El fin de los festines del poder chino: Xi Jinping aprieta el cinturón a sus funcionarios
Los reservados de un elegante restaurante junto al Bund de Shanghai, una de las zonas más caras de la ciudad, estaban llenos hasta hace poco de altos cargos locales del Partido Comunista y funcionarios procedentes de provincias vecinas, quienes compartían mesa frecuentemente con ejecutivos de empresas estatales y empresarios. Sobre los manteles desfilaban vinos franceses, whisky escocés, cigarrillos y una sucesión de platos donde la cocina china de alto nivel se mezclaba con guiños occidentales: bogavante gratinado, wagyu japonés y postres rematados con hojas de oro.
Ahora, en pleno servicio de cena, los funcionarios ya no asoman por esos reservados. "Este año han desaparecido", lamenta el gerente del local.
"Eran clientes habituales. Organizaban banquetes enormes, traían invitados, cerraban salas privadas. Desde que se publicó el año pasado la nueva política de austeridad, nadie quiere arriesgarse. Tienen miedo a una denuncia anónima que acabe con sus carreras si se descubre que se han gastado dinero, aunque sea de su propio bolsillo, en un restaurante de lujo".
El Gobierno de Xi Jinping ha vuelto a desempolvar una de sus herramientas favoritas: la austeridad. Dentro de la campaña permanente para disciplinar a los cuadros del Partido Comunista (PCCh) y proyectar una imagen de cercanía al ciudadano común, Pekín ha redoblado en los últimos meses la presión sobre los funcionarios, a quienes exige que se acostumbren a una vida más frugal y alejada de los excesos que durante años acompañaron al ejercicio del poder.
Se han ido publicando hasta una veintena de nuevas disposiciones que regulan desde las comidas oficiales hasta el uso de vehículos públicos o las recepciones institucionales. Quedan prohibidos los platos caros en almuerzos de trabajo, los cigarrillos y el alcohol; desaparecen las decoraciones extravagantes y se veta la celebración de comidas en clubes privados y restaurantes de lujo.
En Pekín, el chef español Lucas Garigliano, al frente de la cocina del exclusivo restaurante europeo TRB Hutong, distinguido con una estrella Michelin, explicaba recientemente a este periódico cómo las nuevas directrices de austeridad han transformado el perfil de su clientela. Una parte importante de sus comensales habituales eran altos funcionarios y directivos de empresas estatales, pero muchos han dejado de acudir desde que las autoridades reforzaron el código de conducta que insta a evitar los "banquetes suntuosos" y cualquier muestra de ostentación.
Para entender el alcance de esta ofensiva conviene recordar cómo funcionaba el ecosistema burocrático chino durante décadas. El banquete era un lenguaje de poder. El funcionario que ascendía exhibía estatus invitando a mesas rebosantes de marisco caro; el empresario cultivaba relaciones a golpe de brindis con baijiu (licor tradicional); los regalos caros lubricaban ascensos, favores administrativos y contratos públicos. Los relojes de lujo y los paquetes de cigarrillos premium eran parte del decorado habitual de una élite convencida de que la opulencia reforzaba la autoridad.
Aquella cultura del exceso empezó a resquebrajarse cuando Xi llegó al poder en 2012 con sus famosos "ocho puntos" de conducta. Muchos pensaron entonces que se trataba de una campaña pasajera, otro ejercicio propagandístico destinado a impresionar a una opinión pública cansada de los privilegios de la nomenclatura. Pero no fue así.
La cruzada anticorrupción ha acabado convirtiéndose en uno de los pilares del liderazgo de Xi. El año pasado, 889.000 miembros del PCCh fueron sancionados disciplinariamente por incumplir las normas de conducta. "El comportamiento ejemplar afecta a la supervivencia o desaparición del Partido. Es crucial para ganar el apoyo del pueblo", advirtió Xi durante una inspección en el sur del país.
Inspectores para velar por la buena conducta
Detrás de estas campañas de austeridad se encuentra la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), el poderoso órgano anticorrupción encargado de vigilar a los cerca de ocho millones de funcionarios chinos y a los más de 30 millones de empleados de instituciones públicas. La CCDI ha desplegado equipos de inspectores por todo el país.
Pero incluso en un sistema acostumbrado a la obediencia vertical, la aplicación mecánica de las órdenes puede generar efectos no deseados. Algunos gobiernos locales interpretaron las nuevas directrices como una prohibición absoluta de comer fuera. Funcionarios que dejaron de acudir incluso a modestos restaurantes; cancelación masiva de encuentros; desplome de reservas en determinados establecimientos. La reacción obligó al propio Gobierno central a matizar.
En un inusual toque de atención, el Diario del Pueblo, órgano oficial del PCCh, advirtió que algunos funcionarios habían llevado la austeridad demasiado lejos. El periódico denunció que ciertas administraciones estaban "añadiendo restricciones por capas", una práctica habitual en China mediante la cual los responsables locales endurecen todavía más las instrucciones recibidas desde arriba para demostrar celo político.
"Equiparar la prohibición de comer y beber ilegalmente con la prohibición de todo tipo de comida y bebida constituye también una forma de gobernanza negligente", señalaba el medio. "Este comportamiento provoca que las empresas pierdan clientes y disminuye la vitalidad de la vida cotidiana".
El propio artículo reconocía algo poco habitual en la narrativa oficial: cuando los restaurantes pierden clientes, el golpe no lo sufren sólo los empresarios. También afecta a camareros, repartidores, agricultores y trabajadores del sector servicios. "El coste de estas medidas excesivas recae, en última instancia, sobre los hombros de los trabajadores", admitía.
Este episodio ilustra una de las grandes contradicciones de la China actual. Xi Jinping necesita mantener viva la narrativa moralizadora que presenta al Partido como una organización austera y disciplinada, cercana al pueblo y enemiga del despilfarro. Pero, al mismo tiempo, la segunda economía mundial atraviesa una etapa delicada: consumo débil, crisis inmobiliaria persistente y gobiernos locales endeudados.
Por ello, perseguir el lujo excesivo sin estrangular aún más la actividad económica se ha convertido en un ejercicio de equilibrio político.
