Morelos: rabia y dolor
La indignación que hoy se respira en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no nació estas semanas. Los feminicidios de las estudiantes Kimberly Joselin y Karol Toledo fueron la gota que derramó el vaso de una crisis que lleva años acumulándose.
Desde 2015, bajo el gobierno de Graco Ramírez, el estado vive bajo una Alerta de Violencia de Género, activada en municipios como Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla. El mecanismo se creó para coordinar acciones urgentes entre los tres niveles de gobierno ante el incremento de feminicidios y agresiones contra mujeres. Sin embargo, casi una década después, la violencia no ha disminuido; al contrario, la inseguridad se ha profundizado.
Los paros y protestas dentro de la universidad y en las calles de Cuernavaca no responden sólo a los últimos casos. Expresan una impotencia acumulada frente a instituciones que, desde la mirada de las estudiantes, han llegado tarde o simplemente no han logrado responder.
Las críticas también alcanzan a la propia UAEM, encabezada por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández. Colectivos estudiantiles hablan de violencia institucional, así como de amenazas a la comunidad académica, y cuestionan que la respuesta universitaria se limite a comunicados de condolencias después de cada tragedia, sin garantizar condiciones de seguridad para su comunidad.
El miedo se respira dentro y fuera del campus. Hasta ahora, ni la universidad, ni el gobierno estatal han anunciado acciones emergentes que atiendan la protección de las estudiantes, particularmente en rutas de transporte y en las zonas que rodean las facultades.
La gobernadora Margarita González Saravia también ha sido señalada por colectivos y estudiantes, quienes consideran que la respuesta frente a la crisis ha sido insuficiente y decepcionante. Sus posicionamientos han llegado principalmente a través de redes sociales, mientras en las calles persiste la percepción de que la estrategia de seguridad no ha cambiado.
Es más, la morenista ha descalificado las marchas y acusa a las estudiantes de “oportunismo político”.
Dentro del círculo rojo del gobierno estatal se comenta que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, se ha convertido en una especie de vocero —muy caro, por cierto— dedicado a dar anuncios. Y quienes conocen al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, dicen que vive detrás de un escritorio que no le permite ver la realidad que atraviesa el estado.
Lo más grave es que Morelos tiene hoy a una mujer al frente del gobierno estatal y a otra al frente de su principal universidad pública. Y, sin embargo, las morelenses viven un duro golpe a su tranquilidad y, sobre todo, a su seguridad. No en vano se repite una frase incómoda: cuerpo de mujer no es sinónimo de conciencia de género.
Las estudiantes, acompañadas por la ciudadanía, seguirán tomando las calles llenas de rabia, dolor y miedo. Porque lo que está en juego no es sólo la tranquilidad de un campus. Lo que se fractura es la confianza en las instituciones que deberían protegerlas. Y reconstruir esa confianza siempre será más difícil que emitir un frío comunicado de condolencias.
Las y los alumnos, incluso, están dispuestos a llegar hasta la Ciudad de México para tocar las puertas de Palacio Nacional ante la sordera de su gobernadora, Margarita González Saravia.
EN CORTO
Toluca, Estado de México, encabeza los ataques contra periodistas y activistas en la entidad, con 38 casos registrados entre diciembre de 2021 y marzo de 2025.
En el municipio gobernado por Ricardo Moreno Bastida se han documentado 194 incidentes, donde predominan violencia verbal y física, además de amenazas, hostigamiento digital y situaciones de riesgo. Entre los probables responsables aparecen particulares, servidores públicos y personas no identificadas.
Nos vemos a las 8 por el 8 TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
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