Los Cabos: el feminicidio que amenazaría el silencio de la policía
El feminicidio de Citlali López Rendón no sólo estremeció a Baja California Sur, también empezó a exhibir las grietas internas de una corporación policiaca señalada desde hace tiempo por presuntos abusos, encubrimientos y redes de protección que hoy vuelven a colocarse bajo sospecha.
Citlali tenía 24 años y era agente de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Los Cabos. El pasado 11 de marzo de 2026 recibió un disparo en la espalda dentro de las propias instalaciones de la policía municipal, específicamente del director operativo Edilberto Miramontes Gámez, su jefe inmediato.
La versión inicial intentó manejar el hecho como un accidente, desde el gobierno municipal, encabezado por Christian Agúndez Gómez, se difundió que el disparo habría ocurrido mientras un mando policiaco manipulaba un arma de fuego. Pero conforme avanzaron las investigaciones, esa narrativa comenzó a derrumbarse.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Antonio López Rodríguez, activó el protocolo de feminicidio con perspectiva de género y las indagatorias de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto terminaron por reclasificar el caso. Lo que primero intentaron tapar como un accidente se convirtió en una acusación formal por feminicidio agravado.
El señalado, Edilberto Miramontes Gámez, entonces comandante operativo de la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos y exdirector de la Policía Preventiva municipal. El mismo hombre que sostenía el arma que terminó con la vida de Citlali.
Pero el caso tomó otra dimensión cuando comenzaron a aparecer conexiones que hoy resultan imposibles de ignorar. En julio de 2025, seis elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) fueron detenidos por desaparición forzada. Entre los arrestados estaba Alejandra “N”, hermana de Edilberto Miramontes.
De acuerdo con testimonios y líneas de investigación, Citlali no era únicamente compañera y subordinada del comandante, también era considerada una pieza relevante dentro de las investigaciones que seguía la Procuraduría y estaba próxima a rendir declaración sobre esa red de policías acusados de privaciones ilegales de la libertad.
Es decir, Citlali estaba por convertirse en testigo clave dentro de una investigación delicada y el hermano de una de las principales imputadas ahora es presuntamente responsable de su feminicidio.
Fuentes dentro de Los Cabos aseguran además que Miramontes no creció solo dentro de la estructura policiaca, hay quienes apuntan hacia Carlos Beltrán, poderoso oficial mayor del ayuntamiento, como uno de los principales impulsores de su carrera dentro de la corporación.
La sospecha que hoy empieza a crecer entre elementos policiacos y dentro de las propias investigaciones es todavía más grave: que detrás del feminicidio pudo existir un intento por proteger intereses, silencios y posibles secretos relacionados con la Unidad de Reacción Inmediata.
Finalmente, el 18 de marzo arrancó la audiencia inicial contra Miramontes en el Centro de Justicia Penal de Los Cabos. Tras varias horas de diligencias, el juez de control determinó vincularlo a proceso por feminicidio agravado y ordenó prisión preventiva oficiosa en el CERESO mientras continúa el proceso penal.
El procurador estatal, Antonio López Rodríguez, presume que los feminicidios registrados este año en Baja California Sur ya fueron judicializados. Sin embargo, el caso de Citlali López Rendón difícilmente podrá cerrarse únicamente con una vinculación a proceso.
Aquí están en juego varios temas: esclarecer el feminicidio de Citlali, saber hasta dónde llegan las redes de protección dentro de la policía municipal de Los Cabos y cuántos silencios más siguen enterrados detrás de un uniforme que involucra al gobierno de Christian Agúndez.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV
PAL
