El falso dilema
El ambiente político en México se ha tensado de forma preocupante, impulsado por una narrativa simplista que pretende reducir la realidad a una disyuntiva artificial: estar contra la llamada Cuarta Transformación equivale a traicionar la patria; respaldarla, en cambio, supone alinearse con intereses ilícitos. Nada más falso ni más perjudicial para el debate público.
La mayoría de los mexicanos no se reconoce en esa polarización. Por el contrario, existe un consenso claro en dos frentes: el rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera y la oposición firme al crimen organizado, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido innegable. Reducir la discusión nacional a una confrontación binaria debilita la capacidad del país para enfrentar ambos desafíos con seriedad.
En este contexto, la relación con Estados Unidos vuelve a ser objeto de tensión. No puede ignorarse que, a lo largo de nuestra historia, la política estadounidense ha tenido un carácter abiertamente injerencista, manifestado en intervenciones bélicas, presiones comerciales, actos discriminatorios y disputas por recursos estratégicos. Sin embargo, también es imprescindible reconocer un hecho jurídico: la cancelación de visas y las solicitudes de extradición forman parte de sus facultades soberanas, sustentadas en su legislación y en acuerdos bilaterales que México ha suscrito y elevado a rango constitucional.
La discusión, por tanto, no gira en torno a la legalidad de estas herramientas, sino a su uso. Cuando se aplican de manera recurrente y en momentos políticamente sensibles, es legítimo cuestionar si pudieran constituir mecanismos de presión indirecta sobre la vida pública nacional.
La reciente solicitud de extradición de 10 mexicanos —entre funcionarios y exfuncionarios— ha abierto un escenario complejo. Todos, sin excepción, deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No obstante, ciertos episodios generan inquietud: desde la decisión de un General en retiro, Gerardo Mérida Sánchez quien optó por entregarse voluntariamente y ser encarcelado, encadenado y humillado, pudiendo quedarse bajo el paraguas protector que se ha tendido a los demás inculpados, hasta la opacidad en torno al paradero de otro implicado, Enrique Alfonso Díaz Vega, que podría estar colaborando como testigo protegido. Ambos casos anticipan posibles revelaciones de alto impacto.
Mientras tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido su discurso nacionalista, en paralelo se ha filtrado información que puede implicar nuevos procesos en contra de los gobernadores de Coahuila y Tamaulipas. A ello se suma la reaparición del expresidente con un posicionamiento que, más que contribuir a la estabilidad, introduce elementos de tensión innecesarios en un momento delicado.
Paradójicamente, una de las señales más constructivas ha provenido de Washington, del Secretario de Seguridad Interior Markwayne Mullin, quien ha reconocido la cooperación del gobierno mexicano en materia de seguridad, al tiempo que subraya la necesidad de respetar su soberanía.
México enfrenta una coyuntura decisiva. No puede permitirse caer en falsos dilemas ni en narrativas polarizantes que debilitan su posición interna y externa. La relación con EU, determinada por la geopolítica, es estratégica e inevitable. El reto consiste en manejarla con inteligencia: defender con firmeza la dignidad nacional, sin renunciar a la cooperación que permita construir una región más próspera, más segura y más justa.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE DERECHO EN LA UNAM
MAAZ
