Las heridas del DIF NL
Cuatro años después de la muerte de Ángel Moreno, un adolescente con discapacidad que falleció bajo custodia del DIF Nuevo León, el caso volvió a colocar bajo presión al Poder Judicial del estado. Esta semana la defensa del enfermero Raymundo Francisco ‘N’, procesado por homicidio doloso, buscó recuperar su libertad mediante la revisión de la medida cautelar. El juez decidió mantener la prisión preventiva, pero la audiencia reabrió uno de los expedientes más incómodos para el gobierno de Samuel García y Mariana Rodríguez, quien convirtió a Capullos en el principal escaparate de la política social de su administración.
El expediente no comenzó con la muerte de Ángel. Comenzó el 28 de noviembre de 2021, cuando él y otros tres adolescentes protestaron dentro de Capullos para denunciar malos tratos. De acuerdo con la documentación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, fueron inmovilizados con cinta canela y trasladados a Casa Fabriles. Dos meses después, Ángel murió mientras permanecía bajo la tutela del Estado. La Fiscalía inició una investigación por homicidio y, con el paso de los años, la CEDHNL y posteriormente la CNDH concluyeron que existieron graves violaciones a derechos humanos durante su estancia bajo resguardo del DIF.
La organización Tejiendo Redes Infancia ha denunciado que el proceso judicial también se ha visto obstaculizado por amparos y otros incidentes legales que han favorecido a funcionarios de alto nivel, entre ellos se encuentra Miguel Ángel Sánchez Rivera, ex director del DIF NL cuando ocurrió la muerte de Ángel, dirigente estatal de MC y hoy es diputado federal blindado con el fuero. El emecista es señalado por su participación en la eliminación de pruebas, al ordenar la cremación del cuerpo y amenazar a testigos.
En medio de este escándalo, Samuel García y Mariana Rodríguez impulsaban la transformación de Capullos como uno de los proyectos insignia de la administración. Se anunciaron inversiones por cientos de millones de pesos, remodelaciones, recorridos y una intensa difusión en redes sociales. Sin embargo, alrededor del DIF también se acumularon otros episodios polémicos: el egreso irregular de un niño con discapacidad entregado a Mariana Rodríguez —que derivó en una recomendación de la CEDHNL—, fugas de menores, comparecencias pendientes y denuncias legislativas sobre el funcionamiento de los centros de asistencia. La imagen del nuevo Capullos avanzaba mientras uno de los casos más graves registrados en el sistema de asistencia social de Nuevo León seguía acumulando investigaciones, recomendaciones de organismos de derechos humanos y responsabilidades aún por esclarecer.
Por eso no es menor la alerta emitida por Tejiendo Redes Infancia. En este proceso no sólo está en juego la situación jurídica de un imputado, sino el mensaje que enviará el Poder Judicial de Nuevo León frente a la muerte de un adolescente con discapacidad bajo la protección del propio Estado. La organización ha advertido que continuará vigilando el desarrollo del caso para evitar cualquier decisión que abra la puerta a la impunidad y ha llamado a que la justicia prevalezca por encima de intereses políticos.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
PAL
