Impulso
Hay decisiones de Gobierno que cambian la vida de miles de personas. Una de ellas es el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el programa Volver a Crecer INDEP-FNDL, porque, además de borrar deudas en papel, quita un peso real a quienes sostienen el país: nuestras y nuestros productores.
Muchas y muchos pequeños agricultores quedaron atrapados en créditos impagables. La extinta Financiera Nacional de Desarrollo terminó siendo una carga en lugar de un respaldo. Pero lo que hoy se plantea es distinto, es reconocer ese problema, corregirlo y abrir una nueva oportunidad.
Liberar deudas a cerca de 70 mil personas significa devolverles margen de maniobra, capacidad de decisión y, sobre todo, dignidad, porque cuando una productora o un productor está ahogado por compromisos financieros no siembra con plena libertad, y un campo que produce con miedo difícilmente puede sostener a una nación.
Por ello, el anuncio adquiere una dimensión más profunda, pues más que justicia financiera es soberanía alimentaria. En un mundo donde los alimentos se han vuelto también instrumentos de presión económica, garantizar que México pueda producir lo que consume constituye una apuesta estratégica que fortalece a quienes trabajan la tierra.
El programa se articula, además, con otras políticas que apuntan en la misma dirección: precios de garantía, impulso a cultivos como el frijol, acompañamiento a pequeñas y medianas personas productoras. Es una visión integral que entiende que el campo no puede seguir siendo el eslabón más débil de la economía nacional.
También hay otro componente que vale la pena subrayar. Durante mucho tiempo se normalizó que los errores institucionales los pagaran las personas más vulnerables con créditos mal diseñados, contratos irregulares, despachos que operaban sin control. Hoy se rompe con esa lógica; se revisa, se corrige y se sanciona.
Volver a Crecer es una declaración de intención. Significa dar al campo la posibilidad de empezar de nuevo, pero con reglas más claras, con acompañamiento real y con una visión de largo plazo. Significa entender que la justicia social también supone crear las condiciones necesarias para que la gente —del campo, en este caso— salga adelante con su propio esfuerzo.
Defender la soberanía también implica construir desde lo cotidiano, desde una parcela que vuelve a sembrarse sin deudas, desde un pueblo que recupera su capacidad productiva, desde una mujer productora rural que deja de cargar con un crédito imposible.
Este impulso al campo mexicano es una apuesta política, ética y justa, pues cuando se apoya a quienes producen los alimentos que consume el país se fortalece la economía y se protege algo más profundo, la capacidad de un país para sostenerse a sí mismo. Y eso, en tiempos como los que vivimos, se llama soberanía alimentaria.
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