Dos fiscales encaran las violencias
En Guerrero, donde la violencia contra las mujeres sigue marcada por desigualdad social, la criminalidad y rezagos institucionales, las fiscalías especializadas reportan avances en la investigación y judicialización de delitos de género, aunque el reto es fortalecer la confianza de las víctimas para denunciar.
En entrevista con El Heraldo de México, las fiscales especializadas en feminicidios, Margarita García y Blanca Cecilia Muñoz, especializada en delitos sexuales, de la fiscalía de Guerrero, señalaron que en los últimos años se han fortalecido las capacidades institucionales para investigar feminicidios, violencia familiar y delitos sexuales, además de ampliar el acompañamiento a víctimas y sus familias.
Estos avances ocurren en una entidad que mantiene dos Alertas de Violencia de Género activas. La fiscal especializada en feminicidios explicó que “toda muerte violenta de una mujer” se investiga bajo ese delito: “Se debe inicialmente trabajar como feminicidio; si durante la investigación se determina que no lo es, entonces se reclasifica como homicidio u otro delito”.
Según datos de la fiscalía, durante 2025 se registraron 19 feminicidios en Guerrero, de los cuales 14 fueron judicializados, lo que representa cerca del 80 por ciento de las carpetas iniciadas.
La mayor incidencia se concentra en Acapulco y la región de La Montaña, zonas donde influyen factores como violencia criminal, desigualdad social y contextos culturales que dificultan la denuncia.
La fiscal especializada en delitos sexuales y violencia familiar señaló que en el último año se ha registrado un incremento en las denuncias, fenómeno que atribuyó a una mayor difusión de los mecanismos para denunciar y a labores de prevención.
“Pareciera que va en aumento por el alza en carpetas de investigación, pero se debe al trabajo de prevención e información que se ha realizado sobre los derechos de las mujeres y los tipos de violencia”, explicó Muñoz Nava.
La fiscalía estimó que las denuncias han aumentado alrededor de 20 por ciento, con cerca de dos mil carpetas de investigación iniciadas en 2025 por delitos sexuales y violencia familiar.
Más del 50 por ciento de estos casos han sido judicializados, con 420 vinculaciones a proceso y alrededor de 150 sentencias condenatorias.
Aunque se reportan avances en la judicialización de los casos contra mujeres, apertura de unidades especializadas y medidas de protección para víctimas, el reto sigue siendo ampliar el acceso a la denuncia y fortalecer la confianza de las mujeres en las instituciones de procuración de justicia.
“El principal compromiso es que el delito no quede impune. Alzar la voz por estas mujeres que fueron asesinadas y lograr sentencias condenatorias contra los responsables”, afirmó García.
PAL
