El narco partido enfrenta a la ultraderecha
Las líneas narrativas de la elección de 2027 empiezan a asomarse en el léxico político. La memoria no registra otra contienda electoral con rasgos tan agresivos y diferencias tan profundas. Se enfrentan adversarios, no competidores, aunque es una justa electoral.
Se perfila una elección donde se confrontan dos visiones del futuro mexicano en un choque irreconciliable. El poder ha decidido buscar la extinción del contrincante. Y la oposición está empeñada en corregir el rumbo de la nación.
Las corrientes de oposición en México plantean que votar por Morena y sus aliados significa aceptar que México sea gobernado por la abierta asociación del Estado con el narcotráfico, en plena relación orgánica. Esa complicidad significa, para la oposición, que México pierda su soberanía como república democrática. Argumenta la oposición que, al entregarse al crimen organizado, se instala un régimen político autoritario cuya naturaleza es negar la alternancia y favorece un control totalitario desde el poder. Su línea discursiva es que Morena es un narco partido instalado en el poder.
Morena y sus aliados acusan a la oposición (PAN y PRI, principalmente, y posiblemente al nuevo partido Somos MX) de ser corrientes políticas de la ultraderecha y aliados de movimientos similares a nivel internacional. Argumenta Morena que la soberanía nacional se pierde cuando se vota por partidos que favorecen alianzas con fuerzas que pregonan el modelo económico neoliberal, además de que favorecen el intervencionismo en México. Morena señala que su proyecto significa consolidar un poder nacional popular y rechaza la imposición desde el exterior.
Estas son, grosso modo, las líneas de debate y disputa que, desde ahora, se perfilan como los ejes de una confrontación existencial que se escenificará con las elecciones intermedias del 2027. Por eso, la contienda será la más trascendental en la historia reciente del país. No será una elección “normal, ni en tiempos normales”. Será una lucha por el futuro del país.
La semana previa a la inauguración de la Copa Mundial aceleró las definiciones políticas entre las fuerzas del poder y las de la oposición. La tensión creada por la presencia de maestros de la CNTE, las madres de los desaparecidos, las protestas de transportistas, agricultores y pensionados, además de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y fuerzas del Bloque Negro (probablemente pertenecientes a las filas de la policía capitalina), hizo que la retórica emanada desde el gobierno federal llegara a niveles de histeria.
Y esa histeria logró que el gobierno quitara sus máscaras y se definiera políticamente. Y lanzó el epíteto para definir a quienes estaban protestando en las calles de la Ciudad de México. Los acusó a todos de ser “ultraderechistas, con una agenda política, que pretendía derrotar, o derrocar, al gobierno en las elecciones del 2027”.
Y debido a la difusión que hicieron varios medios de comunicación de las causas diversas que se manifestaban en la calles de la ciudad, notoriamente TV Azteca, la presidenta agregó al dueño de ese medio, Ricardo Salinas Pliego, como uno de los líderes de la recién descubierta “ultraderecha mexicana”. El gobierno agregó a su coro de acusaciones sobre los integrantes de ese nuevo deforme objeto de odio, a dos mujeres españolas: Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid y a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.
Ante la confederación de todos estos diversos grupos, lograron desquiciar a la Ciudad de México durante la semana previa al evento deportivo, y, en cierta medida, el mismo día inaugural del evento. La presidenta y la jefa de Gobierno, asustadas, se refugiaron en el deportivo de una alcaldía amiga, que luego vendieron como queriendo “estar con el pueblo”.
Pero su gobierno, debilitado y sin recursos políticos para llevar la negociación a buen término, optó por la represión escalonada. Colocó a miles de granaderos y funcionarios civiles ante las protestas. Lograron su cometido: frenaron las protestas en gran medida. Pero demostró el gobierno su verdadero rostro de incapacidad política y una notoria intolerancia.
Desde entonces, la presidenta mexicana no suelta la nueva consigna recién descubierta. Ante cualquier análisis o crítica a Morena, a la 4a Transformación y a su Segundo Piso, supone que proviene de un complot internacional, aliado a actores políticos nacionales perfectamente identificados, porque son todos los que se oponen a su proyecto.
