Comisión de Fiscalización aprueba informe sobre emisiones irregulares de matrículas y recomienda una reforma urgente a la Ley de Transporte Terrestre
Con seis votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada.
La mesa parlamentaria, presidida por el asambleísta del oficialismo Ferdinan Alvarez, sesionó la tarde de este miércoles, 1 de abril de 2026, de manera virtual, para debatir y votar por este documento que pasará a conocimiento del pleno del Parlamento.
Entre otras cosas, el informe recomienda iniciar una reforma normativa urgente a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTITSV) y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), para incorporar la figura excepcional y temporal de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”.
El texto aprobado también recomienda la implementación de pruebas de confianza obligatorias a quienes tengan acceso a sistemas de matriculación o que intervengan en la emisión de licencias.
Asimismo, exhorta al Ministerio de Telecomunicaciones, al Ministerio de Infraestructura y Transporte y a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a considerar la implementación prioritaria de un protocolo de seguridad de grado militar para las bases de datos del sistema de tránsito.
A la vez, exhortar a la ANT y al Ministerio del Interior a establecer un nodo de interoperabilidad permanente e implementar una plataforma de auditoría digital en tiempo real sobre los centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) delegados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Los comisionados establecieron que el problema de las matrículas ilegales no es un fallo informático aislado, sino una falla de gobernanza donde la falta de reporte por parte de los GAD y el vacío en la rectoría estratégica de años anteriores, permitieron la intromisión de redes criminales en el sistema de tránsito.
Desde el correísmo, la legisladora Ana Herrera observó que el informe presenta debilidades técnicas y no establece responsabilidades concretas a órganos competentes como a la ANT o al Consejo Nacional de Competencias.
“Se enviaron algunas observaciones que no han sido incluidas y me preocupa porque el informe no dice mucho ni determina las responsabilidades sobre quien debería ser”, dijo la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC).
El informe será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien deberá convocar a una sesión del pleno para que sea debatido por los 151 legisladores. (I)
