SLP: cárcel por cuestionar
La disputa por la gubernatura de San Luis Potosí rumbo a la Ruta 2027 cada vez envía señales más preocupantes para la libertad de expresión. Mientras la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aparece como una de las principales cartas del PVEM para sucederlo en el cargo, periodistas, comunicadores y administradores de portales informativos enfrentan procesos penales por la difusión de contenidos relacionados con el mandatario, la legisladora y su círculo político.
El caso más visible es el de Eréndira Reyes Aguillón, directora del portal ‘San Wicho Times’, su hija Alejandra Hermosillo, y el creador de contenido Christian Herrera, responsable de la página Código Rojo, fueron detenidos de manera violenta el 21 de mayo tras compartir en redes materiales creados con Inteligencia Artificial cuestionando al gobernador potosino. Entre los contenidos hay un video sobre presuntos vínculos criminales atribuidos a Gallardo y una fotografía de la senadora Ruth González con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Las detenciones se sustentaron en reformas al Código Penal aprobadas en noviembre de 2025 e impulsadas por el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, exsecretario de Gobierno de la CDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera, y hoy uno de los operadores políticos más cercanos al gobernador. La modificación, conocida popularmente como “Ley Serrano”, sanciona el uso no autorizado de imágenes, voz e identidad digital mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
El 5 de junio, un juez autorizó la suspensión condicional del proceso para Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, permitiéndoles recuperar su libertad. Según la Fiscalía General del Estado, ambas aceptaron de manera “libre” su responsabilidad en los hechos imputados.
Existen al menos otros ocho comunicadores y administradores de plataformas digitales bajo investigación.
La Fiscalía de SLP, encabezada por María Manuela García Cázares, sostiene que las acciones emprendidas derivan de la utilización no autorizada de elementos visuales e identitarios que habrían provocado afectaciones al honor, la imagen y la reputación pública de la denunciante.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos digitales y de libertad de expresión advierten que en la redacción de la reforma los delitos quedaron excesivamente amplios y ambiguos, abriendo la puerta a interpretaciones discrecionales alcanzando a periodistas, activistas, administradores de páginas informativas e incluso usuarios comunes de redes.
Las detenciones ya colocaron a SLP bajo observación nacional e internacional. La preocupación no radica únicamente en el uso de la IA, sino en la posibilidad de que una ley creada para proteger la identidad digital termine siendo utilizada para perseguir personas incómodas para el poder.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
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