Guerrero: los financiadores del conflicto
Las movilizaciones de esta semana en la Ciudad de México dejaron una pregunta que va mucho más allá de los bloqueos, las marchas o los enfrentamientos con la autoridad. La interrogante que hoy persigue la Fiscalía General de la República es quién está detrás de la logística, el financiamiento y la operación de los grupos radicales vinculados a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La pregunta tomó fuerza después de que elementos de seguridad aseguraron 59 artefactos explosivos improvisados durante una revisión a un autobús procedente de Guerrero en la caseta de Tlalpan. Los dispositivos, elaborados con tubos de PVC, pólvora y mecanismos de activación retardada, estaban destinados presuntamente a ser utilizados durante las protestas realizadas en la capital del país. Sin embargo, los reportes de inteligencia señalan que la célula responsable habría ordenado la fabricación de hasta mil artefactos para distintas acciones de presión y movilización.
Dentro de los reportes aparece el nombre de Jesús García Estrada, alias “El Coquillo”, identificado como presidente del Comité de Lucha de Ayotzinapa y señalado como uno de los principales operadores encargados de coordinar la elaboración y distribución de estos dispositivos, relacionado con la retención de vehículos, robo de combustible y mercancías, actividades que históricamente han acompañado las acciones más radicales de algunos grupos normalistas.
Las investigaciones también apuntan hacia personajes externos a la estructura estudiantil. Uno de ellos es Juan Miguel Hernández Carbajal, conocido como “El Padrino” o “El Mamado”, señalado por distintas fuentes de mantener influencia sobre grupos radicales vinculados con Ayotzinapa. Su nombre aparece además relacionado con la conformación de la organización denominada “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, surgida tras diferencias con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos respecto al manejo de recursos obtenidos en la toma de casetas.
Fuentes cercanas al caso aseguran que las autoridades investigan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico que habrían permitido sostener estas estructuras de operación. Entre las líneas de investigación aparecen posibles vínculos con actores políticos de Guerrero, incluido el senador priista Manuel Añorve Baños, aspirante a la gubernatura de su estado, y aunque no existe acusación formal ni responsabilidad acreditada contra el legislador, su nombre forma parte de las investigaciones.
Por lo pronto, la FGR integra diversas carpetas de investigación para determinar responsabilidades en la fabricación, traslado y eventual utilización de los artefactos asegurados. La verdadera dimensión del caso no estará únicamente en saber quién transportó los explosivos, también en quién los financió, permitió su fabricación y se beneficia de mantener viva una estructura de presión que desde hace años opera bajo el amparo de una causa legítima, pero cada vez más alejada de ella.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
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