Aguascalientes ante la Corte
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver uno de los temas más polémicos para Aguascalientes: la reforma impulsada por el Congreso local, que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo.
La modificación fue aprobada en 2024 por una mayoría panista y endureció las condiciones para acceder a este derecho; el problema es que el nuevo plazo de seis semanas colocó a Aguascalientes en el centro de una disputa jurídica y política que ahora deberá resolver el máximo tribunal del país.
La Corte ha pospuesto en dos ocasiones la discusión del proyecto elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, situación que ha generado inquietud entre organizaciones feministas y colectivos defensores de los derechos sexuales y reproductivos. La controversia surge de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas aprobadas por el Congreso estatal.
El proyecto plantea revisar si la reducción de 12 a seis semanas representa una medida regresiva que limita derechos previamente reconocidos en la entidad. También propone analizar diversos artículos del Código Penal y de la Ley para la Protección de la Vida del Estado de Aguascalientes. Entre los argumentos centrales destaca que seis semanas podrían resultar insuficientes para que una mujer identifique un embarazo y decida, dentro del plazo legal, si desea o no interrumpirlo.
Además, el documento advierte sobre las dificultades para determinar con precisión el inicio de la gestación, lo que podría generar incertidumbre jurídica respecto a la aplicación de sanciones penales. Para los colectivos que impulsan el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, la nueva postergación únicamente prolonga la incertidumbre y mantiene obstáculos para el acceso a servicios de salud reproductiva.
Mientras tanto, en el Congreso de Aguascalientes ya se anticipa una confrontación política. El PAN, que mantiene la mayoría legislativa, adelantó que defenderá las reformas aprobadas bajo el argumento de la protección de la vida desde la concepción. El presidente de la Mesa Directiva, Rodrigo Cervantes Medina, sostuvo que el estado mantendrá su postura a favor de la vida y aseguró que impulsarán las modificaciones que consideren necesarias ante un eventual fallo adverso.
La decisión que tome la Corte no sólo definirá el futuro de esta reforma, también pondrá a prueba hasta dónde pueden llegar los partidos políticos y los congresos estatales cuando intentan imponer sus convicciones ideológicas sobre derechos previamente reconocidos. En el fondo, la discusión no gira únicamente en torno al aborto, sino a la posibilidad de restringir derechos que las mujeres han conquistado durante años de lucha, y que hoy forman parte de un marco jurídico construido precisamente para garantizar autonomía y libertad de decisión.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
PAL
