Groenlandia: cuando la geografía decide la política
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La respuesta europea a las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia ha sido inmediata: alarma ante la torpe expresión de no excluir el uso de la fuerza, evocaciones del siglo XIX, y compendiosa sensación de contemplar el certificado de defunción de la OTAN. El reflejo es comprensible, pero denota, una vez más, la inoperancia de la Unión, su fragilidad, su dependencia -incluso discursiva- del ya no "Amigo Americano". Asistimos a una controversia puramente nominalista, cuando lo que está en juego no es un remedo de viejas prácticas imperiales, sino algo más grave e incómodo de asumir: la constatación de que, en el siglo XXI, la geografía vuelve a señorear, mientras la UE carece de peso específico en Exterior y Defensa, y que quien ha ejercido hasta ahora de árbitro internacional desprecia revestir sus intenciones, sus ambiciones, de la más mínima coartada de orden.
Conviene empezar por despejar un equívoco. Groenlandia no es una excentricidad trumpiana ni una ocurrencia improvisada. Estados Unidos se ha fijado en la isla recurrentemente desde hace más de un siglo. Ya en 1867 -en paralelo con Alaska- se estudió su adquisición. En 1946, Harry Truman ofreció comprarla a Dinamarca. Superando la zafiedad y agresividad del actual presidente, la novedad no es el interés; es el contexto, trufado de amenazas -histriónicas unas, sustantivas otras- en el que se conjuga.
La presencia estadounidense se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, tras la ocupación alemana de Dinamarca, Washington obtuvo autorización para desplegar fuerzas y construir instalaciones militares en el territorio con el fin de asegurar el Atlántico Norte y evitar su utilización por el Tercer Reich. Tenía carácter provisional y estaba directamente ligada al conflicto. Al término de la contienda y reconquistada su soberanía, Copenhague aspiró a que ese dispositivo se desmantelara. Sin embargo, el arranque de la Guerra Fría privó a esa expectativa de toda virtualidad. La entrada de Dinamarca en la OTAN en 1949 incluyó, en la lógica jurídica entonces indisputada, Groenlandia, y el acuerdo bilateral americano-danés de 1951 consolidó definitivamente la situación, al permitir a Estados Unidos desempeñar funciones esenciales de defensa en la isla, preservando formalmente la soberanía danesa. De estas condiciones, surgió la edificación, entre 1951 y 1953, de la importante base estratégica conocida inicialmente como Thule -en referencia al reino septentrional de la mitología grecorromana-, rebautizada en 2023 Pituffik, en un gesto simbólico hacia la identidad inuit (el "pueblo originario" oficial), muy acorde con la sensibilidad mainstream.
Este precedente ayuda a desentrañar alternativas barajadas hoy, más allá de las caricaturas sobre anexiones o compras pasadas. Estados Unidos dispone de una experiencia en fórmulas asimétricas que conservan distintos grados de personalidad internacional de determinados entes, al tiempo que subordinan su política exterior y de defensa. Así, a diferencia del estatuto de Puerto Rico, los pactos de libre asociación con Estados del Pacífico (Micronesia, Islas Marshall o Palaos) mantienen su asiento en Naciones Unidas, sin perjuicio de la cesión funcional de atributos estratégicos de soberanía securitaria.
Groenlandia es hoy una pieza crítica por tres causas convergentes. La primera es geográfica en sentido estricto: dominar accesos clave al Ártico y al Atlántico Norte, en un momento en que el deshielo abre rutas marítimas y altera equilibrios navales largamente asentados. La segunda es tecnológica y económica: tierras raras, minerales estratégicos y posibilidades energéticas cobran valor exponencial en un mundo de cadenas mercantiles crecientemente vinculadas a la seguridad. La tercera es militar: la defensa antimisiles, la vigilancia temprana y el control del espacio exterior polar ganan centralidad en una atmósfera de competencia entre grandes potencias.
Desde esta perspectiva, la pregunta no es por qué Washington mira a Groenlandia, sino por qué Europa parece embarrada en meros aspavientos, estableciendo paralelos históricos. Estados Unidos no está proponiendo una colonización de corte decimonónico ni una anexión clásica. No es tampoco un mero desafío retórico al derecho internacional. Está señalando, roma y también provocadoramente, que considera esta zona ártica parte de su perímetro vital de seguridad, y anuncia actuar en consecuencia.
Aquí aflora el verdadero nervio europeo del debate. El temor no es solo Groenlandia, sino sus derivadas. Que la mención misma del uso de la fuerza deje de ser impensable entre aliados, y que la OTAN deje de ser sello automático de confianza para convertirse en una herramienta contingente, sometida a la volubilidad de la Casa Blanca. Con razón inquieta, más allá de la Alianza, la erosión brutal de su supuesto fundacional: que los intereses estratégicos de Estados Unidos y de Europa son, por definición, coincidentes.
El movimiento tiene además una dimensión sistémica. En Moscú, el mensaje se lee con atención. El Ártico se confirma como espacio de proyecciones encontradas. En Pekín, la reflexión se incardina en la paciente trabazón de una situación de hecho que excede la vigente catalogación del Imperio del Medio de "potencia casi ártica". Robustece, en la práctica, la percepción de que las iniciativas territoriales cruciales se toman por fuera de los marcos multilaterales. Y la conclusión es la misma: la geografía manda.
Europa aparece en una posición incómoda. Es un actor relevante, pero no decisivo. Carece de instrumentos militares autónomos para influir en el Ártico, depende estructuralmente de Estados Unidos para su seguridad, y enarbola un lenguaje normativo que no altera los cálculos de los grandes, en particular Washington. Las declaraciones europeas sobre Groenlandia -cautelosas, previsibles y ancladas en categorías jurídicas heredadas- ilustran esa brecha entre principios proclamados y capacidades reales de incidir.
Nada de esto implica aceptar sin más la lógica de la fuerza. Pero sí exige abandonar ciertas inercias intelectuales. No se trata de una restauración al estilo del siglo XIX, basado en colonias, aranceles preferenciales y dominación formal; tampoco de una simple anomalía trumpiana. Estamos ante algo distinto: el siglo XXI dando plenamente la cara como escenario de competencia estratégica abierta, en el que geografía, tecnología y seguridad ahogan fórmulas jurídicas que han mantenido, mejor o peor, una apariencia de orden global operativo.
Groenlandia no es, por tanto, un episodio aislado ni una extravagancia sin trascendencia. Es un síntoma. Entramos en una fase en la que los espacios, los accesos y los recursos estructuran la política internacional sin grandes relatos justificativos. Para Europa, el reto no es indignarse ni refugiarse en analogías tranquilizadoras, sino comprender las consecuencias de actuar -o no ser capaces de hacerlo- en un mundo que ha dejado de ser plano. No hay una vuelta al siglo XIX. Asistimos a la emergencia de un proceloso siglo XXI.
