Los gritos del silencio: la ignominia política y diplomática internacional
Mientras hoy distintos gobiernos, analistas y opinadores internacionales pontifican sobre derecho internacional, legalidad y equilibrios políticos en Venezuela, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde estaban cuando miles de venezolanos fueron torturados, asesinados, desaparecidos o encarcelados por exigir libertad?
Durante años, Venezuela ha sido el escenario de una represión sistemática ejercida desde el poder. Jóvenes asesinados en manifestaciones pacíficas, niños, niñas, mujeres y hombres —civiles y militares— secuestrados por fuerzas de seguridad, detenidos arbitrariamente, sometidos a torturas físicas y psicológicas inimaginables en el siglo XXI y víctimas de agresiones sexuales. No fueron excesos aislados ni errores operativos. Fueron crímenes cometidos por órdenes directas dentro de una estructura estatal de represión que Nicolás Maduro encabezaba y que, además, se jactaba de su protagonismo.
Maduro no fue un actor distante de esta maquinaria. Como jefe del Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y responsable directo de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, asumió el control político y operativo de un sistema diseñado para perseguir sistemáticamente, castigar y destruir a quienes pensaran distinto y aplastar a una sociedad que ha luchado más de dos décadas por recuperar su democracia. Bajo su mando, la represión se convirtió en política de Estado y aplicó dicha política para mantenerse en el poder, aún habiendo perdido masivamente las elecciones en julio de 2024.
La persecución no se limitó a los disidentes. Familias enteras han sido convertidas en objetivo: madres, hijos, abuelas y abuelos detenidos, amenazados o torturados por el simple hecho de ser parientes de un perseguido político. Centros clandestinos de detención y tortura han funcionado como espacios de castigo y terror, donde ciudadanos venezolanos y extranjeros han sido victimas de crímenes de lesa humanidad. Presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, víctimas de condiciones inhumanas inducidas por una estructura criminal represiva. Decenas de jóvenes detenidos en cárceles del horror han tratado de quitarse la vida por las torturas físicas y psicológicas y la inducción de los custodios perversos a perder la esperanza de vivir.
Escribo esto no desde la especulación, sino desde la memoria documentada. Durante más de 25 años he recopilado testimonios directos del horror. Y en los años en que esta estructura criminal ha estado encabezada por Nicolás Maduro, los métodos de tortura no solo se han mantenido, sino que han evolucionado hacia formas cada vez más perversas, crueles y sádicas, con la participación de agentes extranjeros, incluidos enviados de la dictadura cubana que han introducido nuevas formas de torturar para que las víctimas digan lo que la tiranía quiere escuchar. Los oficiales y funcionarios cubanos han tomado con sus propias manos los interrogatorios, y por ello fueron acusados ante la CPI por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por el Instituto CASLA.
Pero este proyecto de dominación no se sostuvo solo con represión. Durante años, el chavismo utilizó la renta petrolera como combustible político para financiar su permanencia en el poder, construir redes de lealtad interna y proyectar propaganda ideológica a escala internacional. En lugar de invertir esos recursos extraordinarios en el bienestar social de los venezolanos, en infraestructura, servicios públicos, salud, educación o en la modernización del país, el dinero del petróleo fue destinado a corromper bases sociales, comprar voluntades, exportar un relato político y sostener alianzas externas. Mientras se regalaba petróleo a gobiernos aliados, Petróleos de Venezuela (PDVSA) era saqueada, desmantelada y finalmente destruida. El resultado fue un país sin electricidad estable, sin agua potable, sin servicios básicos y con una industria petrolera colapsada, pese a haber contado con una de las mayores riquezas energéticas del planeta.
Las consecuencias humanas de este modelo no son una abstracción estadística: son hambre, miseria y desarraigo masivo. Venezuela ha sido empujada deliberadamente a una pobreza extrema que obligó a millones a sobrevivir en condiciones infrahumanas. Ocho millones de venezolanos han huido del país, protagonizando uno de los mayores éxodos forzados del mundo contemporáneo. Dentro del país, generaciones enteras vieron desaparecer su futuro mientras los jerarcas del régimen acumulaban fortunas, propiedades y privilegios. El venezolano común fue reducido a la indigencia: salarios pulverizados, niños desnutridos, ancianos abandonados, familias rebuscando comida en la basura para no morir de hambre, y aun así, tras 26 años de destrucción progresiva y visible, la comunidad internacional cómplice y acomodaticia, esa que se rasga las vestiduras ahora, siguió mirando hacia otro lado, como si el colapso de una nación entera no fuera suficiente evidencia.
Los hechos que expongo no son desconocidos para esa comunidad internacional a la que refiero este escrito. Por ello existe una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Crímenes que, lejos de disminuir, se han multiplicado desde julio de 2024 contra una población que votó contra el régimen, denunció, protestó y se negó a guardar silencio.
Sin embargo, resulta imposible no señalar la hipocresía de quienes hoy se presentan como defensores del derecho internacional. ¿Dónde estaban cuando los venezolanos eran colgados, electrocutados, asfixiados, violados, enterrados, ahogados, azotados, golpeados y asesinados lentamente en centros de detención que siguen operando hoy día como verdaderos campos de concentración? ¿Dónde estaban y están las protestas globales, las condenas firmes y la presión real contra el terror cotidiano y sistemático?
El silencio también mata. La indiferencia internacional de quienes decidieron no entrometerse no fue neutral: fue funcional a la tiranía. Permitió que la represión, el saqueo y la miseria se normalizaran durante años. Pero la impunidad no es eterna.
La justicia internacional avanza, y cuando lo hace, no se detiene en un solo nombre. Hoy son Nicolás Maduro y Cilia Flores quienes concentran la atención. Mañana será el turno de ministros, fiscales, jueces, jefes de organismos de seguridad e inteligencia, ejecutores de órdenes y de todos aquellos que, con pleno conocimiento de los crímenes, firmaron, encubrieron o colaboraron para borrar la realidad. No se trata de venganza. Se trata de justicia. De rendir cuentas ante las víctimas, sus familias y una sociedad devastada por el terror.
Venezuela necesita verdad, justicia y responsabilidad. La estructura criminal que ha sometido al país deberá responder ante la ley. Porque ningún régimen que se sostuvo sobre la tortura, el hambre y el exilio forzado puede aspirar a la impunidad eterna, y ningún silencio internacional podrá absolverlo cuando la historia pase cuentas.
Tamara Suju Roa es abogada venezolana defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva del Instituto CASLA.
