Estados Unidos cobra multas impagables para forzar la autodeportación
Vivi Vasquez abrió en abril un sobre con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos esperando noticias sobre su visa humanitaria. Encontró una factura. El gobierno estadounidense le reclamaba 1 millón 820 mil 352 dólares por permanecer en el país pese a una orden de salida. En el mismo envío venía un folleto que ofrecía perdonar la deuda a quien se fuera por su cuenta mediante una aplicación oficial.
El caso de esta mexicana con 17 años de residencia y tres hijos nacidos en Estados Unidos no es excepcional. Según The New York Times más de 103 mil personas han recibido cartas idénticas desde enero de 2025. La fórmula se repite 998 dólares por cada día transcurrido tras una orden de deportación, hasta un tope quinquenal cercano a los 1.8 millones. En conjunto, el DHS reclama más de 84 mil millones de dólares. Ha recaudado poco más de 1.2 millones.
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Esa distancia entre lo exigido y lo obtenido define la naturaleza del instrumento. Las organizaciones que litigan contra la medida sostienen que sanciones de ese tamaño no buscan recaudar, sino presionar a quien las recibe para que se vaya.
El castigo estaba previsto en la legislación de 1996, pero ningún presidente lo había aplicado. Trump lo intentó en su primer mandato y fracasó por problemas logísticos. Biden lo derogó, el magnate republicano, nuevamente en el poder, lo restableció el primer día de su segundo periodo.
El cobro no es una amenaza abstracta. De acuerdo con el rotativo estadounidense, el gobierno ha embargado devoluciones fiscales, retenido salarios y remitido adeudos a agencias privadas de cobranza. A Afissetou Tchedre, togolesa casada con un militar estadounidense, le confiscaron su última devolución de impuestos, 10 mil 662 dólares. Su abogado dijo al diario neoyorquino que nadie revisó el expediente antes de sancionarla; de haberlo hecho, habrían visto que tramitaba su residencia.
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Organizaciones de asistencia legal litigan contra la medida por violar la prohibición constitucional de castigos económicos excesivos. El gobierno responde que permanecer en el país para tramitar otro recurso no altera la desobediencia a la orden de salida.
