Soberanía artificial
Körber-Stiftung, una de las grandes fundaciones desde las que Alemania pesa en el debate internacional, organiza regularmente encuentros de palo corto para tratar asuntos globales acuciantes. Esta semana, la 190 edición convocó en Berlín, bajo el título "Hacking the System? Middle Powers and the Geopolitics of Technology", a expertos, académicos y políticos venidos de Brasil a Japón, de Indonesia a Canadá, El Golfo o México, además de representantes del Gobierno y Parlamento federales. Los variados temas abordados -con profundidad y en formato extraordinario- confluyen en la urgencia de reflexionar desde Europa sobre el papel que le corresponde jugar.
La palabra soberanía ha entrado de lleno en la polémica que suscita la inteligencia artificial (IA). No es casual. Antes, hablábamos de la IA como una rama más de la innovación digital: eficiencia, automatización, nuevos servicios, mejora de procesos. Ese era el mundo de ayer. Hoy, la IA pertenece a otra categoría. No es sólo una tecnología que agiliza tareas; es una mutación que redefine el poder.
Durante décadas, la Unión cimentó su identidad en la apertura, la interdependencia y la primacía normativa. Esa arquitectura produjo prosperidad, estabilidad y atractivo. Pero descansaba en una circunstancia que ya no puede darse por supuesta: el entorno geopolítico permitía separar economía y seguridad. Esa dicotomía ha perdido vigencia. La energía, los datos, los chips, los minerales críticos, los cables submarinos, los puertos, las plataformas digitales y los modelos de IA integran una misma topografía de poder.
La IA afecta, pues, a la industria, la defensa, la administración pública, la educación, la seguridad, la creación de opinión e incluso a nuestra aptitud para distinguir entre verdad y mentira. Cambia la forma en que se genera conocimiento, se asignan recursos, se toman decisiones y se ejerce la autoridad. Por eso la pregunta es quién posee las herramientas para orientarla, incorporarla o limitarla y, llegado el caso, resistirla.
Ahí aparece la soberanía. Pero conviene manejar la expresión con cuidado. Soberanía no significa autarquía. No significa levantar una muralla digital europea ni pretender controlar la cadena completa de la IA. Tampoco significa proclamar autonomía tecnológica mientras seguimos dependiendo de otros para semiconductores, nube, modelos fundacionales, datos, energía o progresión. Soberanía significa algo más concreto y más exigente: cartografiar subordinaciones, registrar las peligrosas, elegir socios, construir capacidades propias allí donde la vulnerabilidad es estratégica y evitar que Europa quede reducida a usuario, mercado o regulador de un saber que otros diseñan, financian y desarrollan.
La Unión Europea (UE) no parte de cero. Tiene envergadura económica, talento científico, marco legal, universidades, empresas punteras en nichos ineludibles y una tradición jurídica probada. Pero carece de una combinación suficiente de escala, capital, infraestructura, cultura de riesgo, contratación pública, energía disponible y voluntad política sostenida. En IA, esa carencia pesa más que en revoluciones tecnológicas anteriores, porque la velocidad del cambio no se acompasa a la maduración institucional comunitaria.
La comparación con Estados Unidos y China es reveladora; ambos poseen mimbres ausentes en Europa que hacen posible su preponderancia. Estados Unidos reúne capital, investigación, nube, defensa, energía y un hábito de innovación que asume la concentración de poder en actores privados como precio de la aceleración rompedora. China conjuga planificación estatal, mercado interno, vigilancia, industria, datos y determinación explícita de elevar la IA en instrumento de modernización doméstica, imperio y proyección global. Al tiempo que se cierne la amenaza de la división del mundo en dos sistemas tecnológicos incompatibles, la UE tiende a responder con normas antes de haber consolidado la base material que haría del ordenamiento un despliegue de poder y no sólo de contención y menoscabo.
Dicho lo anterior, subestimar el reflejo regulatorio europeo sería un error. En un ámbito que atañe a la dignidad humana, la seguridad colectiva y la democracia, la inexistencia de ley no es libertad; es dominio de facto de los señores de la infraestructura. El reto es otro. Bruselas sobresale en legislación, pero le cuesta traducirla en poder operativo. Y en IA esa rémora es crucial.
El riesgo es que la Unión termine regulando por accidente, ante fallos de seguridad, manipulación electoral, conflictos con proveedores externos, litigios o escándalos. Esa regulación a remolque suele llegar tarde y confirma la pérdida de arbitrio que procura corregir. La alternativa, pues, no es desregular, sino regular desde una estrategia: con prueba, responsabilidad, supervisión reforzada y armas de bloqueo proporcionadas cuando el daño sea inadmisible.
El desafío que plantea Pekín obliga a la claridad. Europa no puede hablar en serio de soberanía artificial sin unidad respecto de China. No se trata de invocar una lógica de bloques ni confinar toda relación económica en sospecha. Se trata de entender que China sí tiene una estrategia tecnológica y geopolítica integrada: preserva sus flancos, monopoliza sectores esenciales del entramado, condiciona cadenas de valor y fija estándares. Ante esta realidad, cada acomodo nacional disociado debilita al conjunto. Así, el problema europeo no es la falta de capacidades; es la dificultad para convertir capacidades dispersas en poder perfeccionado y coordinado.
Además, la guerra en Ucrania ha hecho visible otra transformación: la fusión entre ciclos civiles y militares. Drones comerciales, satélites, sensores, software, reconocimiento de imágenes, comunicaciones, ciberseguridad y sistemas autogenerados se mueven ya en un espacio híbrido. La innovación civil alimenta capacidades militares, la presión militar fomenta desarrollos civiles, y el campo de batalla se muda en laboratorio tecnológico. La antigua frontera sin fricciones entre industria, defensa y control se desdibuja.
La IA no flota en el aire. Requiere centros de datos, electricidad abundante, redes, refrigeración, suelo, permisos y seguridad de suministro. La carrera por la IA es igualmente carrera por la energía. En sociedades sometidas a tensión por costes, transición climática y desindustrialización, esa demanda no es asunto meramente técnico, sino cuestión política mayor.
Por eso el debate europeo no puede circunscribirse al ciudadano como consumidor de IA. Hay que protegerlo también como miembro de una comunidad política que aspira a conservar autonomía. La privacidad importa. La transparencia importa. La no discriminación importa. Pero no cabe sacrificar la seguridad, la resiliencia, el tejido industrial, la educación, el talento, la infraestructura y la respuesta en crisis.
Todo esto exige un pragmatismo que Europa no siempre muestra. Repetimos hasta la saciedad "autonomía estratégica" como fórmula ayuna de contenido. Reiteramos "soberanía", rehuyendo pagar sus costes. Recalcamos nuestros valores, pero orillamos trasladarlos a actos. En IA, la dignidad humana no se salvaguarda sólo con declaraciones; necesita capacidad técnica, empresas, jueces preparados, administraciones competentes, energía, seguridad, inversión y coaliciones de afines.
Así, Europa no ha de encerrarse, sino decidir sin ambages: cooperar sin quedar subordinada, regular sin limitarse a gestionar tecnologías ajenas, innovar sin renunciar a sus principios, defender sus señas de identidad sin copiar modelos autoritarios, mantener lazos estrechos con Estados Unidos sin desaparecer dentro de la estrategia de Washington, y relacionarse con China desde una posición interna trabada, no desde la suma de romos egoísmos nacionales. En resumen, abandonar la costumbre arraigada de pensar que el mercado integra, que la regla basta y que la seguridad viene dada de fuera. Ese mundo se ha ido. La Unión puede y debe asumir sin complejos sus bazas en la pugna por la soberanía artificial.
