DNI, 'gerrymandering' y pleitos ante el Supremo: la batalla por 30 millones de votos en las elecciones estadounidenses
Desde hace meses, el mantra más escuchado en las televisiones y radios conservadoras estadounidenses es el que arranca con la idea de que, si para entrar "a un bar o a un club o un aeropuerto" es necesario mostrar tu DNI, lo lógico es que también tengas que hacerlo para poder votar. "No es nada descabellado, y de eso es de lo que deberíamos estar hablando", afirmó, por ejemplo, el pasado domingo el fiscal general interino del país, Todd Blanche, intentando ganar puntos con el presidente Donald Trump. Y, desde luego, nada puede parecer más intuitivo y obvio, sobre todo a oídos de un europeo, para quien acudir a las urnas sin un documento oficial es algo completamente inconcebible. Sin embargo, en política pocas veces las cosas son tan obvias como parece. Y algo aparentemente tan básico e innegociable como un carné está en el centro de una batalla política brutal y mucho más amplia, llena de maniobras, juego sucio y desinformación, una batalla con décadas de abusos, opresión y restricción de derechos civiles en la memoria. Una disputa que podría dejar sin opción de depositar su papeleta a millones de ciudadanos, especialmente afroamericanos, hispanos o mujeres casadas.
El primer martes de noviembre, Estados Unidos celebrará unas de las elecciones legislativas más importantes de las últimas décadas. Los estadounidenses tendrán que decidir si las dos cámaras del Congreso siguen en manos republicanas o si le dan a los demócratas una victoria crítica para poder empezar una oposición efectiva contra la Administración. En juego no están sólo escaños, presidencias de comités, las llaves de la agenda y los procedimientos, sino los recursos para frenar la apisonadora Trump y lanzar un torrente de investigaciones, llegando incluso a una nueva era de juicios políticos (impeachments).
En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad único, válido y obligatorio en todo el país. No existe, siquiera, un equivalente universalmente aceptado a nivel estatal. Se funciona con carnés de conducir, tarjetas de identificación o de residencia, números de la Seguridad Social o diferentes alternativas menos fiables, pero generalmente aceptadas. Es el producto de un largo pulso sobre competencias para limitar el poder centralizado, pero también de una desconfianza histórica en la autoridad y la pérdida de privacidad, y el resultado de constantes abusos de poder, sobre todo contra las minorías, desde la época de las leyes conocidas como de Jim Crow.
Después de la Guerra Civil, la 15ª Enmienda prohibió negar el voto por raza, pero los estados confederados encontraron mecanismos indirectos para hacerlo casi imposible en la práctica, como pedir documentación que los negros no tenían, imponer impuestos para votar (poll taxes) que los afroamericanos, pobres, no podían pagar, o aplicar pruebas de alfabetización arbitrarias, cláusulas conocidas como "del abuelo", que eximían de todos estos trámites a los blancos si podían demostrar que sus antecesores habían votado antes de la guerra. A esto se sumaban la violencia sistémica y la intimidación oficial.
Un ejemplo clásico que usan los politólogos es el de Misisipi, donde, en 1890, cuando se aprobó una Constitución, en torno al 90% de los hombres negros adultos estaba registrado para votar; en 1965, menos del 10% lo estaba. Las leyes que no permiten hoy votar a ex convictos también son brutales: en Tennessee, por ejemplo, el 21% de sus adultos negros no tiene derecho a voto por sus antecedentes. Según la NAACP, una de las grandes organizaciones de derechos civiles, casi la mitad de los afroamericanos menores de 30 años no tienen un documento de identidad con su nombre y dirección actuales, por diferentes razones.
Pero esa anomalía del DNI dentro del mundo occidental (algo menos dentro del anglosajón) se ha convertido ahora en un problema político de primera categoría, liderado por la campaña de Trump para que se apruebe inmediatamente su proyecto de 'Ley para salvar América', una propuesta que, entre otras cosas, requeriría pruebas de ciudadanía, certificados de nacimiento o prohibiría el voto por correo (excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje). "Debe hacerse de inmediato. Tiene prioridad absoluta sobre todo lo demás. DEBE SER PRIORITARIO", escribió recientemente el presidente en una publicación en redes sociales. "Yo, como presidente, no firmaré ningún otro proyecto de ley hasta que este se apruebe", avisó.
