Excesos ayer, facturas hoy
La presidenta Claudia Sheinbaum heredó mucho más que una crisis de seguridad. Durante años, Andrés Manuel López Obrador respondió a informes sobre narcopolítica con descalificaciones públicas, mientras investigaciones periodísticas documentaron expansión criminal, violencia electoral y vínculos entre operadores políticos y cárteles de la droga en distintas regiones del país.
Pero el expresidente no actuó. Siguió tomando decisiones que hoy el gobierno de Donald Trump utiliza para amagar a México y cercarlo por varios frentes, para tratar de congraciarse con el electorado de su país.
Las señales del descontento estadounidense venían acumulándose en lo diplomático, lo comercial, la aviación y la reforma judicial. No se trata de avalar el intervencionismo, pero al vecino se le entregaron, una tras otra, las herramientas con las que hoy presiona.
En el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado en una indagatoria del Departamento de Justicia estadounidense, Washington acusa. México intenta contener el impacto político mientras del otro lado de la frontera el expediente avanza en otra lógica, con tiempos que no dependen del gobierno mexicano ni de su narrativa pública.
Ahora, con la decisión de Gerardo Mérida Sánchez de cruzar la frontera para entregarse, un general retirado bajo custodia estadounidense pone en duda el modelo de militarización de la seguridad en Sinaloa, convertido en pieza central del expediente. La apuesta que durante años se presentó como corrección moral frente a corporaciones policiales debilitadas y corruptas aparece ahora dentro del mismo marco de acusaciones que debía contener.
Estados Unidos terminó elevando el caso a seguridad nacional, reconfigurando su lectura del problema y ampliando el alcance del expediente. México llegó después, cuando el caso ya había cambiado de escala, de lenguaje y de presión.
El oficialismo habla de soberanía mientras Sheinbaum necesita llamadas "excelentes" con Trump para evitar que la presión por la narcopolítica brinque al T-MEC. Durante años, Morena convirtió ese discurso en bandera. Ahora Washington fija tiempos, presiona en lo financiero y condiciona parte de la conversación bilateral.
Ahí está el verdadero tamaño del problema para la presidenta Sheinbaum. La herencia maldita dejó de ser únicamente judicial. Ahora es electoral, diplomática y económica al mismo tiempo.
Sheinbaum necesita defender el legado político de López Obrador porque ahí sigue estando la base electoral de Morena. Pero también carga con gobernadores cuestionados, arbitrajes internacionales y una estrategia de seguridad que hoy aparece, ella misma, en el expediente.
Morena insiste en cerrar filas en torno al discurso de la soberanía. El PAN y el PRI huelen desgaste y empujan el caso hacia el núcleo moral del lopezobradorismo. Olvidan un detalle: en Sinaloa, todos los partidos tienen cola que les pisen.
La soberanía no se defiende con discursos cuando el adversario político ya tiene el expediente armado. Hoy la factura por esas decisiones temerarias llega completa, y no la paga quien la generó: la paga el país.
POR: CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ
