Samuel García, con el marcador en contra
El Mundial de Futbol le abrió a Samuel García un nuevo frente político y judicial cuando todavía no termina de enfrentar los anteriores. Apenas el Congreso de Nuevo León dio entrada al procedimiento de juicio político en su contra y ahora el gobernador enfrenta nuevas denuncias penales y administrativas por el presunto uso de recursos públicos durante las actividades relacionadas con el torneo.
En medio de la euforia que ha provocado el campeonato y con Monterrey como una de las ciudades sede, la oposición acusa a Samuel García de convertir los encuentros en una plataforma de promoción personalizada. Legisladores del PAN y del PRI presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de NL y ante la Unidad de Seguimiento e Investigación de la Auditoría Superior del Estado contra Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por el presunto uso de recursos públicos con fines de promoción política.
Todo es consecuencia de lo ocurrido en el partido entre Marruecos y Países Bajos, celebrado el lunes en Monterrey. Ahí, el gobierno del estado aprovechó el ambiente generado por la llamada Orange Army, integrada por los aficionados de la selección de Países Bajos, para impulsar el color naranja, el mismo que identifica a Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador.
Entre los hechos denunciados se encuentra la distribución de playeras naranjas, cervezas y otros artículos promocionales, además de la participación de funcionarios y empleados estatales, así como la presunta utilización de recursos humanos, materiales y financieros del gobierno de Samuel García.
Estos hechos podrían configurar diversos delitos y faltas administrativas, entre ellos peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y ejercicio ilícito del servicio público.
Este nuevo capítulo se suma a los problemas que ya enfrenta García. Apenas hace unos días, el Congreso de Nuevo León dio entrada al procedimiento de juicio político en su contra por la presunta triangulación de más de mil millones de pesos mediante empresas y un despacho jurídico vinculado con su familia.
La acumulación de investigaciones, denuncias y procedimientos empieza a convertirse en un problema político de mayor dimensión y el gobernador lo sabe, porque más allá del desenlace jurídico de cada caso, tantos negativos rumbo a la Ruta 2027 inevitablemente tendrán un costo político.
Y, por si fuera poco, fuentes cercanas me aseguran que en los próximos días podrían presentarse nuevas denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos hacia empresas vinculadas con el entorno familiar del gobernador. Todavía habrá más.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
PAL
