La Asamblea chavista aprueba por unanimidad la ley de amnistía a la medida de la revolución
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La Asamblea Nacional (AN), órgano legislativo del chavismo, ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía fabricada por la revolución para sí misma, a espaldas del país. La mayoría aplastante del grupo bolivariano dio su visto bueno a una ley llena de trampas y agujeros, pero que al menos supone la reapertura de las mazmorras del chavismo, donde permanecen al menos 700 presos políticos.
Eso sí, no todos ellos recuperarán la libertad, en especial los 185 militares y uniformados apresados desde tiempos de Hugo Chávez. Tampoco los acusados por el supuesto intento de atentado contra Nicolás Maduro de agosto de 2018, así como los detenidos de forma ilegal e injusta durante las persecuciones por los falsos delitos de odio, que han llevado a la cárcel por un meme antichavista o por una camiseta con demandas de libertad.
De momento, según el Foro Penal, ya fueron excarcelados 448 prisioneros políticos, los dos últimos hoy mismo: Maikelis Borges y su bebé de seis meses. La joven es pareja de un teniente rebelde en el exilio, por lo que fue encarcelada de forma injusta. Su niño nació en prisión. Meses después los agentes chavistas, para confirmar que la persecución también se aplica a familias enteras, detuvo y encarceló a las dos hermanas del militar, de 16 y 18 años. Ambas permanecen en prisión.
El grupúsculo de diputados ultramoderados, colaboracionistas o a sueldo del chavismo también dieron su conformidad a la ley, tal y como exigía Washington para su aprobación. Una nueva comisión, esas que tanto gustan al chavismo, analizará casos no contemplados por la amnistía.
La ley también deja en el limbo a los exiliados políticos, que deberán usar abogados o representantes para defender sus causas en los tribunales venezolanos. Una trampa dirigida principalmente contra líderes como María Corina Machado, Leopoldo López y Julio Borges, para quienes el gobierno mantiene acusaciones por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza".
"La dignidad no se subasta ante la farsa de la amnistía", reaccionó el exalcalde capitalino Antonio Ledezma desde su exilio de Madrid.
"Así como con una orden metieron a miles de inocentes presos, con una orden pueden soltarlos. No liberan a los presos políticos porque no les da la gana, no porque necesiten una ley. La ley es una excusa para ganar tiempo, distraer y manipular, como los criminales que son", concluyó Pedro Urruchurtu, canciller en la sombra de la oposición democrática venezolana.
La aprobación de la ley fake no ha conseguido que las mujeres que protestan frente al recinto carcelario de Zona 7 abandonen su lucha, pese a la debilidad provocada por varios días en huelga de hambre. Hasta que no vean libres a sus presos, continuarán en el campamento improvisado que se ha convertido en símbolo de libertad para los venezolanos.
"Nos alegraremos por cada persona beneficiada por una ley de amnistía, por más limitada y contradictoria que sea. Y seguiremos exigiendo la liberación plena del resto de los presos políticos. La lucha por la democracia, bienestar y derechos humanos de los venezolanos continuará, a pesar de todas las circunstancias", se comprometió Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.
Una vez aprobada la ley, un grupo de diputados se dirigió hasta el Palacio de Miraflores para hacerle entrega de la misma a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que estuvo escoltada por Diosdado Cabello, ministro de Interior y quien impuso el terrorismo de Estado desde julio de 2024.
"Con la ley se abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reconcilie, una nueva etapa y que sea con la máxima celeridad. Necesitamos la paz para Venezuela", aseguró Delcy, que se definió como una profesional del Derecho. Varios de los diputados que se hacen llamar opositores acudieron a Palacio y aplaudieron las palabras de la mandataria, pese a ser sabedores de que acababan de aprobar una ley-trampa.
"Si algo queda nuevamente confirmado es que quienes mantienen el poder de forma ilegítima y tutelada no garantizan una transición real, duradera y con justicia. Esta ley no promueve el retorno, la convivencia, la reconciliación y la no repetición. Mantiene condiciones de persecución y represión intactas y que pueden reactivarse con nuevas excusas", sintetizó la activista de derechos humanos Lexys Rendón.
