¿En beneficio del Pueblo?

Nuestra Constitución es clara: todo poder dimana del Pueblo, y se instituye en beneficio de éste, aunque como diría irónicamente Bertolt Brecht, “¿pero hacia dónde se dirige? La respuesta, parece fácil y resuena obvia y cíclica: se dirige para “beneficio del Pueblo”.

Pero esa narrativa cíclica es centrípeta a la interrogante de quién es “Pueblo” y qué necesita el “Pueblo”, porque parafraseando al otrora poeta Jaime Sabines, quien irónicamente también dijo: “El Pueblo […] es una entidad pluscuamperfecta generosamente abstracta e infinita”, “[…] sirve […] para […] escribir el cuento de la democracia, publicar la revista de la revolución, hacer la crónica de los grandes ideales”, ya que a nombre del “Pueblo”, todos los partidos políticos o líderes electorales, asumen la magnánima y elevada potestad de “escribir” las narrativas de nuestra democracia, porque pareciera que solo ellos pueden filtrar la voluntad popular y porque solo ellos se asumen como los únicos que encontrarán los remedios a las heridas del clamor nacional.

La mecánica de nuestra democracia ha construido este discurso. Cada tres o seis años, elegimos a los que nos representarán, y ellos al estar envestidos por nuestros votos, y desde el sitial del poder electoral, dejan al Pueblo para los discursos, las fotografías, los mítines y los informes, pero los olvidan para los consensos decisorios. Porque en la arquitectura resolutiva republicana sólo están los funcionarios electos, ya que el Pueblo se encuentra fuera de una incidencia real, directa y concreta no solo para el cauce final de las decisiones sino también para construcción de las soluciones a los grandes problemas que aquejan a nuestro país.

La democracia no sólo se expresa en las urnas, no puede ni debe limitarse exclusivamente a envestir a algunas personas, para que sólo éstos y solamente éstos, puedan forjar las vías que conducirán la maquinaría de nuestra Patria. Una democracia es gobierno del Pueblo, y la gobernanza implica ser parte activa y directa en las decisiones nacionales.

Al revisar las propuestas de reforma electoral, estas discurren, grosso modo, en variantes normativas de reducción presupuestal y fórmulas de representación electoral. Desde el primigenio Plan A, o al reformulado Plan A de este sexenio, todas apelan al Pueblo, por el Pueblo y en beneficio del Pueblo, pero solo ofrecen versiones distintas para ajustar el poder de los partidos políticos y ninguna apuesta para reconfigurar el poder del ciudadano a través de mecanismos de democracia participativa directa y real.

Si bien nuestro Pacto Federal cuenta con algunos mecanismos de participación ciudadana, la implementación fáctica de esos instrumentos, condicionada por umbrales de participación restrictivos y una fuerte polarización desde la posición oficial, como se observó en la consulta popular de 2021 y la revocación de mandato de 2022, revelaron la terrible brecha entre la norma jurídica y la incidencia política real de la ciudadanía por esos medios.

La participación ciudadana debe colocar al Pueblo en el centro de las decisiones y no solo del discurso. Existen modelos globales y regionales que pueden ser el punto de partida para que México pueda diseñar sus propios ropajes democráticos.

Un ejemplo sería el de Taiwán que ha buscado forjar una “inteligencia colectiva” para la solución de sus problemas complejos, empleando las tecnologías emergentes para construir espacios digitales que, como ágoras posmodernas, congregan a ciudadanos para opinar, reflexionar y proponer con el compromiso de que los consensos o regulaciones se reflejarán en nuevas leyes o regulaciones administrativas.

Una mejor democracia, no solo se mide con más votos o más puestos electos, sino con procesos institucionales que fortalezcan el debate plural y el consenso informado de todos los ciudadanos. Si queremos una reforma en beneficio del Pueblo, devuélvanle al Pueblo el poder de escribir la narrativa de nuestra democracia. Que las soluciones a problemas de nuestro país deriven de procesos ciudadanos y no de posturas personales o partidistas. 

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, MINISTRO EN RETIRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

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