En CDMX reformarán la ley para tener rentas razonables y viviendas accesibles
En la Ciudad de México cerca de 2 millones de personas viven bajo el régimen de renta, miles de ellos padecen por los pagos excesivos y otros más no pueden acceder a un espacio digno; ante ese panorama, el Gobierno CDMX presentó una iniciativa de reforma constitucional para el arraigo comunitario y viviendas asequibles.
Durante la presentación de esta propuesta para cambios normativos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, expuso cifras sobre las viviendas y dijo que en las zonas centrales, más del 40 por ciento destina parte de sus ingresos al alquiler, y en muchos casos los hogares más pobres llegan a gastar hasta la mitad de sus ingresos en este rubro.
"Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad", expresó.
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Brugada indicó que con el envío de la iniciativa se busca elevar a rango constitucional un conjunto de reformas en materia de vivienda en renta y dar así la mayor protección jurídica posible.
"Blindamos el horizonte compartido, de caminar hacia una ciudad más justa, habitable y asequible. Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”, mencionó.
La segunda etapa, dijo, será la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles para dar respuesta a una legítima exigencia de grandes mayorías sociales.
Rentas y viviendas asequibles, una demanda que históricamente ha sido levantada desde las calles de CDMX
"Una demanda que históricamente ha sido levantada desde las calles, expresada en foros y en diversos espacios de participación y ha sido enarbolada también por movimientos y organizaciones de la sociedad civil", dijo.
La mandataria local explicó que estas propuestas incorporan cuatro ejes estructurales, donde el primero de ellos propone establecer a nivel constitucional que los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación.
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Segundo, incluir en la Constitución la obligación del Gobierno de articular una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible, para ayudar a los sectores más desprotegidos.
Tercer eje, agregó, incluir en la Constitución la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, encargada de la promoción y de la defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
Como cuarto eje se incorpora el derecho constitucional de todos los habitantes de la ciudad al arraigo vecinal, comunitario; para un vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia donde hayan desarrollado sus proyectos de vida.
