Más de 200 presos políticos se declaran en huelga de hambre en el Rodeo 1, la cárcel chavista "del infierno"
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La chucuta (parcial, incompleta y deficiente) Ley de Amnistía y la lentitud de las autoridades en las liberaciones, pese a los compromisos del Gobierno, han provocado que más de 200 presos políticos se hayan declarado en huelga de hambre en la peor cárcel de América Latina. Muchos militares, que se saben excluidos de la ley forzada por Washington, y extranjeros encabezan la protesta en el Rodeo 1, el infierno en la tierra, como lo denominan expertos en derechos humanos.
En sus celdas resisten dos de los seis presos políticos hispanovenezolanos que todavía no han recuperado la libertad. Se trata del estudiante Fernando Noya (33 años), y del empresario Uaiparu Guerere (70). El primero, cuñado del capitán Antonio Sequea, a quien se unió a la Operación Gedeón en 2020 y fue detenido durante el desembarco fracasado, sufre ataques de ansiedad desde la semana pasada, ha confirmado a EL MUNDO su hermana, Verónica Noya.
Guerere, en prisión desde 2023, es otra de las víctimas de la maquinaria extorsiva que aplican oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El empresario regresó a Venezuela tras varios años de residencia en España para vender los restos de sus empresas, pero fue retenido por los agentes para robarle sus propiedades. Más tarde fue incluido falsamente en una supuesta conspiración. Como mucho, Guerere debería estar, por edad y tal como marca la ley, en arresto domiciliario.
Informaciones recogidas por familiares en el exterior del Rodeo 1 y transmitidas a EL MUNDO elevan a 213 presos los que están en huelga de hambre desde el viernes y, de ellos 81, sin comida y sin agua. La mayoría de los presos extranjeros se han sumado, incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo, en prisión desde hace más de 14 meses.
La principal demanda de quienes protestan es que se liberen de forma inmediata a los personas mayores y también a sus familiares. "No voy a desistir, varios están graves. Necesitamos apoyo médico y que avisen a la Cruz Roja y al cardenal Baltazar Porras", transmitió el capitán Sequea, que el 30 de abril de 2019 liberó a Leopoldo López, a su familia.
"Alertamos el precario estado de salud de la gran mayoría de los presos de conciencia que allí se encuentran. Exigimos la libertad plena, inmediata e incondicional de todos los presos políticos civiles y militares", reaccionó Juan Pablo Guanipa, número dos de la Plataforma Unitaria, quien recuperó la libertad plena horas después de la aprobación de la Ley de Amnistía.
Tres mujeres y un hombre conforman el resto del grupo de hispanovenezolanos que sueñan estos días con una libertad que no está garantizado por las propias trampas de la Ley de Amnistía, que no incluye entre sus beneficiados a quienes hayan participado en rebeliones u operaciones para provocar un golpe de Estado o un cambio de Gobierno.
El que lleva más tiempo entre rejas de todos los presos extranjeros de doble nacionalidad, desde 2017, es el comerciante Jorge Alayeto (53), quien permanece en el penal de Tocuyito acusado falsamente de financiar la Operación David, que consistía en el asalto al Cuartel Paramacay. Alayeto hospedó, sin saberlo, a uno de los participantes en esa operación.
Desde 2018 también está encarcelada la hispanovenezolana Ángela Expósito (60), profesora universitaria jubilada que dirigía Fundanimal, la fundación que cuidaba a los perros de los presos políticos. Su gran pecado fue proteger a las mascotas de Óscar Pérez, el policía rebelde ejecutado junto a su grupo (siete personas) tras haberse rendido a las fuerzas chavistas en 2018. Desde ese año permanece en prisión, sentenciada posteriormente por terrorismo en la causa del supuesto atentado de los drones contra Nicolás Maduro de 2018, por lo que su liberación también figura entre interrogantes.
María Auxiliadora Delgado Taborsky (51) y Karen Hernández (39) aguardan también la libertad en las cárceles del INOF y Las Crisálidas, respectivamente. "Está muy angustiada y desesperada, ya no aguanta más la espera tras siete años", desvela Osman Delgado, padre de María Auxiliadora, a EL MUNDO. La hispanovenezolana está condenada a 30 años de cárcel por el caso de los drones, aunque el verdadero objetivo de la DGCIM era su hermano, militar en el exilio.
El "pecado" de la socióloga Karen Hernández fue ser la compañera sentimental de otro de los acusados de la Operación Gedeón. También está condenada a 30 años de cárcel.
Desde que el 8 de enero Washington forzara la puesta en marcha de liberaciones y la posterior aprobación de la Ley de Amnistía, 10 ciudadanos hispanovenezolanos y cuatro nacidos en España recuperaron la libertad. Todos ellos fueron capturados entre 2024 y 2025, en periodo electoral y tras el megafraude del 28 de julio con el plan represivo, denominado terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