La ley exigiría que las personas presenten prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar y una identificación con foto al momento de depositar la papeleta, pero también que los estados compartan los datos de registro de votantes con el Gobierno, algo que muchos se han negado a hacer. Las elecciones son competencia estatal, no federal, pese a los intentos de Trump de asumir el control. Su propuesta también fijaría responsabilidad penal personal para los funcionarios electorales que infrinjan la ley, una medida de presión adicional tras los muchos pleitos que el líder republicano lanzó en 2020 o las difamaciones de su equipo a funcionarios, por las que figuras como Rudolph Giuliani fueron condenados y embargados.
Trump sostiene que cada año votan millones de inmigrantes ilegales, a los que los demócratas traen en masa al país para conservar el poder. No hay ninguna evidencia de nada remotamente parecido. "Numerosos estudios han llegado a la misma conclusión: los casos de votantes no ciudadanos son extremadamente raros. Un estudio nuestro de 2017 analizó 42 jurisdicciones donde se emitieron 23,5 millones de votos y halló tan sólo unos 30 casos de votantes no ciudadanos, lo que representa el 0,0001% del total. La Fundación Heritage, defensora de la Ley SAVE [Safeguard American Voter Eligibility Act], documentó únicamente 68 casos de votantes no ciudadanos desde la década de 1980, de entre más de mil millones de votos emitidos", denuncia el Centro Brennan, uno de los críticos más duros.
El Gobierno, con un Trump cada vez más impaciente, intenta desesperadamente sacar adelante la Save America Act, mientras usa al FBI y al Departamento de Justicia para investigaciones sobre presuntos fraudes pasados. Los aliados del presidente dentro del mundo MAGA exigen que movilice todos los recursos, como, por ejemplo, desplegar la Guardia Nacional o las agencias migratorias. "¡Tienen toda la maldita razón en que vamos a hacer que ICE rodee los colegios electorales en noviembre! Puedes quejarte y llorar todo lo que quieras, pero nunca más permitiremos que roben una elección", declaró hace no mucho Steve Bannon, gurú de la derecha alternativa mundial, avisando de las consecuencias, también para gente como él mismo, si los demócratas recuperan el Congreso.
Ahora mismo, los nueve jueces están evaluando también si las leyes federales permiten o no que se cuenten votos por correo recibidos después del día de la elección, aunque hayan sido enviados antes. Algo que tendría efectos importantes, ya que desde la pandemia mucha gente ha cambiado sus dinámicas de voto presencial. Todo va a pasar de una forma u otra por el Supremo, ahora o antes de las próximas presidenciales, dando a la institución un poder decisivo. Además, más de 30 estados celebrarán elecciones para sus cortes supremas este año, incluidos Wisconsin, Carolina del Norte y Montana, donde las decisiones judiciales han sido puntos de conflicto político, y en Michigan, Nevada, Ohio, Texas y Wisconsin, donde los resultados podrían cambiar el equilibrio de poder judicial.
Al mismo tiempo, los estados están inmersos en una carrera brutal de gerrymandering, esto es, para rediseñar interesadamente los distritos legislativos contrarreloj. Son medidas que se llevan haciendo desde el siglo XIX y pueden arañar hasta cuatro o cinco asientos en los estados más grandes. Ya lo han hecho Texas o California, y hay otra docena de casos en marcha. La semana pasada, en una victoria clave para Trump, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló una disposición clave de la histórica de derechos civiles de 1965 al dictaminar que el mapa electoral de Luisiana se había elaborado de forma inconstitucional para crear dos distritos de mayoría negra. "Ese mapa es una manipulación electoral inconstitucional", escribió el juez Samuel Alito en nombre de los seis conservadores. Todas son manipulaciones, pero esa la tumbaron.
Horas después del fallo, la Cámara de Representantes de Florida, controlada por republicanos, aprobó un mapa agresivamente redibujado que podría darle a los conservadores cuatro escaños adicionales, poniendo en peligro a varios congresistas demócratas. Trump ha instado a los suyos a redibujar sus mapas "incluso a los que ya han comenzado a votar", afirmando en Truth Social que esto daría a los republicanos "más de 20 escaños en las midterms".
