El doble terremoto que auditó al poder de un gobierno

Los terremotos no distinguen entre democracias y autocracias, entre gobiernos honestos y gobiernos corruptos, entre ideologías conservadoras o liberales.

Sacuden por igual. En consecuencia, lo que sí se da es poder distinguir la calidad del Estado. Mientras la naturaleza libera en segundos la energía acumulada durante siglos, la corrupción lleva años debilitando silenciosamente columnas, varillas, presupuestos, instituciones y mecanismos de supervisión. El sismo termina; la corrupción sigue matando.

Los dos terremotos que golpearon la costa venezolana a finales de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, no sólo dejaron una estela de destrucción. También expusieron algo mucho más profundo: las grietas de un modelo político que durante décadas confundió propaganda con política pública.

El saldo humano continúa actualizándose conforme avanzan las labores de rescate y ya suma miles de fallecidos, decenas de miles de heridos y desaparecidos, además de cerca de 59 mil edificaciones dañadas o destruidas. Pero reducir la tragedia a una catástrofe natural sería una forma de absolver a quienes convirtieron la corrupción en sistema de gobierno.

La naturaleza explica el terremoto. No explica, en cambio, por qué edificios enteros se desploman mientras otros permanecen en pie; por qué conjuntos habitacionales completos, recién construidos, colapsan como castillos de naipes; por qué hospitales y escuelas edificadas bajo el amparo de un gobierno determinado terminan convertidos en sepulcros colectivos. Ahí deja de hablar la geología y comienza a hablar la política.

Durante años, el chavismo presentó la “Gran Misión Vivienda Venezuela” como una de las mayores conquistas sociales de la revolución. La edificación de millones de viviendas fueron anunciadas como la prueba irrefutable de que el Estado protegía a los más desfavorecidos. El programa fue elevado a símbolo de justicia social y de la supuesta superioridad moral del régimen. Hoy, buena parte de esa narrativa yace enterrada bajo toneladas de concreto.

La ironía es cruel, pero no por eso omito mencionarla: aquello que fue vendido como un acto de amor al pueblo, terminó revelándose en demasiados casos como una construcción levantada sobre los cimientos de la opacidad.

Lo que sucede es que la corrupción en la obra pública rara vez se aprecia durante la inauguración. Usualmente, en cambio, se podría ver en la calidad del acero, en el cemento adulterado, en los estudios de mecánica de suelos que jamás se realizaron, en las licitaciones asignadas por afinidad política, en las supervisiones técnicas convertidas en simples trámites administrativos y en los recursos desviados mientras las cámaras transmitían ceremonias oficiales.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela llevaba años advirtiendo sobre deficiencias estructurales en diversas edificaciones, la ausencia de estudios técnicos suficientes y la improvisación en algunos desarrollos habitacionales. La respuesta no consistió en revisar proyectos ni en corregir errores.

Como ocurre con demasiada frecuencia en los regímenes que se proclaman intérpretes exclusivos de la voluntad popular, resultó más sencillo desacreditar a quienes alertaban sobre los riesgos que atender sus advertencias. Cuando la técnica contradice al discurso, al populismo le gusta declarar enemigo al técnico.

Ésa es, quizá, la lección más inquietante que deja esta tragedia. La corrupción no roba únicamente dinero. Roba resistencia estructural. Roba vidas futuras. Cada contrato manipulado, cada inspección omitida, cada permiso concedido sin sustento técnico, van acumulando un costo que permanece invisible durante años. Hasta que un día la naturaleza presenta la factura.

Albert O. Hirschman explicaba que ciertos proyectos políticos terminan convencidos de que toda crítica constituye un intento de sabotaje. Bajo esa lógica, el ingeniero deja de ser un especialista y pasa a convertirse en un adversario; el auditor, en un obstáculo; el periodista, en un conspirador. La consecuencia inevitable es que las decisiones dejan de responder a criterios técnicos y comienzan a obedecer únicamente a la conveniencia política del gobierno en turno.

Mientras miles de familias siguen buscando entre los escombros a sus seres queridos, también han surgido denuncias sobre deficiencias en la distribución de ayuda, escasez de maquinaria pesada y carencias en la respuesta institucional. El país que durante años presumió recursos casi ilimitados para exportar su modelo político hoy enfrenta enormes dificultades para remover escombros, atender hospitales dañados y responder a una emergencia de dimensiones históricas. La propaganda siempre promete más de lo que la realidad puede sostener.

Conviene recordar que los terremotos no destruyen instituciones: solo revelan su verdadera fortaleza. Del mismo modo que no crean corrupción: únicamente la hacen visible. Las grietas que hoy recorren miles de edificios comenzaron a formarse mucho antes de que la tierra se moviera.

Empezaron el día en que la lealtad política sustituyó a la capacidad técnica y al mérito; cuando la propaganda desplazó a la rendición de cuentas; cuando se decidió que era más rentable construir relatos que construir buenas edificaciones.

Así que es menester saber no solo cuántas personas murieron por el terremoto. También cuántas habían sido condenadas mucho antes, cuando alguien decidió ahorrar acero, ignorar estudios de suelo, manipular contratos o convertir las advertencias de los especialistas en ataques contra el régimen.

La naturaleza sacudió a Venezuela durante unos minutos. La corrupción llevaba décadas preparando los efectos evitables producto de ese fenómeno inevitable.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