Sindicatos se aferran al MRO de la vieja Mexicana
CONTINÚA LA PRESIÓN de los sindicatos de la extinta Mexicana de Aviación para iniciar el proceso de venta del MRO, bajo el argumento de contar con recursos para poder resarcir a los trabajadores de la otrora principal línea aérea del país, que dejó de operar desde 2010.
(Créditos: El Heraldo de México)
El taller de mantenimiento fue el único activo de Mexicana que continuó dando servicio, luego de que el Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga Andrade, llevara a la quiebra a la compañía.
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El valor del MRO, que dirige Oscar Argüello, se sustenta en buena medida en la probada experiencia de su gente y el importante número de operaciones que realizaba, aspectos que al paso del tiempo se han ido desdibujando hasta ponerla al borde de su desaparición.
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La salud financiera de esa empresa se ha visto afectada por la cancelación de importantes contratos y la reducida posibilidad de realizar ajustes en su estructura orgánica.
Lo anterior no ha permitido aprovechar su posición estratégica, considerando que se encuentra dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige el almirante Juan José Padilla Olmos.
La venta del MRO de Mexicana es un compromiso que está pendiente desde las administraciones de los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
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Y a pesar de la oportunidad que ello representa para ayudar a los extrabajadores de la malograda aerolínea, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a cargo de Carlos Merino, había confirmado que el taller no estaba a la venta.
Habrá que esperar cómo reaccionan las autoridades laborales y aeronáuticas del país, y aguardar a conocer las condiciones en las que los integrantes del Comité Técnico del Fidecomiso Invex finalmente aprueben el proceso de venta.
Se espera que las reglas sean claras y sencillas para evitar una venta cuyo objetivo sea cerrar sus operaciones y migrar clientes hacia tierras salvadoreñas, de donde es Roberto Kriete, a quien ASA se lo quiere asignar.
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UN TOTAL DE dos mil 406 empresas han sido sancionadas por intentar obtener contratos públicos mediante información falsa, de acuerdo con registros de las autoridades federales. Estas compañías buscaron acceder de manera irregular a adjudicaciones gubernamentales y, al ser detectadas, fueron multadas e inhabilitadas para participar en nuevas contrataciones. Desde 2005, las sanciones acumuladas superan los dos mil 182 millones de pesos. Las empresas involucradas fueron incorporadas al directorio de proveedores y contratistas sancionados del gobierno federal. Entre las dependencias con mayor número de casos destacan el IMSS, que encabeza Zoé Robledo; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que lleva Raquel Buenrostro, y la Secretaría de la Defensa, que comanda Ricardo Trevilla. Las medidas impuestas incluyen periodos de inhabilitación que van de tres meses a dos años.
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LA EMPRESA ARRENDO Serv, que obtuvo un contrato de hasta cuatro mil 838 millones de pesos con Pemex para el arrendamiento de vehículos especializados, se encuentra bajo escrutinio por presuntos vínculos con actores políticos. La compañía fue constituida en 2013 ante una notaría relacionada con personajes cercanos al llamado Grupo Tabasco. En el medio se asegura que detrás de esa compañía adjudicada, en la que aparecen como accionistas visibles José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo, están el todavía senador morenista Adán Augusto López y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, Andy López Beltrán. En el sector energético cada vez es más recurrente encontrar las manos de la parentela con ascendencia en la finca La Chingada. No es que el malogrado exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, haya entregado ese negocio multimillonario por decisión propia: recibió una orden del más alto nivel a la que ni la secretaria de Energía, Luz Elena González, pudo oponerse.
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EL EXEMBAJADOR DE Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que intentó comunicarse en, al menos, cuatro ocasiones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024. Según relató, su objetivo era aclarar que el gobierno estadounidense no tuvo conocimiento previo de la operación ni realizó acciones no autorizadas en territorio mexicano. Salazar señaló que buscó informar directamente a las autoridades mexicanas para evitar versiones que sugirieran una violación a la soberanía nacional. El exdiplomático sostuvo que ni agentes estadounidenses, ni aeronaves oficiales, ni personal de su gobierno, participaron en una operación dentro de México. Sus declaraciones ocurren en medio de la controversia generada por las diferentes versiones sobre las circunstancias de la captura del líder del Cártel de Sinaloa.
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LA SECRETARÍA DE Turismo adjudicó un contrato por 4.5 millones de pesos a la empresa Apunta TV para desarrollar una campaña de promoción turística en Brasil. La estrategia combinará acciones digitales y presenciales con el objetivo de incrementar la intención de viaje hacia México y reforzar el mensaje de que actualmente existen mayores facilidades para visitar el país. De acuerdo con la Secretaría encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, el proyecto estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026. La campaña busca recuperar el flujo de turistas brasileños, afectado desde 2022 por los requisitos migratorios implementados para visitantes de ese país. Las autoridades consideran que representa un mercado estratégico para diversificar los países emisores de turistas hacia México.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
EEZ
