Narcopolíticos sinaloenses
Era casi imposible que Rubén Rocha Moya saliera limpio. No porque exista una prueba definitiva en su contra. Es por el peso de una historia que, en Sinaloa, funciona como antecedente y coartada al mismo tiempo.
Diversos historiadores —Froylán Enciso, Benjamin T. Smith, Luis Astorga o Juan Fernández— han documentado que, a finales de la década de 1930, en los Altos de Sinaloa se prepararon para una segunda fiebre del opio. Entre los mayores contrabandistas figuraba Melesio Cuén, entonces alcalde de Badiraguato y padre del homónimo exrector de la UAS, asesinado durante el secuestro de Ismael Zambada, en julio de 2024. También estaba Eliseo Quintero, un revolucionario que pasó de gobernador interino de Sinaloa a convertirse en el principal proveedor de opio y, de paso, en eslabón temprano de la genealogía criminal que más tarde encarnarían los Caro Quintero y los Quintero Payán.
En la década de 1940, el gobernador Rodolfo T. Loiza fue asesinado por uno de los primeros sicarios de la historia: Rodolfo Valdez, El Gitano. Pablo Macías, entonces candidato a la gubernatura, fue acusado por El Gitano de la autoría intelectual. La razón: Macías había pactado con un grupo de “gomeros” contrario al que Loaiza protegía. Aun así, Macías gobernó Sinaloa y formalizó con los traficantes un sistema de “cuotas”, a manera de soborno. Si sobrevivió al escándalo fue porque “el gobierno del presidente Miguel Alemán recibía parte de esas ganancias” y porque perseguirlo habría implicado reconocer que varios niveles de gobierno participaban del negocio.
En 1966, a los 20 años, Félix Gallardo fue asignado como escolta de los hijos del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, figura clave de esa zona gris donde la política y el crimen dejan de distinguirse. El primer mexicano considerado el rey de la cocaína se ganó la confianza de su jefe a tal grado que, cuando se casó, Celis aceptó ser su padrino. Su ascenso también se explica por la relación con Alfredo Valdés Montoya, sucesor de Celis. Con ese respaldo, Félix Gallardo sorteó en 1971 su primera orden de aprehensión por delitos contra la salud. A Valdés también se le señaló como protector de Pedro Avilés, pionero en expandir rutas.
En mayo de 1985, el gobernador Antonio Toledo Corro escribió una carta negando su amistad con Félix Gallardo después de que Proceso publicara que el traficante hacía vida social en Culiacán. Por esas fechas, Celis y su hijo Rodolfo fueron fotografiados por El Sol de Sinaloa al lado del susodicho traficante. Dos años atrás, el 28 de mayo de 1983, el periódico había publicado fotos de los tres durante la boda de Rodolfo. En abril de 1989, durante la administración de Francisco Labastida, tres altos mandos policiales fueron arrestados por proteger a Félix Gallardo. Diez años después, cuando Renato Vega apenas había dejado la gubernatura, su hijo Alger fue mencionado como “transportista” de Juan José Esparragoza, El Azul. El entonces panista Emilio Goicoechea, retratado con uno de los Caro Quintero, perdió la vergüenza y acusó: “Renato se concentró, durante su campaña, a comprometer a su gobierno con los caciques ligados al narco”. Entre esos caciques aparecían apellidos que se volverían habituales: Zambada, Esparragoza, Carrillo Fuentes y Beltrán Leyva.
En septiembre de 2004, durante el sexenio de Juan Millán, el jefe de la policía Jesús Antonio Íñiguez —brazo operativo de Zambada— coordinó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes. Íñiguez desapareció un tiempo y reapareció con Mario López Valdés, cuyo chofer, secuestrado por los Beltrán Leyva, lo señaló por proteger a Joaquín Guzmán y a Zambada. En 2021, el semanario Ríodoce publicó que Rocha Moya ganó la elección con apoyo del crimen organizado: secuestros, robo de urnas, amenazas. Tres años después, tras ser plagiado, Zambada afirmó en una carta que a la reunión donde fue secuestrado habían sido invitados Melesio Cuén y Rocha Moya. Hace una semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha de tener vínculos con Los Chapitos. La sospecha no prueba, pero encaja.
Mientras tanto, la política hace lo suyo. Donald Trump presiona a la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de la renegociación del T-MEC y de la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, donde Estados Unidos no descarta acciones contra cárteles mexicanos y condiciona su cooperación en seguridad a resultados “tangibles”: más extradiciones, más decomisos de precursores químicos y más estructuras criminales desarticuladas. La oposición, por su parte, encuentra en Rocha el ejemplo perfecto para empatar su discurso de “narcogobierno”.
En el caso Rocha no se trata —al menos no todavía— de determinar si es culpable o inocente, tarea que corresponde a otras instancias. Se trata de reconocer que opera dentro de una tradición política donde el bien y el mal han perdido precisión. En Sinaloa no se pregunta quién está vinculado, sino en qué medida, con qué protección y a qué costo.
POR ALEJANDRO ALMAZÁN
COLABORADOR
@ELALEXALMAZAN
MAAZ
