Agua entre control y ejecución
El cierre de 2025 marcó un punto de inflexión en la política hídrica del país con la publicación de la nueva Ley General de Aguas que evidencia la presión social y económica que enfrenta el recurso y el cambio busca ordenar concesiones y reforzar el derecho al agua. Sin embargo, se abren preguntas sobre su viabilidad financiera y operativa.
Uno de los ajustes más relevantes impide la suspensión total del suministro doméstico por falta de pago y reconoce una dimensión social innegable, al introducir tensiones en la sostenibilidad de los sistemas operadores. En muchos municipios, los ingresos por cobro de agua representan cerca de una cuarta parte de su presupuesto. Sin mecanismos eficientes de recaudación, la capacidad de ampliar cobertura y mantener infraestructura se debilita.
En paralelo, la decisión de limitar la transferencia directa de concesiones entre particulares y concentrar su gestión en la autoridad federal apunta a recuperar el control institucional. Esta centralización busca priorizar el uso doméstico y evitar prácticas especulativas, aunque también reduce márgenes de flexibilidad ante escenarios críticos como sequías prolongadas.
Este rediseño institucional también modifica la relación entre el sector público y el privado, al establecer nuevas reglas para la asignación y uso del recurso. La certidumbre jurídica, la trazabilidad de concesiones y la claridad en los criterios de asignación se vuelven factores determinantes para la inversión, especialmente en sectores intensivos en agua como el industrial y el agroalimentario.
Sin embargo, la discusión legal resulta incompleta sin observar la dimensión técnica. En Puebla, la planta Acuapue ilustra el tipo de ejecución que exige el nuevo contexto. Bajo la operación de Rotoplas Servicios de Agua, que dirige Juan Pablo Rodríguez, la instalación logró alinearse con los criterios de una norma oficial mexicana que fija límites más estrictos para descargas en cuerpos nacionales para redefinir el valor del tratamiento.
La modernización de la planta implicó cambios estructurales con la sustitución de sistemas de aireación, la actualización de procesos físico-químicos y la incorporación de controles más precisos permitieron elevar la capacidad operativa. Hoy, el volumen tratado alcanza hasta 160 mil metros cúbicos mensuales, con un flujo cercano a 61 litros por segundo. Además, el ingreso de agua por pipas creció 44% en un año, lo que refleja una mayor demanda de saneamiento.
El punto de fondo radica en la conexión entre norma y operación, ya que la ley puede ordenar, pero la infraestructura define resultados y sin inversión técnica, monitoreo constante y modelos que integren reúso, cualquier reforma queda incompleta. La ruta hacia 2026 exige una ejecución sostenida que convierta el agua en un recurso gestionado, no en un problema diferido.
MADRUGUETES
Justicia para María Alejandra
La muerte de María Alejandra Galeazzi Sevenello sigue siendo un caso lleno de dudas y presuntas irregularidades que podrían poner en peligro la justicia que su familia reclama. En una reciente conferencia de prensa, José Félix Galeazzi denunció que, a casi ocho años del trágico hecho, el proceso judicial por la muerte de su hermana está marcado por modificaciones de medidas cautelares y la omisión de pruebas relevantes. El principal sospechoso, Jorge Mario Ramírez Maldonado, fue señalado por la familia de la víctima como responsable de su muerte, ocurrida tras una fuerte lesión craneal que evidenció otras marcas de violencia en su cuerpo. Estos antecedentes, sumados a las alarmantes inconsistencias en el manejo judicial, tienen a la familia en alerta ante la posibilidad de que el caso termine sin una resolución justa.
El panorama se complica aún más cuando el próximo 6 de abril se celebrará una audiencia clave, en la que podría decidirse si se omiten pruebas cruciales que pondrían en riesgo la condena de Ramírez Maldonado. Ante este escenario, la familia ha solicitado la intervención del gobernador del estado, Alejandro Armenta, para asegurar que se garantice un proceso imparcial.
Café de Sonora para el mundo
La industria del café en México enfrenta una encrucijada entre la herencia del cultivo y la voracidad del consumo on-the-go. En ese escenario, CAFFENIO celebra 85 años con una estructura de empresa de tecnología. La clave radica en la desmaterialización del punto de venta, donde el teléfono móvil desplazó al mostrador tradicional. El modelo de negocio, con base en Hermosillo, Sonora, logró una integración vertical envidiable. Al controlar desde el grano en zonas como Pluma Hidalgo hasta el carril de servicio, la compañía neutralizó la volatilidad del sector. La alianza con la División Proximidad de FEMSA le otorgó el músculo financiero para escalar sin perder agilidad. Hoy, la firma que inició José Díaz desde una carreta ya cruzó la frontera. Su reciente arribo a Arizona mide la resistencia del modelo frente a gigantes globales. El café es el pretexto; la conveniencia es el producto.
POR LAURA PUENTE
COLABORADORA
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