Muerte, tortura y más de un millar de desaparecidos en los centros de detención de Trump

Alambre de espino en todo el recinto como si fueran prisiones de máxima seguridad, inmigrantes sin antecedentes penales esposados de pies y manos hasta para llevarlos al comedor, acceso limitado a duchas, materia fecal desbordándose en retretes situados a escasos metros de sus camas, celdas que parecen jaulas para animales, presos incomunicados y sin opción de conseguir un abogado, hombres confinados en una estructura metálica a la intemperie, expuestos al sol y la humedad de Florida durante horas, sin apenas agua, sin comida y sometidos por los mosquitos de los humedales subtropicales del sur de Estados Unidos.

Así se las gastan en los nuevos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que está operando el Gobierno federal, en cooperación con algunos estados, y donde Donald Trump quiere retener hasta 80.000 inmigrantes al mismo tiempo para acelerar su campaña de deportación masiva de indocumentados. El saldo en el primer año de su segundo mandato casi iguala el peor dato de fallecidos bajo custodia de ICE desde que se guardan registros: 31, con más de 1.200 detenidos en paradero desconocido, según activistas y asociaciones de Derechos Humanos, en uno de los años más negros en la historia moderna de la inmigración en Estados Unidos.

Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional, pudo visitar uno de los centros en Florida en septiembre junto con otros colegas. En su informe habla de "tortura" física y psicológica a inmigrantes detenidos y solicitantes de asilo, "personas que no deberían haber sido detenidas por no tener ningún antecedente penal", ni llevar más de cinco meses entre rejas, sin acceso a un abogado ni una idea clara de qué suerte correrán.

"Las condiciones son espantosas y la situación es desesperante para los presos porque no saben qué va a pasar con ellos", dice Kapron a EL MUNDO. "Es lo peor que he visto en Estados Unidos. Estos ataques contra inmigrantes y solicitantes de asilo no tienen precedentes. Lo que está pasando es gravísimo y las condiciones son pésimas. Es una barbarie".

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, por su parte, ha tildado de "falsas" las acusaciones de condiciones deficientes, asegurando en un comunicado que "es el mejor servicio médico que muchos de estos individuos han recibido en toda su vida". Afirma que los detenidos son sometidos a un examen médico, dental y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención, una evaluación médica completa dentro de los 14 días posteriores a su ingreso bajo custodia de ICE o a su llegada a un centro, y tienen acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas. Añade que "ICE tiene unos estándares de detención superiores a los de la mayoría de las prisiones en Estados Unidos".

Kapron estuvo en Krome, un centro de detención ubicado en Miami, después de que le denegaran el acceso a Alligator Alcatraz, el recinto inaugurado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que también visitó Trump en julio. Cuando un periodista le preguntó si la idea era que los detenidos fueran devorados por caimanes si intentaban escapar, Trump respondió: "Supongo que esa es la idea", no se sabe si en broma o en serio. También hizo un gesto con las manos imitando un movimiento en zigzag mientras decía: "Vamos a enseñarles cómo huir de un caimán... sus posibilidades de sobrevivir aumentan aproximadamente un 1%".

En esa instalación convertida en prisión han desaparecido 1.200 inmigrantes en lo que va de año, según un reporte del Miami Herald. Heather Hogan, asesora de políticas y prácticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), explica que es una combinación de "falta alarmante de transparencia", complicidad de algunos estados con las políticas de Trump, y la sobrepoblación de muchos de los centros.

"El sistema, sencillamente, no está diseñado para soportar ese volumen de gente", dice a EL MUNDO esta ex funcionaria del Departamento de Inmigración, experta en casos de asilo. En la época en la que Hogan trabajaba para el Gobierno, en 2013, la media de detenidos en todo el país era de entre 20.000 y 25.000 personas al mismo tiempo, y ahora supera los 60.000. "Por eso las condiciones en muchas de estas instalaciones son realmente horrendas e inhumanas". En Fort Bliss, en El Paso, Texas, por ejemplo. Un grupo de activistas describió el centro como "un campo de concentración".

"Están deteniendo a cualquiera al que puedan echar el guante, básicamente, y eso incluye a gente con condiciones médicas muy serias, gente mayor", indica Hogan. "Estamos escuchando de parte de los abogados que a muchos de los detenidos no les dan su medicación y que hay mucha negligencia médica. Evidentemente mucha gente se está enfermando en esos centros y algunos pierden la vida".

El suicidio también es un factor muy presente en los recintos del ICE por el vuelco que da la vida de muchos de los detenidos, afirma la activista, alejados, de forma súbita, de una vida establecida en Estados Unidos durante décadas, con familia e hijos a los que dejan de ver de repente. "El sistema está diseñado para romper psicológicamente a la gente que detienen para que se rindan y pidan ser deportados de forma voluntaria, pese a tener casos de asilo en marcha", añade.

"Les hacen dormir en el suelo, no les dejan ducharse durante largos periodos de tiempo, sin mudas de ropa, con comida que a veces ni siquiera es comestible. Hay personas que no resisten esas condiciones y firman un documento para que los manden de vuelta a su país, o a un tercer país que ni siquiera es el suyo. Es un sistema que les está funcionando y estoy segura de que van a abrir más instalaciones en otras partes del país", explica.

Detrás de las torturas y las pésimas condiciones hay un negocio muy lucrativo. El 90% de las camas en centros del ICE están operadas por el sector privado con contratos multimillonarios con el Gobierno, con compañías detrás como el grupo GEO, con sede en Boca Ratón (Florida) y que tuvo como asesor a Tom Homan, el actual zar de la frontera de Trump. Diez de los 31 inmigrantes muertos en 2025 fallecieron en centros operados por GEO.

Una porción del pastel se la están llevando estados gobernados por republicanos. En Nebraska, la cárcel de mínima seguridad de McCook -conocida como Cornhusker Clink- es ahora un nuevo centro de detención de inmigrantes a cambio de una generosa cantidad. Jim Pillen, el gobernador, se mostró satisfecho con el contrato que ha firmado con el gobierno de Trump para recibir 2,4 millones de dólares mensuales por el uso del centro. De gastar 10,2 millones para rehabilitar convictos, en un programa que funcionaba con éxito, a ingresar 14,25 millones de dólares al año. "Sin consultarle a la comunidad, el gobernador lo ha convertido en un centro de máxima seguridad, con alambre de espino", indica Hogan.

La cifra de inmigrantes retenidos en los centros de ICE ascendía a 65.735 el 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con los datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés). De esos, el 73,6% no tiene condena penal alguna. Entre los que sí la tienen, hay muchos delitos menores, incluidas infracciones de tráfico. Los 70.000 millones de dólares destinados a ICE tras la aprobación de su nueva ley fiscal -la llamada One Big Beautiful Bill Act- deberían ayudar a Trump a mantener la intensidad de su campaña de persecución de inmigrantes. El recién estrenado 2026 podría ser peor que el año que acaba de terminar.