Agresiones contra policías, costo de la disputa criminal en Sinaloa
La delincuencia organizada transformó el territorio de Sinaloa en uno de los puntos más peligrosos para el ejercicio policial en el país.
El incidente más reciente ocurrió este martes en el poblado de Lomas de Monterrey, en la zona rural del municipio de Mazatlán, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva sufrieron una agresión a balazos mientras realizaban labores de reconocimiento y patrullaje.
Los agentes repelieron el ataque, lo que derivó en un despliegue operativo, la detención de dos presuntos agresores y el decomiso de un arsenal que incluía fusiles de alto poder, cargadores y un vehículo. Ellos están fuera de peligro.
Este evento se suma a una larga secuencia de emboscadas, atentados con explosivos caseros a cuarteles y persecuciones que exponen la vulnerabilidad de las fuerzas locales, que en lo que va del año ha derivado en la muerte de al menos 17 agentes.
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Larga lista
El recuento de la violencia contra los uniformados muestra una escalada crítica desde el inicio de las hostilidades internas por la lucha entre Los Chapitos y Los Mayitos, en septiembre de 2024.
De acuerdo con el monitoreo de organizaciones civiles como Causa en Común y Data Cívica, la denominada narcoguerra cobró la vida de decenas de agentes civiles y de fuerzas federales.
Al cierre de 2025, el balance colocó a Sinaloa como el estado más letal de la República Mexicana para las fuerzas del orden, con un total de 48 policías asesinados, cifra que superó a entidades históricamente conflictivas como Guerrero y Guanajuato.
Si se evalúa el periodo completo de la disputa interna, que comprende desde septiembre de 2024 hasta la fecha, el saldo de policías asesinados en la entidad asciende a 89 elementos caídos en cumplimiento del deber.
Sufren emboscadas en Sinaloa
La cifra incluye los 17 decesos documentados por activistas durante el transcurso de este año y que mantienen a Sinaloa en el segundo puesto, sólo por detrás de Jalisco.
Los colectivos de activistas señalan que estas agresiones no representan incidentes aislados o encuentros fortuitos durante patrullajes de rutina.
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A través de iniciativas como Votar sin Balas, se documenta que los ataques directos contra mandos medios, directores de corporaciones municipales y personal operativo forman parte de una estrategia de interferencia criminal.
El objetivo de los grupos delictivos es fracturar las cadenas de mando, neutralizar los esfuerzos de contención del Estado o alinear a los agentes mediante el uso de la fuerza.
El costo de esta dinámica delictiva recae principalmente sobre las policías municipales y estatales.
