Ley de rentas para proteger el derecho a la vivienda

En el año 2024, durante el lapso en que estuve al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, envié al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Civil con el objeto de que el ajuste anual al monto de la renta de vivienda de alquiler no sobrepasara el índice inflacionario.

Los medios de comunicación de extrema derecha han puesto el grito en el cielo, diciendo que esta disposición violenta el derecho a la propiedad o a la libre contratación. Estas afirmaciones son falsas. Son una falacia. La figura del tope a los incrementos ya existía. El Código Civil establecía un límite a los aumentos de la renta del 10 por ciento.

Sin embargo, el problema radicaba en que se trataba de un tope muy elevado, muy por encima del índice inflacionario al de la época actual. Mientras la inflación ha oscilado entre 3 y 5 por ciento, la renta podía elevarse hasta 10 por ciento. En otras palabras, la renta subía a un ritmo superior al costo de la vida. Es más, se convertía en un detonador del incremento general del costo de la vida.

Las consecuencias sociales de dicha medida fueron muy negativas. Para las personas de más bajos ingresos, el pago de la renta llegó a representar hasta el 50 por ciento de sus gastos familiares. Además, ese incremento excesivo se convirtió en un mecanismo gentrificador, pues fue expulsando a los más pobres y a la clase media popular de las zonas más céntricas o valorizadas. El tope de 10 por ciento tenía sentido con una inflación de dos dígitos, pero no con una inflación de un dígito.

Ahora los dueños de vivienda de alquiler podrán seguir ajustando el cobro de la renta, pero no más allá del costo de la vida. No perderán, no se devaluará su inmueble, seguirán manteniendo una utilidad derivada de rentar su propiedad, pero lo harán de acuerdo a reglas más justas. Así, se fortalece la función social de la propiedad. El famoso casero no perderá, pero el inquilino tampoco.

Las y los trabajadores, las y los estudiantes universitarios, las y los profesionistas, las y los empleados de empresas privadas o instituciones públicas, todas y todos ellos, son beneficiados y protegidos por la nueva legislación.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó una impugnación contra dicha reforma y resolvió que la misma es constitucional. Para garantizar el derecho a la vivienda, es importante la construcción de vivienda de interés social, tanto para adquisición como para renta, así como un amplio conjunto de medidas de desarrollo urbano y de carácter fiscal y crediticio. La llamada Ley de Renta de Vivienda es una de ellas.

POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)

@MARTIBATRES

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