Fiscalía abrió investigaciones previas contra jueces constitucionales Alí Lozada y José Luis Terán
La Fiscalía General del Estado inició investigaciones previas en contra de los jueces de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada y José Luis Terán, luego de que la Contraloría General del Estado emitió Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales juramentadas.
El juez Lozada fue notificado por Fiscalía el pasado 24 de marzo, a través de su esposa y, posteriormente, a su abogado Felipe Rodríguez; mientras que el magistrado Terán fue notificado en su despacho, la tarde del 1 de abril.
Esto pese a que Lozada, en su cuenta de X, aseguró que no había sido notificado sobre el informe de la Contraloría General del Estado. Aunque el contralor general del Estado, Mauricio Torres, aclaró que al juez Alí Lozada se le comunicó sobre el examen especial a su patrimonio.
“Hubo la comunicación de resultados. Tuvo el borrador y tuvo, encima de eso, los cinco días adicionales para que entregueinformación y, de acuerdo a eso, son resultados que han salido”, puntualizó.
De acuerdo con informes a los que este Diario tuvo acceso, la Contraloría concluyó que Lozada, quien fue presidente de la CC, no ha justificado más de $ 25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.
En el caso de Terán, se observó que no pudo justificar documentadamente el origen de más de $ 70.000, una parte encontrada en algunas de sus cuentas bancarias y otra usada para pagar una deuda bancaria y de tarjetas de crédito.
Sobre estas acciones de control a los patrimonios de los jueces de la CC, el contralor repasó que estos exámenes se realizan desde el año pasado, por lo cual, aclaró, no es algo nuevo.
El funcionario precisó que, actualmente, la Contraloría General examina el patrimonio de seis jueces de la CC, de los cuales, tres exámenes de jueces ya terminaron, tres están en ejecución y tres van a empezar.
“Los exámenes de Contraloría, especialmente de patrimonio, tienen dos tipos de informes: el informe general o el informe con indicios de responsabilidad penal. Cuando hay un informe general, se le notifica al auditado que salió un informe general. Cuando es IRP, lo que se hace es mandar a la Fiscalía y es la que abre la investigación y determinará si es que hay o no hay el enriquecimiento ilícito", dijo Torres en entrevista con el programa Del día a la noche, este miércoles, 1 de abril. (I)
