Fraude y red de delincuencia organizada vs. Herdez

UNA DECLARACIÓN ATRIBUIDA a Irene León Escamilla, recientemente filtrada y que forma parte de una investigación en curso, ha generado una fuerte controversia, al revelar detalles de lo que podría constituir uno de los presuntos esquemas de fraude judicial más relevantes de los últimos años en perjuicio de Grupo Herdez.

De acuerdo con el contenido de la declaración, la compareciente describe la existencia de una estrategia encaminada a promover reclamaciones sustentadas en hechos presuntamente falsos, incluyendo la atribución de cargos directivos y relaciones laborales que, según su propio dicho, nunca existieron.

La relevancia del documento radica en que la propia declarante reconoce que Alfredo Jorge Colín Huerta no habría trabajado para Grupo Herdez ni para las empresas involucradas en los procedimientos promovidos contra la compañía, pese a que dicha circunstancia habría constituido uno de los elementos centrales de diversas reclamaciones.

La declaración también menciona la presunta participación de otras personas en la construcción y seguimiento de la estrategia legal descrita.

Las revelaciones surgen en un contexto particularmente delicado para la empresa de Héctor Hernández Pons, luego de que diversos procedimientos judiciales derivaran en afectaciones patrimoniales de gran magnitud, incluyendo embargos y aseguramientos que obligaron a Grupo Herdez a desplegar una intensa defensa jurídica para proteger sus operaciones.

Fuentes cercanas al caso señalaron que las autoridades analizan si los hechos descritos podrían constituir delitos relacionados con fraude procesal, falsedad de declaraciones, asociación delictuosa y otras conductas previstas por la legislación mexicana.

Sin embargo, corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes, es decir a la Fiscalía de la CDMX, que encabeza Bertha Alcalde, determinar la existencia de responsabilidades penales individuales.

Por su parte, Grupo Herdez ha sostenido que fue víctima de una serie de acciones construidas sobre hechos falsos y ha reiterado su confianza en que las investigaciones permitirán esclarecer plenamente lo ocurrido y sancionar a quienes resulten responsables.

La filtración de esta declaración abre un nuevo capítulo en un asunto que podría convertirse en uno de los casos más relevantes sobre abuso de procedimientos judiciales y afectación patrimonial a una empresa mexicana de presencia internacional.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y las autoridades no han emitido una determinación definitiva sobre los hechos descritos en la declaración.

PAULO JENARO DÍEZ Gargari, el audaz abogado que durante años se colgó la medalla de azote anticorrupción, primero contra OHL y luego contra Aleatica, hoy enfrenta carpeta de investigación en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la CDMX por falsedad ante autoridades. La denuncia la presentaron Mauricio Haber May e Ilan Katz Mayo de Katz & Gudiño, apoderados de IFM Investors, propietaria de Aleatica. ¿La acusación de fondo? Que Díez Gargari mintió bajo protesta de decir verdad sobre el origen de Aurora Research, el sitio que por años bombardeó a la empresa con “reportes” anónimos. El detalle radica en su declaración ministerial del 19 de diciembre pasado: Díez Gargari sostuvo que Aurora Research es obra independiente de un joven analista bursátil, inspirado en la obra homónima de Friedrich Nietzsche. El joven analista resultó ser su hijo, Paulo Díez Terroba, empleado del despacho familiar DGT Díez Gargari, S.C. Y, conforme a las constancias, los perfiles que operaron el sitio convergen en una sola cuenta de Gmail y en una línea telefónica vinculada al despacho del padre. Es decir: el joven analista independiente era el hijo y el empleado de Diez Gargari. La defensa de Díez intenta desacreditar el dictamen pericial en informática que obra en los expedientes. La va a tener difícil. Fue elaborado a partir del disco compacto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitió, vía la Cancillería, al Juzgado 29 Civil de la CDMX en el ordinario 288/2020. Eventualmente, Paulo Díez Gargari tendrá que explicar por qué los metadatos y los teléfonos lo llevan, a él, al centro de la operación que durante años atribuyó a un “tercero” anónimo.

LA PRESUNTA RED de plazas fantasma en el sistema educativo del Estado de México abre una pregunta incómoda: ¿quién permitió que estas prácticas se mantuvieran durante tanto tiempo? Mientras avanzan las investigaciones, vale la pena recordar que las primeras revisiones para detectar posibles anomalías fueron impulsadas desde los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), instancia que comenzó a desentrañar un problema que hoy alcanza dimensiones mayores. El secretario Miguel Ángel Hernández Espejel ha optado por dejar en manos de la Fiscalía la determinación de responsabilidades. Sin embargo, cuando se trata de una dependencia pública, la responsabilidad no sólo se mide por las acciones realizadas, sino también por las omisiones que pudieron facilitar la permanencia de conductas irregulares. El asunto adquiere relevancia porque no se trata únicamente de números en una nómina. Detrás de las investigaciones hay recursos públicos que habrían sido comprometidos y trabajadores que pudieron verse afectados. Por ello, más que un expediente archivado, el caso exige transparencia y resultados concretos para recuperar la confianza ciudadana.

RESPECTO AL FIFA Fan Festival de Monterrey, nos hacen ver que el proyecto quedó formalmente acordado y validado con FIFA durante las reuniones celebradas el fin de semana pasado. La imagen del evento utilizará los colores y lineamientos oficiales del organismo que preside Gianni Infantino, incorporando únicamente algunos espacios complementarios con elementos gráficos representativos de Nuevo León, tal como fue autorizado. No existe riesgo de cancelación del FIFA Fan Festival derivado de este tema. Asimismo, es importante señalar que los productos de hospitality no son cancelables ni modificables una vez adquiridos, ya que así se establece expresamente en los contratos que cada comprador acepta y firma electrónicamente con FIFA antes de realizar el pago correspondiente.

LA AMERICAN SOCIETY of México propuso crear un tratado bilateral contra el crimen, que busca llevar la cooperación en seguridad al terreno de los acuerdos formales, más allá de mecanismos existentes. El organismo presidido por Larry Rubin planteó el TLCC como un paralelo al impacto que tuvo el tratado comercial en su momento, pero enfocado en problemas como el fentanilo, lavado de dinero y crimen organizado. La intención es estructurar una coordinación más profunda entre ambos gobiernos, bajo la lógica de que los riesgos también son compartidos. El planteamiento aparece en un contexto donde la seguridad se ha vuelto un punto central en la relación bilateral y también un factor que condiciona inversión y crecimiento.

POR DARÍO CELIS ESTRADA          

COLABORADOR          

@DARIOCELISE

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