Estrategia contra el tráfico de armas impacta a nivel internacional

La estrategia jurídica del gobierno mexicano contra el tráfico de armas sigue activa y ha impactado a nivel nacional e internacional, aseguró el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha Olabuenaga.

En entrevista con El Heraldo de México, el integrante de la Cancillería mexicana rechazó que el plan legal contra tiendas de armas en Estados Unidos esté frenado, pues aunque la Corte Suprema de Estados Unidos desechó el año pasado la demanda promovida en Boston contra fabricantes de armas, esa decisión no afectó el litigio contra vendedores iniciado en Arizona, pues este avanza y el panorama es positivo.

La demanda está en la etapa de descubrimiento de pruebas, que es una fase previa al juicio, y hasta que este comience, se podrán dar los argumentos jurídicos de fondo.

“(La etapa de discovery es) la negociación de los parámetros de cuál va a ser el marco probatorio que vamos a utilizar y en paralelo lo que sí estamos haciendo a nivel interno, también con la ayuda evidentemente de nuestro despacho de abogados, es trabajar en recabar internamente ese cúmulo de pruebas que eventualmente serían las que entregaríamos a la jueza ya en materia del litigio”, explicó.

Más demandas no están descartadas, pero, por ahora, dijo, no existe la instrucción de presentar otra, pues el enfoque está en la de Arizona.

“También hay que ser muy inteligentes y estratégicos en cuándo y cómo llevar a cabo estas estas acciones jurídicas, porque evidentemente no es una cosa menor emprender un litigio contra una entidad privada, pero sobre todo en una corte extranjera y sometiéndose a una legislación extranjera, pero seguimos trabajando con nuestro equipo de abogados, que son los que siguen llevando el caso en Arizona”, señaló.

La primera demanda de México se presentó en agosto de 2021 en Boston con un reclamo principal: la responsabilidad de las empresas por la comercialización negligente de armas, que facilita el tráfico ilícito y deriva en la violencia que ha arrebatado vidas.

El gobierno mexicano fue pionero en realizar una estrategia de este tipo al señalar directamente a la industria armamentista.

Su plan estuvo acompañado de otras acciones como la solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta se pronunciara sobre la posible responsabilidad de empresas y de los Estados por violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal.

El resultado de esa petición llegó el pasado 5 de marzo, cuando el tribunal regional señaló que los Estados deben actuar con la debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas.

Para Arrocha Olabuenaga, la Corte Interamericana validó los argumentos que México planteó en los dos litigios que inició en Estados Unidos, además que, destacó, la opinión consultiva tiene un impacto a nivel nacional e internacional.

“A nivel regional, sí sienta un mínimo de bases, un nuevo piso de cuáles deberían de ser las condiciones mínimas en las que los estados deberían de operar, no solamente con su regulación interna, pero una regulación que también trasladen bajo debida diligencia a las empresas en la fiscalización que hagan de las empresas y lo que las propias empresas solas deberían de estar cubriendo y cuidando”, resaltó.

Durante el proceso de elaboración de la opinión, 64 entidades, entre Estados, organizaciones de la sociedad civil, expertos independientes, y la academia enviaron sus comentarios a Corte IDH para robustecer su análisis.

“De esos 64 escritos, 62 eran positivos y afines a la posición mexicana, incluidos algunos de algunos países, solamente hubo dos escritos que no se alineaban con la posición de México, de Estados Unidos gobierno y de una entidad privada que se llama National Shooting Sports Foundation”, indicó.

Con esta opinión consultiva, aseguró, se mostró que el problema no es solamente de México, sino de la región.

“Fue una forma de demostrar que no se trata solamente de una queja que le afecte exclusivamente a México y que es un problema simplemente de México frente a Estados Unidos, sino que refleja que se trata de una problemática regional que tenemos que atender en las Américas”, enfatizó.

El funcionario consideró oportuno el momento en que se emitió la opinión de la Corte IDH porque también avanza la cooperación entre México y Estados Unidos.

“También está avanzando la cooperación bilateral con Estados Unidos y donde ya se ha puesto, gracias al liderazgo de la presidenta Sheinbaum y al impulso del canciller Juan Ramón de la Fuente, el tema del tráfico de armas como parte prioritaria en las mesas de diálogo de seguridad, pues la opinión consultiva de la Corte, insisto, no podría ser más oportuna porque refrenda la necesidad de abordar ese aspecto, incluida también la obligación de que las víctimas puedan tener un recurso efectivo para una reparación”, destacó.

-¿Y la estrategia jurídica dependería también, en gran medida, de la negociación o el diálogo que exista entre funcionarios del gobierno mexicano y Estados Unidos?-, se le cuestionó.

“Yo diría que sí, pero lo agregaría con un componente adicional, no solamente de la colaboración que hay en el diálogo, sino de los resultados que esto arroja. Yo creo que, evidentemente, mientras más estrecha sea la colaboración y el diálogo y que se traduzca en resultados tangibles, entonces es que también podremos ir haciendo un mejor cálculo de qué es lo que se necesita o también si las estrategias están funcionando o cómo podríamos contribuir a fortalecer todavía más esos controles”, dijo.

Destacó el incremento de armas decomisadas en Estados Unidos, que pretendían ingresar a México.

Al año entran entre 200 mil y 500 mil armas al país de forma ilegal, señaló.

Arrocha Olabuenaga aseguró que se debe esperar el efecto de la opinión consultiva en Estados Unidos, principalmente en los grupos que buscan un mayor control del armamento.

PAL