En México, buscan homologar el delito de feminicidio
Con el objetivo de garantizar la cero impunidad en el delito de feminicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.
Actualmente, en el país existen 33 tipos penales de feminicidio, 32 locales y uno federal, por lo que este delito se investiga y se castiga según la entidad federativa en donde se cometa; de ahí la importancia de su homologación.
En 2010, Guerrero se convirtió en la primera entidad que incorporó el delito de feminicidio en su Código Penal Estatal; en 2011 se sumaron Distrito Federal (hoy CDMX), Estado de México, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Veracruz, Durango, Chiapas y Tlaxcala.
A nivel federal, el delito fue tipificado en junio de 2012 mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incorporándose como el Artículo 325 del Código Penal Federal, lo que permitió establecer un marco jurídico estandarizado para investigar la muerte violenta por razones de género de mujeres y niñas.
En este sentido, con la homologación del delito de feminicidio, el avance principal será la unificación del delito en los 32 estados del país, lo que permitirá a las fiscalías seguir los mismos criterios de investigación, las penas y las razones de género.
Es por esa razón que, con esta ley, las sanciones van de 50 a 70 años de prisión; se establecen 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad, entre las que destacan: que la víctima esté embarazada o tenga alguna discapacidad; sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; y que la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Asimismo, esta iniciativa establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio, para evitar que los casos sean clasificados como suicidios, accidentes u homicidios dolosos. En ese sentido, se contempla un Protocolo Nacional Homologado para las investigaciones y un mecanismo de coordinación entre las instituciones encargadas de atender a las víctimas y las fiscalías.
También, la ley contempla la reparación del daño, tanto para las víctimas directas como indirectas.
PAL
