Gobierno de CDMX celebra fallo internacional que frena intento de privatización del servicio de taxis
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, reconoció el trabajo de la Secretaría de Economía y del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el Estado mexicano obtuviera un fallo favorable en un arbitraje internacional relacionado con un polémico proyecto para el servicio de taxis en la capital.
De acuerdo con el comunicado oficial, el conflicto se remonta a 2016, cuando se otorgó una concesión a una empresa con inversión extranjera que obligaba a cerca de 140 mil taxistas a instalar tabletas digitales en sus unidades, en sustitución del taxímetro tradicional, además de pagar una comisión por cada viaje realizado.
El gobierno capitalino señaló que dicha medida pretendía privatizar el servicio de taxis y generar un negocio millonario para los accionistas de la compañía involucrada. Sin embargo, desde su etapa como candidata a la Jefatura de Gobierno, Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de este modelo. Noticias Relacionadas
Con el inicio de la administración de la llamada Cuarta Transformación, la concesión fue cancelada, lo que derivó en un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, órgano del Banco Mundial encargado de dirimir controversias entre inversionistas y Estados.
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Arbitral resolvió a favor del Estado mexicano, al determinar que no se violaron disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de rechazar la solicitud de las empresas demandantes, que exigían una indemnización cercana a los 3 mil millones de dólares.
Asimismo, el fallo estableció que las compañías extranjeras deberán cubrir los costos del proceso legal, tras desestimarse sus reclamaciones.
El gobierno capitalino destacó que durante los casi cinco años que duró el litigio, la Jefatura de Gobierno colaboró con el gobierno federal proporcionando información clave sobre el origen del caso.
Finalmente, la administración local subrayó que esta resolución evita que los habitantes de la Ciudad de México asuman el costo de decisiones pasadas que, afirmó, buscaban privatizar servicios públicos, al tiempo que felicitó al equipo jurídico que participó en la defensa del país.
