Michoacán: la cadena rota

El 2 de noviembre de 2025, en Morelia, una protesta de periodistas terminó en agresión. No fue un incidente menor ni un exceso aislado: en el centro estaba el entonces secretario de Seguridad Pública de Michoacán, hoy identificado como Juan ‘N’, señalado por abuso de autoridad, intimidación y robo calificado contra la periodista Dalia Villegas.

De acuerdo con la acusación, la comunicadora fue sometida, despojada de su equipo de trabajo -incluido su teléfono- y amenazada mientras cubría la manifestación frente a Palacio de Gobierno, un día después del asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan. Es decir, no se trata de una falta administrativa, sino de un hecho con implicaciones directas contra la libertad de expresión.

Cinco meses después, llegó la audiencia. Ahí la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no solicitó medidas cautelares en el momento procesal oportuno y presentó un caso con deficiencias en la integración de los datos de prueba. Cuando intentó corregir, ya era tarde. El juez de control, Miguel Ángel Henríquez Rodríguez, no tenía margen legal para concederlas fuera de tiempo.

El efecto fue concreto: el imputado salió de la audiencia sin ninguna restricción. No fue exonerado ni declarado inocente; simplemente la Fiscalía no sostuvo el procedimiento como correspondía.

En esa misma audiencia se presentaron como pruebas los testimonios de la víctima y de otros periodistas presentes, así como registros en video de lo ocurrido durante la protesta. Aun con esos elementos, la falla procesal terminó pesando más que el contenido del caso.

Juan ‘N’ no es un personaje menor. Formó parte del equipo cercano del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y encabezó la seguridad pública en un estado donde ese tema no admite improvisaciones. Su posición le daba no solo poder operativo, sino responsabilidad política directa.

Lo que ocurrió no se explica por un solo error, sino por una cadena que se rompe en varios puntos: un funcionario michoacano acusado de agredir a una periodista, una Fiscalía Especializada que no logra sostener la acusación en tiempo y forma, y un sistema judicial que, ceñido a la norma, termina dejando sin protección efectiva a la víctima.

Al final, el problema no es solo el caso. Cuando la institución encargada de defender la libertad de expresión falla en lo básico, el mensaje deja de ser jurídico y se vuelve político: incluso frente a hechos documentados y testimonios directos, el Estado puede quedarse corto.

Lo peor es que en los pasillos de las oficinas del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se habla de una posible reincorporación de Juan ‘N’ a su equipo cercano, aunque aún no se define dónde, ni cuándo, hay quienes advierten que esto no vendría nada bien en la recta final del gobierno estatal, con varias deficiencias y, con miras a 2027, sería otra mancha más para la administración.

Nos vemos a las 8 por el 8 de TV

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SOFIGARCIAMX

EEZ