El sistema estadounidense, inconcebible para un español, complejo y contraintuitivo, lleva funcionando, mal que bien, muchas décadas. Y hay una enorme literatura académica y un amplio consenso entre los expertos electorales y las autoridades estatales de ambos lados del espectro político en que es bastante sólido, seguro, efectivo y casi inmune al fraude, sobre todo al "masivo". Pero es también un sistema enormemente complicado, lento y caro, que se presta a las teorías de la conspiración por el voto electrónico, los recuentos eternos, las tabulaciones. La Administración Trump, la primera en incentivar esas teorías, asegura que sigue investigando posibles vínculos con Venezuela para el "robo" de 2020, buscando en vano evidencias de las obsesiones del líder.
El DNI no es el principal problema, pero es uno fácil de tergiversar. Estados como California, por ejemplo, no lo exigen para poder votar (salvo la primera vez que se hace). Pero eso no quiere decir que no haya verificación. El control de identidad existe, pero se hace en distintas fases del proceso. Al registrarse hay que dar datos como nombre, dirección, fecha de nacimiento y, normalmente, número del carné de conducir o del identificador estatal o los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social. Y esos datos se cotejan contra bases de datos oficiales, antes y después del voto. También se revisan la dirección y la firma que consta en el registro y, si no coinciden, el voto puede ser rechazado o se pide una verificación adicional. También hay estados (incluidos muchos dominados por los republicanos desde hace medio siglo) en los que se usan verificaciones indirectas, como el sistema de vouching, mediante el cual un votante registrado del mismo distrito puede acompañar a otra persona al colegio electoral y firmar un juramento confirmando su dirección. O, como sucede en Iowa, donde, si un votante se olvida su identificación, otro votante registrado puede dar fe de su identidad. Además, los registros y censos se purgan constantemente para eliminar a personas fallecidas o que se hayan mudado.
La ley de Trump exigiría que una persona demostrara su ciudadanía presentando un certificado de nacimiento original, un pasaporte o un certificado de naturalización. Obtener esos papeles tiene costes directos, en dólares, pero también indirectos, ya que llevan tiempo, implican mucha burocracia y las oficinas que expiden identificaciones están infrarrepresentadas en zonas rurales y comunidades de color. El Centro Brennan estima que más de 21 millones de estadounidenses carecen de fácil acceso a ellos. Por no hablar de las mujeres que hayan cambiado su apellido al casarse. Se estima que cerca de la mitad de la población de Estados Unidos no tiene pasaporte vigente. La amplia mayoría no dispone de una copia de su certificado de nacimiento original y, a menudo, los certificados de nacimiento no reflejan el nombre actual de la persona, si lo ha cambiado. Se calcula que 69 millones de mujeres casadas adoptaron el apellido de sus maridos y no tienen el que figuraba en su certificado de nacimiento, por lo que tendrían que demostrar su derecho en un trámite engorroso.
Cuando un estado como Kansas, a instancias de un político obsesionado con el supuesto fraude -al que Trump fichó en su primer mandato-, adoptó el requisito de presentar prueba de ciudadanía, se estima que en torno a 35.000 ciudadanos -el 12% del total de solicitantes- no pudieron registrarse a tiempo. Y eso no tenía en cuenta trámites adicionales, como obtener un certificado de nacimiento original o solicitar un pasaporte. En los primeros tres años tras entrar en vigor la ley, aproximadamente uno de cada siete solicitantes de registro electoral fue bloqueado por falta de documentación, con casi la mitad de los afectados menores de 30 años. Al examinar los intentos de registro de no ciudadanos se encontraron 67 casos, pero menos de 40 personas lo lograron, el 0,002% de todos los votantes registrados. "Kansas ya nos demostró el efecto de las leyes que exigen prueba de ciudadanía: impedir el voto a personas con derecho, no a quienes no son ciudadanos. La Save America Act podría extender este efecto a nivel nacional, lo que significa que 21 millones de estadounidenses sin fácil acceso a los documentos requeridos y 37 millones que se registraron a través de sistemas que la ley desmantelaría podrían quedar excluidos del voto", denuncia Max Flugrath, portavoz de Fair Fight Action. "Esa es la razón, no los ilegales", concluye.
