México en el centro del tablero
SI ALGUIEN LE hubiera dicho a un industrial mexicano en 2017, cuando Donald Trump amenazaba con destruir el TLCAN, que ocho años después México sería el proveedor número uno de Estados Unidos con más de 15% de sus importaciones totales, probablemente no lo habría creído.
La revisión del T-MEC, que en los hechos ya inició el equipo de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, y las huestes de Jamieson Greer en la Oficina de Representación Comercial, no es una amenaza existencial para México. Es una negociación de poder entre socios que se necesitan mutuamente más de lo que cualquiera admite en público.
Los números lo dicen con claridad: en 2025, México exportó a Estados Unidos cerca de 578 mil millones de dólares.
El sector automotriz, golpeado por aranceles, cedió terreno, pero el vacío lo llenó algo inesperado: los servidores de Inteligencia Artificial (IA), cuyas exportaciones crecieron 60% en un año y ya superan a los vehículos en valor.
El nearshoring no es un eslogan: es infraestructura física que ya opera, ya genera empleos y ya exporta.
¿Qué implica esto para la inversión? Que la ventana sigue abierta, pero requiere lectura fina del entorno.
Los aranceles de la Sección 232 ya afectan 26% de las exportaciones mexicanas, unos 137 mil millones de dólares, en sectores como autos, acero, aluminio y cobre.
Pero hay una diferencia crucial entre México con T-MEC y México sin él: en autopartes, por ejemplo, el arancel es cero con el tratado y sube hasta 34% sin él.
Esa brecha es el valor real del T-MEC para cualquier empresa que evalúe dónde manufacturar.
El escenario base es un T-MEC que no se renueva formalmente este año, pero que sobrevive y se renegocia gradualmente hacia 2027.
Para los inversionistas eso significa inevitablemente incertidumbre de corto plazo, pero fundamentos sólidos de mediano plazo.
¿Dónde están las oportunidades reales? En la regionalización de insumos. México importa hoy los componentes clave de sus servidores casi en su totalidad de Asia.
Construir proveeduría norteamericana en semiconductores, conectores y memorias es la agenda que satisface simultáneamente las exigencias políticas de Washington y la necesidad mexicana de subir en la cadena de valor.
Las empresas que lleguen primero a ese espacio, con capacidad técnica, acceso a financiamiento y relaciones con los grandes ensambladores, se van a encontrar bien posicionadas para la próxima década.
El T-MEC se va a renovar. No porque los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Mark Carney lo quieran, sino porque Estados Unidos también lo necesita.
La pregunta para México no es si vamos a estar en el mapa del comercio norteamericano. La pregunta es si vamos a llegar a esa renovación como un socio con agenda propia, o como un país que reacciona a la de los demás.
Esa diferencia, en política comercial como en negocios, lo es todo.
UNO DE LOS principales despachos que atiende al gigante tecnológico Google en México ha sido la firma González Calvillo, que durante varias décadas no tuvo ninguna alianza con otro bufete, hasta que en 2024 se fusionó con la firma española internacional Pérez Llorca Abogados. Dentro de la cuenta del coloso, que comanda Sundar Pichai, sobresale un monto importante, derivado de la facturación que ha costado el litigio que sostiene desde hace tiempo con el litigante Ulrich Richter. Nada más llevan 12 años en pleito y, por ello, haciendo la caja registradora sonar, por lo que sin duda son varios millones de dólares gastados.
Recientemente, se supo de la separación de Pérez Llorca de unos de sus principales litigantes, Edgar Alejandro Grajeda, responsable del juicio. Se llevó ni más ni menos que el comentado juicio a su nueva firma, ubicada en la colonia Juárez. Así que dicho litigio ha sido un buen ingreso para los bufetes, pues se habla de más de 10 millones de dólares ya pagados y lo que falta. Sólo hablamos de ese despacho, que no es el único que ha intervenido, porque también ha participado ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el de Luisa Conesa y otros más.
CLAUDIA SHEINBAUM CONFIRMÓ que Roberto Lazzeri recibió el beneplácito del gobierno de Estados Unidos para asumir como embajador de México, con salida prevista en las próximas semanas. El nombramiento cierra un proceso diplomático que, más allá de la formalidad, define el perfil con el que nuestro país buscará interlocución con su principal socio comercial. Lazzeri no proviene del servicio exterior, sino del ámbito financiero y de la estructura hacendaria, lo que marca un énfasis técnico en la relación bilateral. Su trayectoria en deuda pública, banca de desarrollo y coordinación en Hacienda desde los tiempos de Rogelio Ramírez de la O, apunta a un enfoque centrado en finanzas y comercio.
El relevo de Esteban Moctezuma se da en un momento previo a la revisión del T-MEC y con tensiones abiertas en seguridad y migración. La designación redefine el tipo de interlocución frente a Washington, más que un perfil político, se opta por uno con experiencia en ingeniería financiera y gestión institucional.
EL SECRETARIO DE Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, está en México, justo en un momento donde la relación bilateral en seguridad está marcada por exigencias cruzadas. Su llegada a Palacio Nacional se dio en medio de la presión de Washington para que el gobierno de la 4T actúe contra funcionarios presuntamente vinculados al crimen organizado. La negativa a realizar detenciones sin pruebas introduce un choque directo en los criterios de cooperación. Al mismo tiempo, México responde con la exigencia de mayor acción de Estados Unidos contra el consumo de drogas, el tráfico de armas y la operación de grupos criminales en su territorio. La relación se mueve así en una lógica de condicionamientos mutuos, más que de una coordinación plena. La visita, la primera de Mullin en el cargo, marca un punto de contacto en medio de ese desacuerdo.
LA COMISIÓN REGULADORA de Telecomunicaciones (CRT) está trasladando la obligación de vincular todas las líneas telefónicas a una persona, antes del 30 de junio, a las compañías móviles. Las coloca como ejecutoras directas de una política que no diseñaron. El esquema busca asociar cada número a una persona para prevenir fraudes, pero en la práctica traslada toda la operación, es decir: registro, validación y comunicación a los operadores. Son las empresas las que deben enviar mensajes, depurar bases de datos y enfrentar a usuarios que en muchos casos ya están registrados desde la contratación.
Esto reduce el problema real a un segmento acotado, pero no evita que la presión se aplique de forma masiva. Las huestes Norma Solano están fijando reglas y plazos, mientras la interacción directa y el desgaste quedan del lado privado. El riesgo es que si la línea no se vincula, el servicio se suspende, pero el costo reputacional recae en la compañía. El discurso oficial apunta a seguridad, pero la ejecución evidencia un traslado de responsabilidades, siendo que una decisión pública termina convertida en carga operativa para la industria.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
MAAZ
