Cruz Azul y la danza de los casi 5,000 mdp en abogados
UNO DE LOS elementos clave para la toma de Cooperativa La Cruz Azul, por parte del grupo de Víctor Manuel Velázquez Rangel, fue Juan Briseño.
Hoy está preso en el Reclusorio Sur, y desde tiempo atrás ostentaba la posición de director financiero de la organización social.
Pues bien, frente a las denuncias del propio Briseño, quien afirma haber sido víctima de un complot para que Velázquez y Rafael Anzures tomaran el control financiero, hoy a cargo de Alejandra Velázquez, prima de Víctor, se filtran pagos por varios miles de millones de pesos.
Recursos que la actual directiva ha desembolsado del capital cooperativista para sostenerse en el poder y enfrentar el terremoto de demandas en su contra, todo, presuntamente desfalcando al erario cooperativista y al SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino.
En tan sólo un par de años, esto hasta principios de 2025, Velázquez ordenó, a través de la dirección jurídica, el pago a abogados por la nada despreciable cantidad de más de cuatro mil 500 millones de pesos.
Para ser exactos: cuatro mil 730 millones 868 mil 652 pesos con 71 centavos, entre facturas en pesos y dólares.
Entre los despachos mencionados destacan Corporativo Administrativo Tamile, que recibió en tan sólo dos años 586 millones 993 mil 131 pesos; LJAB Abogados, creado apenas en 2021, y cuyos integrantes han cobrado 400 millones 877 mil 309 pesos; García González y Barradas, con 512 millones 473 mil 886 pesos en tan sólo 24 meses; Ramírez Ornelas, con 208 millones 198 mil 736 pesos; Manuel Fletes, socio de Anzures, y Anzures Téllez y Asociados, con 246 millones 811 mil 890 pesos, en conjunto entre 2021 y 2022.
Esta última firma es propiedad de Rafael Anzures, actual director jurídico de la cooperativa, quien además percibe un sueldo en un claro conflicto de intereses.
También aparece José Luis García Miranda, abogado que representa también a la parte contraria a Velázquez, y que hoy percibe pagos de igualas por más de 61 millones de pesos entre los años 2021 y 2025.
Asimismo, figuran despachos como AB & AGM Abogados; Aguinaco Bravo Fabián María; Contreras, Palacios y Hernández Colín; Martz Legal Group; Consultoría Integral Cierra; García Alcocer Abogados y Ramírez Ornelas.
Este último bufete de Gerardo Ramírez Ornelas destaca, porque ahí trabajó Renata Velázquez Reynoso, hoy colaboradora de la ministra Loretta Ortiz, quien públicamente dijo ser “querida amiga” de Víctor Manuel Velázquez.
Ante la detención, que según señala Juan Briseño fue montada, y diversas acusaciones sobre supuestas carpetas de investigación fabricadas como mecanismo de extorsión, se han destapado una serie de escándalos financieros.
No únicamente por estos gastos que apuntan a un desfalco cooperativista, sino también por los ya señalados públicamente fraudes a la hacienda pública mediante la compra ficticia de insumos, tanto en nuestro país como en el extranjero, así como presuntos acuerdos con integrantes del
Poder Judicial.
Esta es apenas la punta del iceberg de la corrupción en la cementera que en su momento controlara Billy Álvarez, que hace apenas ocho años ocupaba la segunda posición del mercado y daba empleo a más de 25 mil familias.
Hoy, se presume, opera a una cuarta parte de su capacidad y da empleo a menos de seis mil trabajadores.
PEMEX ACUMULÓ UNA pérdida de 478 mil millones de pesos entre octubre de 2024 y marzo de 2026, bajo la dirección todavía de Víctor Rodríguez Padilla, una cifra que da una dimensión del deterioro reciente. Y que es más impresionante al compararse con el gasto público federal, al colocarse a la par de programas sociales y por encima de dependencias clave. Algo que evidencia un modelo que sigue generando más pérdidas que valor. Aun así, el antecedente inmediato de Octavio Romero Oropeza es todavía peor, dejando un quebranto cercano al doble en un periodo similar. Ese contraste no alivia la situación actual, pero sí muestra que el problema es constante. La gestión de Rodríguez Padilla ocurre sin el choque extremo de precios visto en 2020, lo que elimina uno de los principales atenuantes del pasado.
LAS CIUDADES SEDE mexicanas del Mundial 2026 registran precios promedio de hospedaje por debajo de mil 80 pesos por persona por noche, según Airbnb, que encabeza Ángel Terral. La cifra coloca a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey entre las opciones más accesibles del torneo, con costos hasta 60% menores frente a sedes en Estados Unidos y Canadá. El dato muestra una estrategia de captación basada en volumen y diversidad de oferta. El hecho de que 79% de los alojamientos completos se mantengan por debajo de cuatro mil 300 pesos por noche confirma un mercado que prioriza disponibilidad sobre exclusividad. Sin embargo, esta accesibilidad también sugiere un límite en el potencial de ingresos por unidad, en contraste con otros destinos del mismo evento. La llegada de anfitriones ocasionales anticipa una expansión temporal de la oferta que puede diluir aún más los precios.
DOS MILLONES DE mexicanos viajaron al extranjero por vía aérea entre enero y marzo, un aumento de 14.3% que marca el ritmo del turismo emisor en 2026. El dato no sólo muestra más salidas, también mayor gasto, que fue mil 524 millones de dólares en el trimestre, con un crecimiento cercano a 20 por ciento. El Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC), que dirige Francisco Madrid, lo ve como un crecimiento sin precedentes, impulsado en parte por la fortaleza del peso frente a otras monedas. En ese contexto, el gasto promedio por viajero, de 966 dólares, confirma una mayor capacidad de consumo fuera del país. La tendencia apunta a una reasignación del gasto hacia experiencias internacionales más que al consumo interno. Mientras el turismo emisivo crece, la presión sobre destinos nacionales se mantiene.
LA COMISIÓN NACIONAL Bancaria y de Valores, que encabeza Ángel Cabrera, ajustó el cálculo del estándar TLAC para reforzar la capacidad de los bancos mexicanos de absorber pérdidas en escenarios de crisis. La modificación introduce un ajuste técnico que permite descontar 3.5% de los activos ponderados por riesgo en el requerimiento de capital. Con el respaldo de Banxico, la medida busca afinar la alineación con reglas internacionales, pero también revela la necesidad de fortalecer defensas internas. El TLAC es el colchón que evita trasladar crisis bancarias al erario. La actualización llega en un contexto donde la estabilidad financiera se da por sentada, aunque depende de ajustes constantes como este. El plazo de cuatro meses para adecuaciones marca un margen acotado para que los bancos incorporen los cambios.
PAL
