Chihuahua: 386 cuerpos sin justicia
Las deficiencias desde la Fiscalía de Distrito Zona Norte de Chihuahua terminaron por abrir la puerta del penal.
El dueño del crematorio Plenitud, de Ciudad Juárez, José Luis Arellano Cuarón, ya no está en el Centro de Reinserción Social Número 3. Permaneció ahí desde junio de 2025, vinculado a proceso penal tras el hallazgo de 386 cadáveres en condiciones insalubres, apilados en habitaciones del crematorio mientras las familias creían que sus seres queridos ya habían sido cremados.
El Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó el amparo 746/2025 a su favor y con ello anuló la causa penal relacionada con los cuerpos encontrados. El juez determinó que la acusación no tuvo la sustentación jurídica suficiente en el ámbito penal.
La Fiscalía en esa zona está encabezada por Carlos Manuel Salas, y para los familiares esto es una falla que permitió que quien estaba vinculado por uno de los casos más indignantes en el estado de los últimos años recuperara su libertad.
El colectivo Justicia para Nuestros Deudos, que agrupa a familiares de personas localizadas en el crematorio, exige la renuncia de Salas. Lo acusan de incapacidad, falta de preparación jurídica, e incluso posible complicidad con Arellano Cuarón.
Las familias ya anunciaron que acudirán a la FGR y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para solicitar que el caso sea revisado y que la investigación no se diluya en errores técnicos u omisiones.
El daño es irreparable para quienes aún no saben si las cenizas que recibieron corresponden a sus muertos. Y advierten que llegarán hasta donde tope.
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PUERTO VALLARTA: PRIVACIONES TOLERADAS
Mientras los colectivos buscan a sus desaparecidos en vida en Puerto Vallarta, lo que encontraron fue un foco rojo.
El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que en el centro de rehabilitación “Fuerza Nacional”, en la colonia Ixtapa, habría personas retenidas sin consentimiento y sin notificación a sus familias.
Hablan de privaciones ilegales de la libertad consentidas por autoridades. Señalan que estos lugares operan levantando personas de madrugada en distintos puntos del municipio, a discreción, mediante las llamadas patrullas espirituales. Si esto se confirma, no es rehabilitación. Es privación ilegal de la libertad.
La diligencia se realizó con acompañamiento de la FGR y de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda. Ahí se encontraron: condiciones inhumanas, insalubridad y una operación que, según testimonios, funciona bajo tolerancia institucional.
Los colectivos también han señalado al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, gobernado por Luis Ernesto Munguía González, por la responsabilidad que implica otorgar y supervisar licencias de funcionamiento, uso de suelo y dictámenes de Protección Civil.
Nos vemos a las 8 por el 8 TV.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarciaMX
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