Cruz Azul, en la mira de las autoridades

LOS PROBLEMAS NO terminan para La Cooperativa Cruz Azul y, en particular, para sus dos principales operadores: Víctor Manuel Velázquez, el prácticamente autonombrado director general de la Cooperativa, y su director jurídico, Rafael Anzures Ortiz. Ahora ya no se trata sólo de disputas internas entre cooperativistas.

De acuerdo con información en poder de esta columna, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantienen abiertas diversas líneas de investigación derivadas de denuncias presentadas en su contra.

Gran parte de esas investigaciones tienen como origen las declaraciones de Juan Manuel Briseño, exdirector Financiero de Cruz Azul, actualmente preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Sostiene que fue encarcelado después de negarse a participar en las constantes operaciones presuntamente ilícitas encabezadas por Velázquez y Anzures. Según Briseño, entre 2020 y 2026, ambos habrían desviado miles de millones de pesos del patrimonio de la Cooperativa.

Hace unos días le adelanté la existencia de más de cinco mil millones de pesos en presuntas operaciones dirigidas a despachos de abogados, entre ellas, una transferencia cercana a los 400 millones de pesos a una empresa que apenas tenía un mes de haber sido constituida legalmente.

Pero eso es sólo una parte del expediente que pesa sobre la Cooperativa que por años controlara el recién fallecido Billy Álvarez.

A las declaraciones de Briseño se han sumado múltiples denuncias de cooperativistas que han solicitado permanecer en el anonimato por las amenazas que, aseguran, reciben quienes cuestionan la administración de Velázquez y Anzures.

Los denunciantes describen un patrón que, de acreditarse, podría configurar diversas conductas delictivas: diferencias entre los ingresos reportados al SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y las operaciones reales.

Asimismo, manejo de grandes cantidades de efectivo, triangulación de recursos, utilización de empresas sin capacidad material o presuntamente fantasma, desvío de recursos, adquisición de bienes de alto valor en México y Estados Unidos, así como mecanismos de simulación para ocultar el verdadero origen, destino y beneficiario de los recursos.

Incluso, algunas de las denuncias sostienen que parte de esos recursos podrían estar vinculados con organizaciones criminales identificadas como cárteles, una línea de investigación que ya estaría siendo analizada por las autoridades federales.

La presión sobre la cúpula de Cruz Azul crece semana tras semana. Lo que durante décadas fue una de las cooperativas más importantes de América Latina, hoy enfrenta investigaciones que podrían convertirse en uno de los casos de presunta corrupción corporativa más relevantes de los últimos años.

Mientras tanto, entre cooperativistas, abogados y exdirectivos persiste una versión que cada vez se escucha con más fuerza: que Víctor Manuel Velázquez y Rafael Anzures Ortiz continúan gozando de protección al interior de la FGR, particularmente por parte de un fiscal. Esa protección, afirman quienes los denuncian, no sería gratuita.

Se trata de una acusación de la mayor gravedad. De confirmarse las hipótesis planteadas en las denuncias, implicaría que un alto funcionario cercano a Ernestina Godoy habría recibido recursos provenientes de una empresa que, según los propios expedientes y los denunciantes, estaría vinculada con operaciones de lavado de dinero.

Por ello, corresponderá a las autoridades esclarecer con absoluta transparencia si dichos señalamientos tienen sustento o si, por el contrario, carecen de fundamento. El silencio, en un asunto de esta magnitud, sólo alimenta las sospechas.

EL CASO QUE se está calentando es el del MRO de Mexicana. La situación de la base de mantenimiento está ya en un punto de inflexión, luego de que la semana pasada los miembros del sindicato que integran el Comité Técnico del Fideicomiso Invex, encargado de venderlo y que resguarda el activo, de plano impidieran la entrada a las instalaciones a la gente de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que es el que preside dicho comité. Los trabajadores de tierra del SNTTTAS, de Miguel Ángel Yudico; de sobrecargos de ASSA, que lleva Rafael Munguía, y los pilotos de Aspa, al mando de Jesús Ortiz, se oponen a que el organismo dirigido por Carlos Merino le asigne el MRO a un grupo liderado por Roberto Kriete, fundador de TACA y de Volaris. Y es que en el escenario habría más interesados que ofrecen mejores condiciones que los salvadoreños, que incluso enfrentarían restricciones de la Comisión Nacional Antimonopolio, que preside Andea Marván, por ser dueños ya de una base de mantenimiento similar en Querétaro. En ese contexto, el MRO de Mexicana estaría ya al borde de la insolvencia y a un tris de ser llevada a Concurso Mercantil por alguno de sus acreedores.

LAS TENSIONES ENTRE el Partido Verde y Morena se han intensificado en el Estado de México rumbo a las elecciones de 2027. De acuerdo con versiones internas, el partido de Jorge Emilio González busca conquistar hasta 30 municipios mediante una estrategia de posicionamiento propio, diferenciada de la imagen de la llamada Cuarta Transformación. Esta postura ha generado inquietud en sectores del partido que comanda Ariadna Montiel que buscan mantener la unidad de la mancuerna oficialista. El tema cobra relevancia, porque la alianza será una pieza clave para la recta final del gobierno de Delfina Gómez. Dirigentes morenistas consideran que algunas campañas impulsadas por el Verde han marcado distancia de las administraciones encabezadas por la 4T. Entre los nombres que destacan en esta estrategia se encuentra el exgobernador Eruviel Ávila, actualmente vinculado al partido ecologista. El escenario anticipa negociaciones y posibles tensiones entre los aliados de cara a los comicios del próximo año.

LA FISCALÍA GENERAL de la República (FGR) detuvo el viernes pasado a Alejandro Mario Álvarez Puga en Cancún, Quintana Roo, por su presunta participación en delitos de carácter fiscal. El detenido es hermano del facturero Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, ambos prófugos de la justicia mexicana, y estuvo también vinculado al despacho Álvarez Puga & Asociados. La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Marina, que capitanea Raymundo Pedro Morales. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de un juez federal en el Reclusorio Sur. De acuerdo con la FGR, la orden de aprehensión está relacionada con una presunta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

ALONSO ANCIRA AÚN mantiene pendiente el pago de 112.5 millones de dólares como parte del acuerdo de reparación del daño por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex. De acuerdo con la valuación realizada por el Indaabin, que dirige Pablo Israel Escalona, la operación registró un sobreprecio superior a 216 millones de dólares, monto que dio origen al convenio reparatorio. Ancira cumplió con dos pagos efectuados en 2021 y 2022, pero incumplió la tercera exhibición programada para noviembre de 2023. Ante esta situación, la FGR solicitó la reanudación del proceso penal. El empresario argumentó dificultades financieras y pidió una prórroga para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, diversos recursos legales y juicios de amparo han retrasado la conclusión definitiva del caso. El expediente Agronitrogenados continúa siendo uno de los casos de presunta corrupción más relevantes vinculados a Pemex y a la gestión de Emilio Lozoya. 

PAL