Para aprovechar el momento, la presidenta reiteró, ante la victoria de la selección nacional, que quienes ganaron son “los que creemos en México, y perdieron los que quieren que a México le vaya mal”. En vez de unir, la presidenta aprovechó el momento para ahondar la polarización nacional. Y después aclaró que no fue al estadio porque “no quiere estar con las personas que pueden pagar los boletos al evento”. Descalificó a todos los asistentes al evento en el estadio, sugiriendo que son también “ultraconservadores”.
La lideresa de Morena, Ariadna Montiel ordenó que nadie que pertenece a su partido debe asistir a los juegos en el estadio, porque “eso no es estar con el pueblo”. Estar con el pueblo significa rechazar el canto de la sirena burguesa de ir al estadio. Montiel también descalifica y repudia a las personas que fueron al estadio.
Todos ellos tienen que ser, en su fanatizado entender, integrantes de la “ultraderecha mexicana” recién descubierta y desenmascarada.
La presidenta fue más lejos. Después de descalificar a quienes acudían al estadio por “poder comprar esos boletos”, acudió a una cena absolutamente elitista en el Castillo de Chapultepec, con la flor y nata de la FIFA y sus invitados internacionales y nacionales.
Sintiéndose culpable de haber acudido a semejante celebración, luego lo denunció en la mañanera y justificó su presencia “un ratito” en aquel ágape. Dio a conocer el costo de la renta del salón para el encuentro. Probablemente ha atizado a algunos miembros del INAH a que demandaran castigo a quien, o quienes, cobraron el millón de pesos de la renta.
Estos ejemplos, por pueriles que parezcan, pintan de cuerpo entero al intento de Morena por deslindarse de todo lo que se parezca a “ultraderecha”, afirmándose en el campo del pueblo. Es ultraderecha ir al estadio, es también ultraderecha pagar por una cena y es de ultraderecha criticar a Morena. Por supuesto que la hipocresía se cuenta sola.
La oposición, en cambio, niega su definición de ultraderecha, por la diversidad de sus integrantes, e insiste que el verdadero debate nacional reside en la caracterización de Morena como un narco partido. Y, por tanto, en el carácter criminal de su gobierno.
Y va más lejos: afirma que la declaración internacional de actividades del narcotráfico como terrorismo acerca a Morena a ser declarado legalmente como un “narco partido”. La crítica de la oposición se finca en la premisa de que el cambio de rumbo propone la ruptura de toda afiliación entre la política y el narcotráfico. Propone la oposición el combate frontal al crimen organizado.
Ha crecido rápidamente en la percepción popular que Morena es el partido asociado con el narcotráfico. La prueba es que defiende a actores notoriamente vinculados a los cárteles del narcotráfico, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Insunza.
Ambos han sido juzgados como narco políticos en el tribunal popular de la opinión pública nacional. Esto, como respuesta al indictment juzgado en Estados Unidos. Ha calado profundamente en el imaginario popular el hecho de que la presidenta sea capaz de mentir y negar una realidad que el pueblo ve con claridad: Morena ganó la elección como consecuencia de su alianza con el narcotráfico.
Mientras la presidenta y Morena profundizan sus ataques a los amplios segmentos de la sociedad mexicana que ellos consideran de “ultraderecha”, la oposición enfatiza que el dilema de México reside en rechazar al narcotráfico como aliado estratégico de Morena.
Mientras Morena quiere convencer al electorado de que su crítica, a lo que llama “ultraderecha”, es porque quiere un cambio de rumbo, la oposición insiste en algo más concreto: la asociación del gobierno de Morena con los cárteles del narcotráfico es una gobernanza que conlleva a más muerte, más desaparecidos y más represión y autoritarismo. Lleva a la aniquilación de la democracia en México.
Las elecciones de 2027 tendrán que definir la ruta futura de México: inclinarse por la supuesta “ultraderecha”, como acusa Morena, o romper la asociación narco terrorista entre el gobierno de Morena y los cárteles, como acusa la oposición.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
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