El circo de Chihuahua
Es tan evidente la intención del régimen de hacer del caso de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua una cortina de humo frente al escándalo del gobernador Rubén Rocha, que la FGR anunció, en un mismo tuit, que citará a declarar tanto a la gobernadora Maru Campos como a los diez sinaloenses imputados por la justicia americana. Como si fueran el mismo caso y como si además fuera equiparable un gobernador defenestrado por colusión criminal con una mandataria que ha dado la cara y transparentado la irregularidad que cometió su equipo de trabajo en el marco del combate dedicado al crimen organizado.
Mientras en Sinaloa el régimen ha cerrado filas para que los imputados ganen tiempo, en Chihuahua están montando un circo a todas prisas: primero el absurdo intento de hacerla comparecer en el Senado; luego la fallida marcha de MORENA; ahora el citatorio para mediatizar el testimonio de la gobernadora. Judicialmente, imputarla es casi imposible: como suele ocurrir en operaciones encubiertas, los contactos de la CIA estaban a nivel operativo, no político. Y aquí la verdadera razón del espectáculo: ir al fondo significaría abrir una caja de Pandora que podría salpicar al propio gobierno federal.
Hablemos de las preguntas incómodas que no están contestando: ¿Cómo es posible que entraran y se movieran agentes de la CIA sin que nadie en el Gabinete de Seguridad Nacional se diera por enterado? ¿Cómo incluso se trasladaban con armas si la Ley de Seguridad Nacional exige autorización de la Defensa?
Existe la versión del periodista Luis Chaparro de que esa unidad de agentes operaba desde el consulado de Monterrey y que incluso participaron en el operativo para la eliminación de "El Mencho" en Jalisco. ¿Esa participación fue autorizada? ¿En qué otros operativos aportaron información y a qué autoridades? No vaya a resultar que algunos de los exitosos desmantelamientos de laboratorios que presume el secretario García Harfuch fueran con inteligencia de esos agentes.
Finalmente, a quien tendrían que pedirle más explicaciones es a Washington. Habría que citar al cónsul de Monterrey, al de Ciudad Juárez —que recuperó los cuerpos— e incluso requerir por vía diplomática información al embajador Ronald Johnson, que, por cierto, no es ningún extraño de este tipo de temas: fue oficial superior de operaciones en la CIA.
Si se concluyera que esos agentes operaban ilegalmente con favores a funcionarios de Chihuahua y de otros gobiernos, estaríamos hablando de cohecho, y la propia Ley de Seguridad Nacional obligaría a suspender la cooperación bilateral en seguridad con Estados Unidos y expulsar a todos sus agentes. ¿Ahora aplicarán la ley frente a Trump, cuando antes le ofrendaban presos mexicanos de forma ilegal? ¿O, a diferencia de con Maru Campos, ahí la ley ya no es la ley?
La respuesta la conocemos. El doble rasero es ya grotesco. Con Sinaloa, toda la verborrea del discurso nacionalista y poca acción judicial. Con Chihuahua, todo el aparato del Estado para defenestrar a connacionales que son aliados en el combate al crimen organizado y muy poca exigencia a los Estados Unidos para saber cómo diablos están operando en nuestro país.
Pero todo circo, tarde o temprano, levanta la carpa.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ
