¿Elección judicial en 2027?
El año próximo se realizaría el segundo episodio que llevaría a las urnas la decisión de votar a jueces y magistrados para completar la sustitución de todos los titulares de órganos jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación.
Esto significa que en 2027, además de votarse la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 congresos locales y ayuntamientos en 31 entidades, también se estaría eligiendo a los jueces y magistrados federales que concluyen su encargo conforme a la reforma. La logística sigue siendo un gran inconveniente para que los ciudadanos tomen sus decisiones frente a las boletas, un auténtico galimatías que ya tuvo un primer episodio con los acordeones, que dirigieron el sentido de la elección para favorecer a un gran número de oportunistas previamente palomeados por el Ejecutivo y el partido del régimen.
Como ya lo determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la efectividad del voto y la libertad real de los electores en condiciones de equidad fueron inexistentes en el modelo de sufragio que atestiguamos en 2025. Los acordeones promueven perfiles obedientes, en su mayoría impreparados que no cubren las mínimas condiciones para ejercer como peritos en derecho.
Poner atención en la elección judicial obliga a denunciar que ese proceso careció de legitimidad y credibilidad. El objetivo se encaminó a desarticular una estructura, que aunque perfectible, brindó condiciones de profesionalismo e independencia que han desaparecido con la integración actual de la Corte y el Órgano de Administración Judicial. El resultado salta a la vista, México perdió un cimiento básico de la que fue su democracia constitucional.
De ahí la importancia del análisis dado a conocer por la CIDH ante la petición de 65 personas juzgadoras que han expuesto y probado los atropellos que implican la reforma judicial. El resultado de la intervención de este organismo internacional fue el emplazamiento al Estado Mexicano para responder en 4 meses sobre las violaciones expuestas, es decir, a mediados de julio de 2026. Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga la versión de los denunciados, el tema entraría a la etapa de resolución del fondo con un pronunciamiento que anticipo sería condenatorio, sin duda.
El daño es irreversible, sin embargo visibilizarlo ante instancias internacionales obligaría a replantear definitivamente la elección judicial de 2027 y el mecanismo de ese esquema pernicioso. Los juzgadores mexicanos que presentaron el caso buscan lograr correcciones a la reforma, bajo la premisa de que el gobierno de Claudia Sheinbaum reconozca que se incurrió en graves violaciones a los derechos humanos, algo prácticamente imposible.
En la actualidad los juzgadores sobrevivientes a la tómbola y la elección de 2025 son el pie fuerte de conocimientos técnicos, experiencia y guía en un mundo de novatos e improvisados invidentes producto del dedazo para desaparecer la carrera judicial.
Pedir coherencia a la clase política gobernante encabezada por la Presidenta, es un espejismo en el desierto. Sólo una presión internacional sostenida podría tener eco en las condicionantes del tratado comercial que se negocie con Estados Unidos, lo que posiblemente daría como resultado un replanteamiento a la reforma de los acordeones. ¿Qué certeza jurídica e imparcialidad en la solución de controversias judiciales desean tener las empresas e inversionistas extranjeros que sigan apostando por México? Estamos por saberlo.
EDICTOS
Se ha ido un pésimo canciller, Juan Ramón de la Fuente tiró a la basura el prestigio que alcanzó como Rector de la UNAM a cambio de posiciones con la 4T. Fue un secretario ausente y timorato, será recordado por este tramo lamentable de su vida profesional. El joven que asume, mayormente popular por el episodio de los cacahuates en reuniones bilaterales de alto nivel, seguirá siendo empleado de su padrino Marcelo Ebrard, que desde el escritorio en la Secretaría de Economía controlará también Relaciones Exteriores.
@jenroma27
