La "Ley Maduro": La involución democrática disfrazada de reforma
La reforma electoral que impulsa Morena —ya bautizada con precisión simbólica como “Ley Maduro”— no es una simple adecuación técnica del sistema electoral. Es, en realidad, el síntoma más nítido de un proyecto de concentración autoritaria del poder.
No está en juego una mejora procedimental: lo que se pretende es reconfigurar estructuralmente las reglas de la representación política para reducir el pluralismo y allanar el camino a mayorías artificiales, dóciles y permanentes.
Toda reforma electoral auténticamente democrática debe orientarse a ampliar derechos políticos, no a estrecharlos. Sin embargo lo que se vislumbra, es que el núcleo de esta iniciativa consiste en mutilar la representación proporcional bajo el argumento populista de que “nadie vota por los plurinominales” y de que “son un gasto innecesario”. Ambos enunciados son falsos.
Los diputados plurinominales existen precisamente porque cada voto cuenta, incluso cuando no alcanza para ganar un distrito. Son la traducción institucional del principio de proporcionalidad: millones de ciudadanas y ciudadanos que no forman parte de la mayoría también merecen estar representados en el Congreso. Negar esto es abrazar una lógica mayoritaria primitiva: el ganador se lo lleva todo y el resto desaparece.
Desde Veracruz, tierra de don Jesús Reyes Heroles —arquitecto de la reforma política de 1977 que abrió el sistema a la pluralidad y a la representación proporcional— esta regresión resulta doblemente ofensiva. Reyes Heroles entendió que la democracia no es unanimidad, sino conflicto institucionalizado; no es silencio, sino deliberación. Eliminar o vaciar de sentido la representación plurinominal equivale a traicionar ese legado y a sustituir el Congreso plural por un parlamento monocromático, funcional al poder en turno.
La dimensión simbólica del nombre “Ley Maduro” no es gratuita. Claudia Sheinbaum defendió públicamente al régimen venezolano y cuestionó incluso la captura de Nicolás Maduro, invocando la no intervención y la soberanía. Hoy se indigna porque a su reforma se le asocie con un modelo que ha vaciado de contenido a las elecciones y ha convertido la democracia en una coreografía autoritaria.
La incongruencia es evidente: se tolera el autoritarismo ajeno y se repudia que se le nombre cuando asoma en su casa. Afirmar que “aún no hay propuesta formal” mientras circulan borradores, lineamientos y discursos orientados a desmantelar contrapesos es una estrategia de anestesia política.
No es prudencia: es dilación. El proyecto es claro en su espíritu. Reduce curules, debilita a la oposición, recorta financiamiento, reconfigura órganos electorales. Todo en nombre de una supuesta “austeridad”, como si la democracia fuera un gasto prescindible y no una inversión civilizatoria.
El papel de Pablo Gómez en esta deriva es paradigmático. Quien combatió fraudes y autoritarismos en nombre de la izquierda hoy encabeza un diseño institucional que erosiona los mismos equilibrios que antes defendía. No se trata de una traición personal, sino de un fenómeno político más profundo: la mutación del disidente en operador del poder hegemónico. La sociología política lo ha descrito con crudeza: los sistemas dominantes no eliminan a sus críticos, los absorben.
Desde el Congreso de la Unión, el PRI, con el liderazgo de Alejandro Moreno; diputados y senadores daremos la batalla parlamentaria, armados con argumentos jurídicos, políticos, históricos y sociológicos; participaremos en este debate para exhibir el verdadero rostro de la iniciativa que presentarán. Por el contexto y la falta de vergüenza, se anticipa que no será una reforma, sino una involución.
México no necesita menos pluralidad, sino más deliberación; no necesita mayorías artificiales, sino instituciones que representen la complejidad social. Y cuando la representación se domestica, la ciudadanía deja de ser sujeto político para convertirse en espectadora de su propia exclusión.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
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