El gran regalo
El paquete de reformas electorales que aprobó Morena la semana pasada dejó raspones con moretones. No por la oposición, que ha cuestionado el proyecto desde su origen, sino por una discusión que estalló dentro del propio oficialismo: la posibilidad de que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación compitan de nuevo por el cargo en 2028 y se queden por mucho más tiempo en el cargo.
La reacción del vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó la atención por una razón evidente. No habló de diferencias técnicas ni de criterios jurídicos. La calificó de “falta demasiado grave” que viola la Constitución mexicana. La mayoría legislativa alcanzó para aprobar la reserva, pero no para disipar la pregunta de fondo: ¿por qué esos cuatro magistrados?
La discusión surge dentro de un paquete que responde a la presión estadounidense por la extradición de políticos con presuntos nexos con el narco. Incluyó una nueva causal de nulidad por injerencia extranjera, un mecanismo para revisar candidaturas palomear quién sí y quién no— y la excepción que ahora beneficia a los magistrados, dentro de los cambios a la reforma judicial que también modifican la fecha de la elección a 2028.
Morena lo presentó como protección institucional. La oposición lo leyó como blindaje rumbo a las próximas elecciones. Esa posibilidad no estaba en la iniciativa original.
Surgió en la discusión mediante un ajuste quirúrgico: eliminar un “no”. Donde el dictamen decía que los magistrados “no podrán ser elegibles”, la reserva de del diputado Sergio Gutiérrez Luna dejó que “podrán ser elegibles”. Cambió una palabra y modificó todo el alcance.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prefirió remitir la polémica a la necesidad de reglas claras, a pesar de su oposición a la reelección de alcaldes y diputados. Mónica Soto encabezó el Tribunal en una etapa decisiva y validó la elección presidencial de 2024, con la sobrrerepresentación que le ha dado todo el poder al oficialismo.
Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez ocuparon posiciones centrales durante la reconfiguración más profunda del sistema judicial en décadas. Los cuatro, electos en 2016, debían haber concluido ya.
Y son precisamente ellos quienes aparecen beneficiados por una excepción que podría permitirles permanecer hasta entrada la próxima década, cerca de 18 años en el mismo órgano.
En un principio, Morena legitimó la reforma judicial denunciando privilegios y salarios excesivos. Pero la controversia más seria no apareció con las remuneraciones, sino con la permanencia. Porque un lugar en la Sala Superior vale mucho más que cualquier sueldo.
Quizá por eso la observación de Ramírez Cuéllar pesó más que muchas críticas opositoras: desplazó la discusión a un terreno difícil de explicar. Si el objetivo era renovar las instituciones, ¿por qué hubo que borrar una palabra para abrir la puerta a cuatro magistrados cuyas decisiones acompañaron los momentos clave del proyecto gobernante? Quizá la respuesta está en la cena de Mónica Soto y Gutiérrez Luna en diciembre de 2023.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ
