"La Ley de Amnistía es un elemento más del aparato represivo y no como un gesto real"
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En materia de derechos humanos, casi todo sigue igual en la Venezuela del chavismo reciclado nacido tras la captura de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero. Así de claro lo tiene Amnistía Internacional (AI), pese a la publicación de la polémica Ley de Amnistía, vigente desde febrero en el país caribeño y que la propaganda revolucionaria vende como principal herramienta para reconciliación del país.
"La Ley de Amnistía se empieza a construir como un elemento más del aparato represivo y no como un gesto real para la liberación de las personas y la garantía de sus derechos. La ley se convierte en un mecanismo represivo más en un contexto de normalización de los crímenes de lesa humanidad", desvela Nastassja Rojas, directora adjunta de AI Venezuela.
"Es un patrón de actuación estatal que se repite, es un aparato represivo que se coordina y actúa. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica estatal que sigue vigente", añade la defensora de derechos humanos.
La ley chucuta (tramposa) impuesta desde Washington y elaborada de forma exprés por el círculo cercano de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del gobierno de facto, mantiene todavía entre rejas a 470 prisioneros políticos, según el Foro Penal. Es más, de las 700 excarcelaciones llevadas a cabo desde enero sólo la cuarta parte han ocurrido como consecuencia de la Ley de Amnistía.
Rojas destaca a EL MUNDO el caso del defensor de derechos Javier Tarazona, uno de los más reconocidos del país, que sufre todavía medidas cautelares ordenadas por el juez. Lo mismo sucede con buena parte de los beneficiados por la nueva coyuntura política del país, que no pueden gozar de la libertad por los intereses políticos del chavismo comandado por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, cabecilla del órgano legislativo revolucionarios.
"Esas excarcelaciones no significan el fin de la persecución", concluye Rojas. Otros activistas que han recuperado la libertad bajo condiciones son la hispanovenezolana Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, entre otros.
El Centro para los Defensores y la Justicia acreditó más de 400 ataques contra defensores de derechos humanos y al igual que AI recordó que el sistema de leyes represivas, también contra las organizaciones no gubernamentales, impuestas por el Palacio de Miraflores en tiempos de Nicolás Maduro sigue vigente.
De hecho, una de las cortinas de humo empleadas desde el nuevo poder bolivariano se basa en las acusaciones, desmentidas por las víctimas, contra organizaciones que apoyan a los presos políticos.
Crisis carcelaria
La presentación del informe anual de AI, con las libertades bajo asedio en la región, ha coincidido además con la crisis carcelaria en Venezuela. Según el Observatorio de Prisiones, al menos siete privados de libertad han muerto en las últimas horas, cinco de ellos durante el motín en la prisión del Yare III, con reconocimiento oficial incluido.
La prestigiosa organización de derechos humanos ha sufrido en sus propias carnes los tentáculos transnacionales de Caracas. Yendri Velásquez, gerente de campañas de AI en Venezuela, y el analista político Luis Peche fueron atacados por tres sicarios en octubre de 2025 en Bogotá. Recibieron 14 balazos, pero salvaron milagrosamente sus vidas. "Exigimos a la Fiscalía de Colombia, transcurridos más de seis meses, resultados sobre las personas responsables de este ataque", subraya Valentina Ballesta, directora de investigación para las Américas de AI.
En entrevista con EL MUNDO, Velásquez denuncia que la investigación sobre su atentado no avanza por la complicidad del Gobierno de Gustavo Petro con la dictadura revolucionaria. "El atentado forma parte de una estrategia para sembrar miedo y terror entre los refugiados venezolanos en Colombia (la diáspora en el país vecino supera las 2.800.000 personas), la continuación de la política de terror instaurada en Venezuela", sostiene Velásquez.
La organización de derechos humanos también destacó en su informe las ejecuciones extrajudiciales que se suceden en el Caribe y el Pacífico desde que EEUU desplegará sus efectivos navales para su operativo Lanza del Sur contra el Cártel de los Soles venezolano. Los ataques a las supuestas narcolanchas, que ya se han cobrado la vida de 160 personas, "muestran la postura de EEUU respecto a la seguridad en la región, en colaboración con otros países, como Ecuador y México. El poder militar de EEUU usado para violar los derechos humanos", destaca la organización. A día de hoy, con unas pocas excepciones, ni siquiera se conocen los nombres de las víctimas de una guerra contra las drogas basada en la impunidad.
"El llamado de AI es a que los estados no compartan información para facilitar estos operativos. El desconocimiento de los nombres de los ejecutados, apenas unos cuantos en Colombia, airea la falta de rendición de cuentas", sentencia Ballesta.
