a esto, un contrato complementario de enero de 2025, que se hizo pese a que la proveedora ya venía incumpliendo los plazos en la ejecución de los servicios ofertados.
Se relató que las unidades de generación eléctrica “nunca” se pusieron en operación; que las placas del año de fabricación de las máquinas tenían grabados seriales ilegibles.
Así como que Progen ofertó generadores con año de fabricación 2023, pero en las placas se observó que eran de 2009 y, adicionalmente, que eran “nuevos” y con “cero horas” de uso.
Se narró que cuando los ingenieros de Celec intentaban hacer controles y observación de los equipos, la contratista imponía obstáculos, como no permitirles ingresar con sus teléfonos celulares.
Otro elemento que expuso el fiscal, fueron los viajes que realizaron siete funcionarios de Celec hacia Houston, Estados Unidos, para verificar los generadores.
Llamó la atención que el informe de actividades que presentaron los sospechosos estaba “escaneado” y con “firmas manuscritas”.
Alarcón alcanzó con la exposición de estos “elementos comunes” hasta las 18:00, cuando el juez Rodríguez decidió suspender la audiencia para que los sujetos procesales puedan movilizarse antes del toque de queda que rige desde las 23:00. (I)
